Los ingresos declarados por los microempresarios valencianos que facturan menos de 450.000 euros anuales se movieron también en el umbral del mileurismo, situándose en una media anual de 11.980 euros

-Las rentas salariales y empresariales, por comunidades

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MADRID (VP). Los trabajadores y pensionistas valencianos declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 4.972 euros más que los profesionales y los pequeños y medianos empresarios, y alrededor de 5.005 euros más si se compara con los ingresos de los microempresarios (albañiles, fontaneros, etc.), según la II edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de la última estadística del IRPF-2008, declarado en junio de 2009.

La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas donde la brecha fiscal entre ambos colectivos está por debajo de la media nacional; en España, los empleados declaran un promedio de 7.200 euros más que los pequeños empresarios y 7.665 euros más que los microempresarios.

El estudio -que evidencia una clara "brecha" entre las rentas netas declaradas por trabajadores y empresarios en la Comunidad Valenciana- muestra que los asalariados y pensionistas de esta comunidad declararon el pasado año 16.985 euros de media, lo que supone un 41,4% más que los pequeños y medianos empresarios y los profesionales liberales que tributan en estimación directa. De hecho, estos últimos se reconocieron, curiosamente, como "mileuristas" al declarar unos rendimientos medios de 12.013 euros.

¿Acaso es más rentable ser trabajador que empresario?

Según Gestha, el sentido común "hace saltar las alarmas" a la hora de analizar estas cifras ya que, comparando los ingresos declarados por empresarios y trabajadores, resultaría a primera vista "mucho más rentable" ser trabajador o pensionista antes que notario, arquitecto, abogado o médico, por citar algunos ejemplos ilustrativos.

Además, si se comparan las estadísticas nacionales del IRPF correspondientes a 2008 con las de 1993, se observa que el diferencial entre las rentas declaradas por ambos colectivos se ha ido agrandando en estos últimos quince años, hasta el punto de multiplicarse por cinco si se confrontan los ingresos tributados por los asalariados/pensionistas con los de los profesionales y pequeños y medianos empresarios, o por tres si se comparan con los declarados por los microempresarios.

La Comunidad Valenciana, por debajo de la media nacional

Por comunidades autónomas, los datos de Gestha muestran que las mayores diferencias entre las rentas declaradas por asalariados/pensionistas y los profesionales y empresarios en estimación directa se localizan en la Comunidad de Madrid (9.788 euros), Asturias (8.912), Galicia (7.702), Cataluña (7.554), Cantabria (7.285), Castilla-La Mancha (7.086 euros), Andalucía (6.764 euros), Castilla y León (6.265 euros) y Baleares (6.222 euros). Por el contrario, las regiones donde estas diferencias son menos acentuadas son La Rioja (3.871 euros), Aragón (4.096 euros), Canarias (4.469 euros), Extremadura (4.909 euros), Comunidad Valenciana (4.972 euros) y Murcia (5.240 euros).

Si se comparan los ingresos netos declarados por trabajadores y microempresarios, el mayor diferencial se aprecia también en la Comunidad de Madrid (14.128 euros), seguida de Cataluña (9.838 euros), Asturias (7.904 euros), Aragón (7.362 euros), Cantabria (7.050 euros) y Baleares (6.033 euros). En el extremo contrario, se sitúan Extremadura (3.295), Murcia (4.450) y La Rioja (5.000), Comunidad Valenciana (5.005 euros) Galicia (5.090 euros), Castilla-La Mancha (5.390 euros) y Andalucía (5.381 euros), Canarias (5.526 euros) y Castilla y León (5.598 euros), con las menores diferencias.

Una "brecha" sustentada en el fraude

En opinión de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, la explicación a este comportamiento tan dispar entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios (bien sea por estimación directa o por módulos) reside en los altos niveles de fraude fiscal que viene arrastrando España en estos últimos años, donde la bolsa de dinero negro crece ininterrumpidamente. La economía sumergida en nuestro país aumentó en 25.000 millones entre 2000 y 2009, alcanzando actualmente los 245.000 millones, lo que representa el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, donde el índice de evasión ronda el 13%.

Según este colectivo, estas cifras evidencian, una vez más, que la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en el control de las rentas del trabajo y las microempresas en lugar de inspeccionar algunas de las principales bolsas de fraude como las que representan los profesionales liberales y las grandes empresas, que frecuentemente hacen ventas sin IVA, pasan los gastos personales como gastos de la sociedad, o en demasiadas ocasiones "manejan" facturas falsas para contabilizarlas como gasto y poder deducirse un IVA no generado por el desarrollo de su actividad.

La lucha contra el fraude, la alternativa más eficaz

Analizados los datos anteriores, y como alternativa al endurecimiento de las pensiones o a los recortes sociales, laborales y a las subidas aprobadas de impuestos a mileuristas y a las clases medias, Gestha propone que el Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria dirijan sus investigaciones de lo más fácil -los declarantes, pymes y autónomos- hacia las grandes fortunas y el control de las subvenciones y del gasto público.

En este sentido, aboga por la elaboración de estudios plurianuales de economía sumergida desagregados por territorios, sectores e impuestos, para calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente. Con ello, el Parlamento podría fijar objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y en las subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anunalmente los resultados de la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado.

Asimismo, Gestha propone otras iniciativas como el Consorcio o la colaboración efectiva entre Administraciones tributarias estatal, autonómicas y locales, la creación de una base de datos tributaria compartida entre ellas, así como la adopción de medidas fiscales sobre la tributación de pymes y autónomos, los contribuyentes y las sociedades con ingresos muy altos, Sicavs y ganancias patrimoniales especulativas con las que se mejoraría la prevención del fraude.