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VALENCIA. "Cuando se lee la letra pequeña del plan de saneamiento del sector financiero publicado en el BOE del pasado 4 de febrero, se llega a la conclusión de que de los 50.000 millones de euros en provisiones exigidas para limpiar los activos bancarios cuyo destino es el sector inmobiliario, una parte muy importante es más bien un mero ajuste contable que consiste en utilizar el colchón de capital existente para provisionar parte del saneamiento exigido. En concreto, del exceso de capital que tiene una entidad, se puede sanear el 20% exigido en la financiación y activos adjudicados en suelo (20 puntos porcentuales del 80% de cobertura exigida) y el 15% de la financiación a promociones inmobiliarias en curso (15 puntos porcentuales del 65% de cobertura exigida).

En euros, el saneamiento a realizar con cargo a recursos propios es de 15.000 millones de euros. En otras palabras, el 30% de los 50.000 millones de euros de las "nuevas" provisiones exigidas pueden ser a costa de reducir el capital y por tanto la solvencia de las entidades.

Por otra parte, de los 35.000 millones de euros de saneamientos a realizar con cargo a resultados, 10.000 millones de euros son provisiones genéricas, cuya cifra sale de exigir un 7% de provisiones a los créditos a la promoción inmobiliaria que contablemente tienen un riesgo normal (es decir, ni son morosos ni subéstandar). Es importante puntualizar que las entidades pueden utilizar el exceso de provisiones genéricas ya constituidas para hacer frente a esos 15.000 millones de saneamientos, por lo que las provisiones "nuevas" a realizar son mucho menores.

Esta especie de ajuste contable consistente en reasignar fondos de los recursos propios o provisiones ya existentes a sanear los activos inmobiliarios se puede cuantificar para una parte del sector bancario español, dado que ya son varias las entidades que han comunicado el detalle de su plan de saneamiento. Basándonos en los comunicados que han hecho, la mayor parte de los 15.000 millones de provisiones a realizar vía capital se van a dotar utilizando el exceso (con respecto al mínimo exigido) de capital ya existente, y una parte también importante de los 10.000 millones de euros que se exigen para provisionar el 7% del riesgo normal se dotará utilizando las provisiones genéricas ya existentes.

En el caso de la provisión genérica del 7% (recuerden, 10.000 millones de euros) de la exposición no problemática al sector inmobiliario, el RDL establece que el importe de dicha cobertura "podrá ser utilizado por las entidades exclusivamente para la constitución de las coberturas específicas que resulten necesarias como consecuencia de la reclasificación posterior como activos dudosos o subestándar de cualesquiera de dichas financiaciones o de la adjudicación o recepción de activos en pago de dichas deudas".

Lo que esta frase literal del RDL implica es que se está reconociendo implícitamente que una parte de los préstamos que en estos momentos aparecen clasificados en los balances bancarios como "normales" (no problemáticos y cuya es de 148.000 millones de euros) de hecho no lo son, ya que son fruto de refinanciaciones que se han realizado para evitar declarar en mora los préstamos y dotar la consiguiente provisión. Y la prueba del algodón de la práctica de esas refinanciaciones es que el saldo vivo del crédito a las actividades inmobiliarias solo ha caído un 6,5% desde el valor máximo alcanzado hace poco más de dos años.

La alternativa habría sido obligar a las entidades a clasificar esos préstamos como lo que realmente son, exigiendo las correspondientes provisiones específicas. Pero en ese caso me temo que el déficit de provisiones hubiera sido muy superior, lo que hubiera situado en números rojos a algunas entidades.

Con estos ajustes contables, se cumple el objetivo de que el coste de la reforma aprobada sea asumido en su totalidad por el sector financiero (como dice la exposición de motivos del RDL) al permitir que las entidades utilicen sus excesos de capital para hacer frente a las nuevas provisiones exigidas. Pero a cambio, el saneamiento "nuevo" que se va a realizar va a ser menor de los 50.000 millones de euros anunciados".
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(*) Joaquín Maudos  es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie