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El principio del fin de las cajas de ahorro como hoy las conocemos

10/07/2010

Cotizarán en Bolsa y tendrán accionistas-propietarios, desaparecerá la orientación política de su estrategia para ser sustituida por la de los mercados, recibirán una gestión altamente profesionalizada y la obtención de beneficios será una prioridad inalterable

-LA CECA VE POSITIVA LA REFORMA DE LAS CAJAS

-ASÍ LO CUENTA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

VALENCIA (VP). Errores de gestión en el pasado y los efectos de una crisis mundial  han originado una reforma radical de las cajas de ahorro. Los cambios, pactados por el Gobierno y la oposición, representan un cambio profundo en la estructura de estas entidades, desapareciendo su  histórico carácter semipúblico.

Una vez iniciada por El Banco de España y por la vía de urgencia la reestructuración del sector nacional de las cajas de ahorro mediante los siete procesos de integración actualmente activos (el 92% del sector de cajas), y corregidos sus principales carencias de liquidez gracias al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (99.000 millones de euros), Gobierno y oposición dieron el paso  definitivola semana pasada  para cambiar su modelo de funcionamiento y evitar en la medida de lo posible que se repita una situación como la actual.

La nueva Ley Orgánica de Cajas de Ahorro (Lorca) supondrá un cambio radical en el panorama financiero español. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó el nuevo texto como "la reforma más importante en la historia del sistema bancario español", e incluso hay quien pronostica que en apenas diez años será imposible encontrar una caja de ahorros tal y como la conocemos actualmente, puesto que funcionarán de forma idéntica a los bancos.

En primer lugar, las nuevas cajas de ahorro podrán emitir cuotas participativas con derechos políticos para financiarse, como si se tratase de acciones, aunque con el límite del 50% de su valor patrimonial, con lo que se evita que recurran a esta fórmula como la principal herramienta de financiación.

Esto significa que, en la práctica, un solo inversor privado podrá controlar la mitad de la caja con voz y voto a través de las citadas cuotas.

En el caso de que uno o varios inversores se hagan con el control del 50% de cualquier caja de ahorros la representación política (Gobiernos autonómicos, diputaciones o ayuntamientos) se verá reducida hasta el 40% de la otra mitad restante, es decir, el 20% del total, mientras que el otro 30% restante quedará para impositores, entidades representativas o sindicatos.

Éste es, sin duda, uno de los principales cambios y uno de los aspectos que de forma más directa contribuirá a modificar el escenario de control y decisión de cada caja, puesto que hasta la fecha la representación política, al menos en las entidades valencianas, se situaba en el máximo legal permitido, el 50%, y ejercía además un control ‘indirecto' sobre el resto de miembros del consejo de administración que, en la práctica, se traducía en una posición de dominio incontestable.

No menos importante será la exigencia de profesionalidad para al menos la mitad de miembros del consejo de administración, que deberán acreditar ciertos conocimientos profesionales para acceder al puesto, y la prohibición expresa de presencia en los órganos de dirección de la caja para altos funcionarios o cargos electos.

Los procesos de ‘fusión fría' derivarán en la creación de nuevos bancos de los que las cajas integrantes del SIP (convertidas en fundaciones) deberán mantener, al menos, la mitad de su propiedad. Estos bancos podrán hacerse cargo del negocio de las cajas y, lo que es más importante, financiarse del mismo modo que los actuales bancos.

A medida que las cajas de ahorro vayan ‘traspasando' su negocio a los bancos, tanto los Gobiernos autonómicos como las corporaciones municipales, sindicatos y el resto de fuerzas perderán influencia a favor de los nuevos inversores privados.

Del mismo modo, la acción de tutela sobre la actividad del nuevo banco pasará al Banco de España, en lugar de la correspondiente consejería regional de Hacienda, actual entidad supervisora en las cajas autonómicas.

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