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VALENCIA. No atravesamos un buen momento los valencianos. Más exactamente, no lo están haciendo quienes nos gobiernan aunque sus torpezas afecten a la imagen que todos nosotros ofrecemos tanto al resto de España como al extranjero. Los desproporcionados modos de reprimir las manifestaciones de los estudiantes durante los últimos días por parte de la Policía con una evidente falta de profesionalidad en esa tarea solo ha sido el remate de una larga ristra de insensateces.

Tras una década afirmando que nos encontrábamos a la cabeza de todo (lo bueno), en 2011 vimos desaparecer a las dos entidades financieras cuya imagen corporativa había dominado la geografía de la Comunidad durante décadas. Y estos días desaparece la tercera. En los tres casos, a la imprudente gestión se ha sumado la falta de capacidad de influencia de unos dirigentes políticos que parecen haber descubierto ahora qué es el capitalismo y cómo se dirimen dentro de él los intereses entre grupos contrapuestos.

No ha acabado todavía esta penosa historia. A la publicación de sueldos de escándalo de los que ningún mérito demuestran para recibirlo, se añade el enfrentamiento abierto entre dos partes de lo mismo -consejo de Bancaja- que nada bueno puede dar como resultado.

Por si fuera poco, día tras día el nuevo equipo de Rajoy pone como ejemplo del buen gobierno exactamente lo contrario de lo que ha venido haciendo el PP en la Comunidad Valenciana hasta el pasado mayo en su gestión de la Generalitat, en suspensión de pagos sólo salvada por un fraude de ley ya que la ayuda estatal no está contemplada en las leyes, y también en los principales ayuntamientos a los que les ha concedido una injustificada prórroga para pagar su deuda. Patético final, por lo triste, de una gestión que se declaraba firme partidaria del libre mercado y ha sido salvada de la quiebra por la banca pública y un trato de favor desde la Administración del Estado.

Como las desgracias nunca vienen solas, a esta saga de episodios que ha convertido en sinónimo de imposible cualquier intento de cobrar de la Administración pública en la Comunidad, se vienen sumando últimamente declaraciones nada afortunadas. Por ejemplo, las de Rita Barberá contra la multimacional Iberdrola como si cuando los vecinos se retrasan en el pago de sus obligaciones municipales, el Ayuntamiento suspendiera la vía ejecutiva para el cobro de las deudas. O como si la causa directa de tales impagos no fueran el exceso y derroche de gasto en faraónicas luminarias denunciadas desde hace años por oposición y medios de comunicación.

Son, en definitiva, excusas de mal pagador como las de los últimos consellers de Economía, Vicente Rambla y Gerardo Camps, atribuyendo todos los males financieros de la Generalitat a un sistema de financiación autonómica que ni el PP ni ellos mismos supieron o quisieron cambiar. O son también, esas afirmaciones de los actuales responsables de la Generalitat pretendiendo la existencia de una campaña orquestada para potenciar la mala imagen de la comunidad omitiendo la sucesión de informaciones por escándalos de corrupción que han oculatado la fortaleza de las empresas valencianas y los logros de sus emprendedores.

Para rematar tan impresentable retrato de un país que no se lo merece, la flagrante torpeza en las últimas horas de la delegada del gobierno Paula Sánchez de León ha permitido a la imagen de Valencia dar la vuelta al mundo. Y en modo alguno para ser admirada, sino todo lo contrario. Es obvio que en democracia la calle es de todos y no puede ser apropiada por un grupo, sean adultos o menores. Pero que realice semejante actuación un Gobierno que no cumple la ley que le obliga a pagar las deudas en plazo y que ni siquiera puede asegurar la calefacción en los centros de enseñanza por falta de recursos, es una necedad.

Ese uso desproporcionado de la fuerza contra adolescentes es una invitación para que los antisistema del continente europeo vengan a Valencia a 'disfrutar' de su nuevo 'emblema' como ciudad de represión. Y peor que esto: es lo último que faltaba para completar el desafortunado papel que bastantes de nuestros gobernantes nos están obligando a representar. Aunque sea como convidados de piedra a los que, sin embargo, su actuación perjudica. Y muy seriamente.