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VALENCIA (EP). La jueza que investiga un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas fundaciones está preguntando a las personas a las que ya ha comenzado a tomar declaración --hay 14 detenidos hasta el momento-- por diferentes contratos y documentos, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

En total, agentes de la Policía Nacional desplazados desde Madrid detuvieron este jueves a 14 personas en Valencia y en Torrevieja (Alicante), quienes tras prestar declaración ante estos efectivos policiales pasaron la noche en el calabozo de la Comisaría.

Esta mañana, a partir de las 10.30 horas, los detenidos han ido compareciendo ante la titular del juzgado número 21 de Valencia, que lleva el caso, sobre el que pesa secreto, que tendrá que determinar su situación procesal. El primero en pasar a disposición judicial ha sido el presidente de Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, cuya declaración se ha prolongado durante más de cuatro horas. Posteriormente, estaba citada la presidenta de ASA de África, Christine Bernadette.

Darder ha tenido que justificar ante la jueza diferentes contratos y documentos, y ha explicado el funcionamiento de su fundación y sus relaciones con la Generalitat valenciana, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Ante la prolongación de las declaraciones, no se descarta que la jueza cite a los detenidos restantes a lo largo de este sábado y del domingo, puesto que no pueden estar retenidos más de 72 horas. En este caso en concreto se da la circunstancia de que este órgano judicial permanecerá de guardia este fin de semana.

Junto a Darder y a Bernadette, tienen que prestar declaración ante la jueza el director general de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, que anteriormente dependía del departamento de Solidaridad, dirigido por el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco. A Felip se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

Asimismo, deben comparecer responsables de diversas ONG como el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masia y su hermano César Augusto; el presidente de Fudersa, Rafael Barrera; Marc Llinares Picó, destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Conselleria de Hacienda y anteriormente a las órdenes de Felip en el área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad; Fernando Cañete Marco, presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero Augusto César Tauroni.

Igualmente en la causa figura como imputado el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, que anteriormente ocupó este mismo cargo primero en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía y más tarde en la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, dirigidas por el exconseller Rafael Blasco.
LA INVESTIGACIÓN

El origen de este causa se remonta a octubre de 2010, cuando se presentaron ante Fiscalía dos denuncias, una de ellas por parte de la diputada del PSPV Clara Tirado, y otra de la diputada de Compromís Mireia Moia. En la primera se denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.

En la segunda denuncia se afirmaba que la conselleria de Blasco también favoreció a la Fundación Entre Pueblos --ahora Hemisferio--. Según indicó en ese momento Mollà, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, se destinó a empresas que creó la fundación. Ahora se están investigando estos extremos.