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VALENCIA. La Generalitat Valenciana se enfrenta este martes a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que puede ser decisivo para su devenir más inmediato. El cierre del año pasado y las previsiones de déficit para el próximo ejercicio están sobre la mesa que reúne al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los consejeros de Economía y Hacienda de todas las comunidades autónomas. Pero hay un punto más relevante que el repaso a las cuentas y a lo aplicados que sean los ejecutivos regionales a los objetivos de recorte de las desviaciones presupuestarias: el mecanismo de acceso al crédito firmado por el Gobierno para que las Administraciones locales y autonómicas puedan pagar a los proveedores.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado una macroperación con todo las entidades financieras españolas para financiar el pago de las facturas pendientes. 35.000 millones de euros de los que 20.000 millones van a los ayuntamientos y el resto, 15.000 millones, a las autonomías. Un crédito a 10 años con dos de carencia que aliviará la falta de acceso al crédito de las Admisitraciones locales y regionales. Lo que está pendiente de saber, y es lo que los consellers valencianos de Economía y Hacienda, Máximo Buch y José Manuel Vela, deberán traerse de Madrid, son tanto las condiciones exactas del acuerdo pero sobre todo la cantidad que corresponde a la Generalitat de ese conjunto.

El Consell estima que debe a los proveedores unos 2.500 millones de euros, con cuentas por pagar desde hace más de un año. Difícilmente logrará la totalidad de esa cantidad de la nueva línea de crédito. Si se atiende al tradicional peso en el PIB de la economía valenciana en el conjunto, a la Generalitat le tocarían unos 1.500 millones. Una cifra insuficiente pero en todo caso importante para calmar siquiera temporalmente a las empresas que sufren los impagos. Cualquier cantidad que exceda de esa cifra estimativa debería ser considerada un éxito, de igual forma que un importe menor sería un fracaso. El término medio es muy estrecho.

En todo caso, el dinero no llegará hasta el próximo 1 de mayo, según señaló este lunes el ministro de Hacienda, con lo que a la Generalitat le quedan dos meses por delante en los que tendrá que calmar a los proveedores que esperan que el dinero llegue a la caja del Gobierno valenciano para cobrar.

De momento, el aviso ya le llegó a las autonomías de boca de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: "Ya no habrá excusa para no pagar a los proveedores". Un mensaje en el que abundó el ministro Montoro este lunes: "Tengo que pedir a los que tienen que ser más transparentes en el pago a proveedores que tienen que estar más comprometidos con la corrección de su déficit público.

OBJETIVOS ‘INFLEXIBLES' DEL DÉFICIT

A juicio del responsable de la cartera de Hacienda, la solvencia tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos está "en la transparencia de las cuentas y en la anulación de esa cola de proveedores y no en relajar más o menos y en discutir más o menos el objetivo del déficit, que debe ser objetivo común".

Las dificultades por las que atraviesan tantas administraciones públicas no han ‘ablandado' el corazón del Gobierno. "No vamos a abandonar a nadie, pero que nadie entienda que eso significa que eso va a suponer una flexibilización de los criterios de déficit", dijo Montoro.

"A ninguna comunidad autónoma le conviene perdir una flexibilización del déficitn en el CPFF", advirtió ayer Montoro. La Comunitat Valenciana llega a este encuentro clave después de cerrar 2011 con una desviación en las cuentas de 3.642 millones de euros, el 3,68% del PIB, frente al límite del 1,4% que estaba marcado. Un incumplimiento previsto pero que, para el presente ejercicio, el Gobierno central quiere limitar.

El ministro de Hacienda reiteró ayer que planteará a las comunidades autónomas un objetivo global de déficit del 1,5% para poder cumplir con la nueva senda de consolidación fiscal, que marca ahora un déficit público del 5,8% para este año. Un ajuste muy estricto para los valencianos, especialmente después de comprobar que el año pasado se consolidó un desfase entre los ingresos y los gastos que se ha convertido en estructural tanto porque el gasto ordinario tiene un límite en su recorte sin afectar a servicios básicos y por otro porque los ingresos fiscales caen de forma "estrepitosa", según reconoció el propio Vela. El descenso de la actividad económica ha lastrado de tal manera la recaudación por IRPF, IVA y actos jurídicos documentados, que malamente se podrán recuperar a corto o medio plazo. Hoy toca examen.