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VALENCIA (EFE). La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), que representan alrededor del 1% de su capital, han presentado una querella contra los exmiembros del consejo de administración de la entidad, intervenida por el Banco de España desde noviembre de 2011.

La querella cuenta con la adhesión de 137 accionistas pero el abogado de este colectivo, Diego Muñoz-Cobo, confía en alcanzar una representación de entre 4 y 5 millones de acciones, lo que supondría el 2% del capital del banco.

La denuncia atribuye a los denunciados el delito de formulación de cuentas falsas con el tipo agravado por causar daños a multitud de personas y el de administración desleal, ambos recogidos en los artículos 290 y 295 del Código Penal, según ha explicado a Efe Muñoz-Cobo.

Está dirigida a los exmiembros del consejo de administración del banco -15 personas- y otros órganos de dirección, como la comisión ejecutiva, la de nombramientos y retribuciones y el comité de auditoría y cumplimiento.

Entre ellos se encuentra José Luis Olivas, en representación de Bancaja -que poseía el 39 % del Banco de Valencia-, Antonio Tirado, Domingo Parra, Celestino Aznar y Agnés Noguera, así como el representante de Deloitte.

En la querella se argumenta que el valor neto contable de la acción se fue reduciendo desde los 2,88 euros por acción que valía a 31 de diciembre de 2009 a los 2,66 euros a la misma fecha de 2010 y a los 0,75 euros a 31 de diciembre de 2011, y se considera que el agujero es "tan enorme" que es "imposible" que no lo supieran, según el abogado.

La intervención de España intervino la entidad valenciana al conocerse unas necesidades de provisiones de 562 millones de euros a 31 de marzo de 2011.

Según Muñoz-Cobo, hay tres compañías de seguros que pueden responder si estos delitos se confirman, dos de ellas de responsabilidad civil de los consejeros y otra de la auditora Deloitte.