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MADRID. No parece que Rodrigo Rato fuera consciente del gigantesco problema que estaba generando cuando en 1998 decidiera "congelar" las tarifas eléctricas al margen de los costes reales de la energía. La diferencia se transformaba así en "deuda" del Estado para con las empresas eléctricas, como fórmula para luchar contra la inflación y anotarse un punto político de innegables repercusiones electorales.

Hoy, esa decisión del entonces vicepresidente económico representa un "déficit de tarifa" que supera los 24.000 millones de euros. Es esta la cifra que los consumidores debemos a las compañías eléctricas, que han soportado hasta ahora los costes de aquella decisión política y que deberemos pagar, tarde o temprano, en una cantidad que al día de hoy equivale a año y medio de facturación por cliente. Dicho de otra forma: la deuda contraída a consecuencia del sistema provocado por las subvenciones de las renovables se acerca ya al 3% del PIB. Toda una gracia.

Puede que Rato no fuera capaz de prever ni la evolución ni el peso que iban a representar las energías renovables en España, ni las suculentas primas que una parte de este tipo de energía -las solares muy particularmente- iba a recibir por su implantación y desarrollo.

Hoy sería impensable (?) que el ministro de Economía congelara el precio de los carburantes de automoción en nombre de una competitividad mal entendida y que cargara sobre la cuenta de resultados de Repsol y demás petroleras el coste de dicha medida anti inflacionista. Hoy no sería posible, pero hace trece años lo fue, de forma que ese gigantesco problema se ha convertido en el principal elemento de discordia de cara a una futura y necesaria reforma del sector eléctrico.

Rajoy dio el banderazo de salida cuando anunció la reforma en su discurso de investidura, como un año antes lo había hecho Rodríguez Zapatero. Es una de las asignaturas pendientes. Desde ese momento, todas las partes involucradas se aprestan a dar la batalla en defensa de sus preferencias y sus derechos.

Como elemento protagonista, la muy costosa política de primas, a cuyo calor han crecido las energías solares -fotovoltaicas y termoeléctricas- y han engordado las cuentas de resultados de numerosos inversores financieros con un producto altamente rentable, como son los huertos solares, y de tres reconocidas empresas que supieron ver en las primas o subvenciones una fuente de ingresos inimaginable: ACS, Abengoa y Acciona. La conocida como triple A, que se ha adueñado de una tecnología inmadura como la termosolar, en fase experimental, pero que les está reportando pingües beneficios, aunque para ello deban quemar gasoil por las noches para producir electricidad 24 horas al día.

El gobierno establecía, como aperitivo de la reforma, una moratoria a las primas para un limitado número de proyectos en fase germinal, que según las estimaciones supondrá un ahorro de 160 millones de euros. Irrelevante del todo punto la cantidad frente a un agujero negro de 24.000 millones de euros, a los que se sumaran, si nadie pone remedio y se construyen las instalaciones que están esperando turno administrativo, 50.000 millones más en los próximos 25 años, dado el ritmo anual de crecimiento del déficit que se sitúa entre los 3.000 y 4.000 millones de euros.

El debate está servido, aunque es un debate imposible en la medida en que, a la vista de los derroteros inaugurales, la línea argumental gira en torno a más de los mismo: franquismo, lobby, poderosas eléctricas, pobres ciudadanos defensores de un mundo verde, beneficios... cuando la realidad que se obvia podría ser lucro excesivo, tecnologías inmaduras en fase de I+D, falta de planificación, administración dilapidadora, etc.

Exceso de potencia

Habrá que decir, de una vez por todas, que el sistema eléctrico español no precisa de nueva potencia para satisfacer la demanda actual, y menos aún precisa de más potencia en tecnologías inmaduras y con elevados costes de producción, que requieren importantes primas de apoyo. Es un hecho que la demanda de electricidad se ha ido reduciendo desde el inicio de la crisis económica y no es previsible que se recupere en los próximos años. Por lo tanto, alguien se tendrá que preguntar para que instalar más huertos y más plantas termosolares que cuestan un potosí.

Hoy en España, los tiempos no están para experimentos y menos si estos resultan tan caros como los que sustentan a la producción de energía solar y que han terminado por generar el déficit de tarifa que se puede llevar por delante a las cuentas públicas de cualquier país.

Nadie discute la trascendencia de las energías renovables dado que en España más de las tres cuartas partes del consumo de energía primaria dependen de las importaciones, ni nadie discute que estas fuentes no producen tipo alguno de emisión contaminante, ni de gases de efecto invernadero, por lo que nadie discute su futuro como factor de un desarrollo económico sostenible.

Lo que si se discute es el coste de estas energías y su actual nivel de desarrollo, que las hace extraordinariamente caras e ineficientes. Ahí están los estudios que demuestran que el sobrecoste unitario medio por las renovables para el consumidor español alcanza los 22,5 €/MWh, más del doble de los 10,7 €/ MWh que soporta el consumidor alemán y hasta cinco veces más que el que asume un inglés o un sueco, demostrando que las cosas se podían haber hecho distintas en España, y a un coste mucho menor, si se hubiese desarrollado con criterios de racionalidad económica en un plazo algo más largo.

El cambio más trascendental experimentado desde entonces, ha sido el espectacular crecimiento de las energías renovables que reciben primas y que en cinco años han pasado de aportar el 12% de la demanda de electricidad al 26%, sin una aportación relevante de potencia firme o estable.

Hoy, por esa forma tan española de hacer las cosas cuando el dinero nos sobra, a España le sobra potencia instalada y sobre los españoles pesa una nueva hipoteca como consecuencia de una nueva burbuja. Y ello porque las primas concedidas a estas energías renovables han pasado de 1.246 millones de euros en el año 2005 a más de 7.200 millones de euros en 2011, sin que se haya producido el correspondiente incremento de tarifas que permita cubrir dicho aumento. Ello supone que la cantidad pagada a las empresas que producen esta energía renovable ha sido muy superior a los ingresos de la tarifa que se cobra al consumidor por ellas.

La primera responsable de toda esta situación que distorsiona la realidad es y ha sido, sin duda, la Administración, que ha dejado que el agujero negro amenace con convertirse en otra burbuja de consecuencias impredecibles, como lo han sido la inmobiliaria o la del 2.0.

Alguien podría decir que España es un país con más trampas que una película de chinos. Y este es un caso paradigmático, ya que para luchar contra la inflación se recurre a modificar la realidad mediante subterfugios que hay que terminar pagándolos. Frente a esa forma grosera de desvirtuar la realidad, todas las recetas de Europa y de los foros económicos internacionales apuntan en una única dirección: una efectiva liberalización.

Y en el mercado eléctrico tenemos un ejemplo antológico: goza del marchamo de liberalizado, pero la realidad es que está regulado en un 90 por ciento y ello le convierte en un sector altamente intervenido. Así difícilmente una economía puede funcionar y ser competitiva.

Las circunstancias actuales de España obligan a determinar de forma tajante una serie de cuestiones que nos alejen de un paternalismo que se ha demostrado del todo punto inútil. Hoy, se hace más necesario que nunca dar a conocer el verdadero coste de la energía en España sin peajes exógenos a su producción; determinar si estamos dispuestos a pagar por la energía su precio real; decidir que si se quiere que la energía eléctrica proceda de renovables, en un porcentaje muy elevado, tal vez haya que pagar más que si proviene de nucleares y, sobre todo, decidir cuánto estamos dispuestos a pagar por la energía que consumimos.

Post-it
El déficit de tarifa se produce por la diferencia entre los costes de producción y los ingresos del sistema, generándose una deuda de los consumidores con las eléctricas que estas asumen en su balance y es reconocida por el Estado. Los consumidores españoles pagan por la energía eléctrica de media lo mismo o menos que el resto de los europeos, pero por tarifa de acceso son los que más pagan, con diferencia, fundamentalmente debido al alto coste de las primas al régimen especial en España que repercuten en "el recibo de la luz". Las retribuciones de la energía solas, tanto fotovoltaica como termoeléctrica, presentan un 470% y un 770% más elevadas que las energías en régimen ordinario, respectivamente, agravándose por el hecho de que no aportan energía disponible en todo momento.
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Carlos Díaz Güell es periodista y autor del blog Tendencias del Dinero