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VALENCIA. Son catorce días con sus noches para cerrar el ingente volumen de asuntos que las dos cajas de ahorro, junto con sus cinco socios menores, deben acordar para unir sus destinos  de momento sólo en lo financiero. Un trabajo que están desarrollando en sesiones maratonianas tanto en Madrid como en Valencia tres directivos por cada una de ellas, como ya adelantara este diario (los dos presidentes, los dos directores generales y los directores financieros).

Las negociaciones están avanzando en el más absoluto de los secretos como corresponde a este tipo de acuerdos ya que no es cuestión de discutir en la tribuna pública detalles sobre los que las entidades guardan tradicionalmente la confidencialidad debida. No obstante y sin que ello represente cuestionamiento alguno -que por otra parte sería legítimo- sobre la capacidad técnica de los negociadores así como sobre su voluntad de defender los intereses generales valencianos, produce cierta sensación de vértigo el hecho de que cuestiones tan relevantes que afectan a una institución semipública, trascendental para la vida económica de la Comunidad Valenciana, como es Bancaja, estén transcurriendo sin la más mínima supervisión por los órganos obligados legal y jurídicamente encargados de ello. Nos referimos naturalmente a los órganos internos de la caja, su consejo de administración y comisiones de control, y a los externos, La Generalitat vía Conselleria de Economía y Hacienda y el Instituto Valenciano de Finanzas.

Al margen de la sede operativa y de las ventajas adheridas que su ubicación en Madrid conlleva para la otra parte negociadora, restan suficientes asuntos y de suficiente importancia que habrían merecido atención y sobre todo mayor apoyo por parte de la Administración autonómica hacia los negociadores valencianos.

Claro que quien no estuvo (ni se le esperaba) durante los momentos claves de la  trascendental decisión de fusión por motivos cuya descripción excedería este espacio y que ya han sido suficientemente explicados, tampoco puede ahora participar en un proceso cuyas circunstancias han superado cualquier ámbito regional. No es el mejor de los escenarios posibles el que la otra parte sepa que éste es el apoyo que se les presta a los negociadores, cuando ellos cuentan con importantes valedores en la Villa y Corte. Y de todos los colores políticos.

Sólo resta confiar en la habilidad y entereza de los negociadores locales y en el sentido común que debe presidir acuerdos como los que se están entrelazando entre madrileños y valencianos, pero sirva este comentario para poner de relieve la incapacidad manifiesta de unas instituciones y unos políticos que han hecho evidente dejación de funciones y rehuido las responsabilidades inherentes a la confianza en ellos depositada por los electores. Dificilmente serán merecedores de ver renovada esa confianza por una sociedad, la valenciana, que ha perdido sus dos principales entidades financieras sin señal visible de resistencia lógica.