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MADRID (EP). La Plataforma CAM ha solicitado a la Audiencia Nacional que imponga una fianza de 4,42 millones de euros a los antiguos gestores de Caja Mediterráneo (CAM) para cubrir las pérdidas sufridas por 300 afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada, según la querella presentada este martes.

La querella acusa a los antiguos gestores de la CAM de estafar a más de 55.000 clientes con una venta "planificada y sistemática" de estos productos utilizando la información "falsa" de que "podían retirar sus inversiones en todo momento" y de que la entidad tenía beneficios, cuando al cierre de 2011 registró unas pérdidas de 2.700 millones de euros.

El abogado Diego de Ramón, representante de los afectados, solicita a la Audiencia Nacional que, en caso de que no depositen la fianza, dicte embargos sobre los bienes de una decena de antiguos gestores de la caja alicantina, así como a las compañías de seguros contratadas por la entidad.

Entre ellos, piden la comparecencia de la última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a su antecesor en el cargo, Roberto López Abad, y del expresidente de la caja alicantina Modesto Crespo.

En noviembre de 2011, el entonces titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, admitió a trámite la denuncia presentada por De Ramón y abrió diligencias de investigación en las que participa la Fiscalía Anticorrupción.

EMBARGOS DE DEPÓSITOS EN PARÍSOS FISCALES

Por otro lado, los afectados piden al juez que embargue los depósitos constituidos por la CAM en las sociedades domiciliadas en las Islas Caimán, así como las participaciones empresariales en más de 100 sociedades en Ginebra, Luxemburgo, Gibraltar, Polonia, México, Marruecos.

Además, el abogado pide la paralización de los depósitos que tiene la caja alicantina en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y los fijados como garantía de varios préstamos en la entidad financiera Citigroup.

Por otro lado, los querellantes solicitan el embargo a Banco CAM, resultante de la compra de la caja alicantina por parte de Banco Sabadell, de los derechos de cobro de las deudas hipotecarias y las participaciones de las sociedades que componen su patrimonio y activos financieros existente.

DOCUMENTACIÓN A LOS SUPERVISORES

Los afectados piden a la Audiencia Nacional que reclame toda la documentación sobre las actuaciones sobre la CAM llevadas a cabo por los servicios de inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Servicio Especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La querella pide que se investigue la falsedad en las cuentas anuales de balances de activos y pasivos, una información que se utilizó para "dar la seguridad financiera" de que la entidad "daba beneficios para poder emitir los productos de inversión" vendidos a los clientes.