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VALENCIA (VP/EFE). Les Corts Valencianes han aprobado, con los únicos votos a favor del PP, la ley de medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación de empleo, que supone una modificación de la normativa urbanística que permitirá simplificar la tramitación urbanística.

La oposición ha votado en contra de la ley en una sesión plenaria en la que se han debatido las 52 enmiendas pendientes, de las que se han aceptado dos enmiendas transaccionales y una técnica del PSPV-PSOE, que no modifica sustancialmente el contenido de esta ley.

Esta norma, que parte de un decreto ley aprobado por el Consell, modifica leyes como la de Suelo No Urbanizable o la de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, así como el régimen jurídico de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (VAERSA).

Estas modificaciones establecen un nuevo procedimiento de urgencia para tramitar la implantación de actividades productivas en suelo no urbanizable, que reduce los plazos a la mitad, estableciendo tres meses como máximo para obtener la declaración de interés comunitario.

Para reducir la burocracia urbanística, se suprime el concierto previo para la tramitación de planes generales; también se elimina la obligación de publicar los planes urbanísticos en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, siendo suficiente la publicación en el Boletín de la Provincia, y se limita el contenido de la publicación al acuerdo de aprobación y la normativa.

Además, la caducidad de PAI por incumplimiento de plazos de ejecución, establecidos en un máximo de tres años, no producirá automáticamente la desclasificación del suelo, salvo que así lo decida expresamente el Ayuntamiento.

Esta medida, que tendrá validez hasta fin de 2012, fecha que podrá ser prorrogada, permitirá que los Ayuntamientos puedan decidir entre mantener la clasificación del suelo como urbanizable, de modo que una vez mejore la actual situación de crisis puedan volver a poner en marcha sus proyectos urbanísticos, o desclasificar el suelo y devolverlo a su situación de origen.

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, en los pasillos de Les Corts, ha defendido que la finalidad "básica" de esta ley es agilizar el trámite del planeamiento urbanístico e impulsar la creación de empleo "reduciendo trámites burocráticos en temas administrativos".

El diputado del PSPV-PSOE Adolf Sanmartín ha acusado al Gobierno valenciano de utilizar la crisis económica como "excusa" para modificar "de tapadillo" las actuales normas urbanísticas, lo que a su juicio va a provocar "más caos normativo y mayor inseguridad jurídica".

Sanmartín también ha criticado la modificación del régimen jurídico de VAERSA que le permite "huir" del control de la Intervención General de la Generalitat y así poder introducir "opacidad y discrecionalidad" además de facilitar el que se puedan "amañar" la concesión de contratos y la contratación discrecional.

El diputado del PP José Marí Olano ha sostenido que la contratación en VAERSA se hace conforme a ley y con el mismo sistema que se aplican en sociedades estatales como TRAGSA, ante lo que el socialista le ha recordado que ésta no tiene sentencias que concluyen que hay personal con contratos temporales que están realizando "labores de funcionariado".

Marí Olano ha insistido en que esta ley "ayuda a simplificar los trámites administrativos sin eliminar ninguna garantía" y ha defendido la suspensión de la caducidad de los PAI hasta 2012 porque hay que tratar de ayudar "en la medida de lo posible" a las empresas constructoras que se encuentran en situación de "precariedad financiera".

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha incidido en que esta ley elimina "elementos garantistas" y pretende "lavar la cara a los elementos especulativos" que contaron con el apoyo del Consell y que a su juicio son los causantes de que las cajas de ahorro valencianas "se hayan perdido", ya que dejaron su razón social para centrarse en la construcción.

El parlamentario de EU Lluís Torró ha criticado que la "crisis económica" sirva para justificar "cualquier cosa" y ha propuesto cambiar el nombre de la ley por el de "medidas para conservar el modelo urbanístico insostenible y derrochador y para el endeudamiento descontrolado del Consell y la gestión opaca"