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VALENCIA. La constructora valenciana Romymar ha solicitado formalmente ante el juzgado mercantil número 2 de Valencia la apertura del plazo de tres meses para renegociar su deuda con los acreedores, en aplicación del artículo 5.3 de la Ley Concursal, lo que se conoce popularmente como el preconcurso. La solicitud, que se presentó a mediados del pasado mes de enero, aún no cuenta con la aprobación del juzgado.
Según ha podido saber ValenciaPlaza.com, la solicitud de acogerse a esta vía llega después de que un acreedor instara previamente el concurso necesario de Romymar, es decir, pidiera la intervención judicial de la empresa. Este periódico intentó ayer, sin conseguirlo, conocer la situación exacta de este proceso que consta en un juzgado distinto, el mercantil número 3 de Valencia, y que, al menos formalmente, debe resolverse antes y que implica, de aprobarse, la sustitución de los administradores de la empresa, que no pueden participar ya en la gestión de la misma.
Romymar, propiedad de la familia del empresario Ramón Romero, está especializada en obra pública. En sus 35 años de historia ha participado en UTE en la construcción de grandes infraestructuras licitadas tanto por el Ministerio de Fomento, Adif (participó en varios tramos del AVE a la Comunitat Valenciana), Aena, así como en distintos proyectos hidráulicos.
La Generalitat Valenciana también es uno de sus grandes clientes históricos. Entrre los proyectos ejecutados destacan obras como las de la línea T-2 del metro de Valencia, colegios para Ciegsa, depuradoras para Epsar entre otros. Las diputaciones de Valencia y Castellón y numerosos ayuntamientos también han adjudicado obras a Romymar en las últimas décadas. En la mayoría de estos casos, Romymar ha participado en la construcción en UTE con otras sociedades.
En obra privada, Romymar también ha desarrollado proyectos de urbanización y construcción de viviendas fundamentalmente para terceros, entre ellos Bancaja Habitat o Servihabitat.
Uno de sus proyectos más conocidos es La Calderona, un complejo hotelero de cinco estrellas en Serra (Valencia), con campo de golf y viviendas que construyó para General de Terrenos, una empresa participada indirectamente por la propia familia Romero, que también llevó la gestión. Según fuentes empresariales ya no lo hace.
Este diario se puso en contacto ayer con la empresa, que declinó hacer declaraciones sobre su situación. El parón en la licitación de la obra pública y los retrasos en el pago de algunas administraciones pueden estar en el fondo de los problemas de liquidez de una compañía que había conseguido aguantar la crisis hasta ahora. Según consta en uno de los foros de Internet más populares sobre impagos de empresas, Romymar no atendió unos pagarés que vencían el pasado 25 de enero.
A finales del año pasado, la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, le adjudicó la construcción de un nuevo edificio para la Capitanía Marítima de Almería por valor de 0,41 millones de euros. En su página de Internet aparecen como proyectos constructivos en curso 166 viviendas en Pinto (Madrid), otras 96 en Álava, además de otras obras de urbanización y construcción vinculadas a la Generalitat Valenciana.
En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2010, Romymar registró un negocio de 50,4 millones de euros, con un beneficio neto de 0,76 millones. En el pasivo contaban 26 millones de euros, entre deudas a corto y a largo plazo. En todo caso, se trata de cuentas individuales, es decir, que no consolidan los resultados ni el balance de otras filiales o participadas.
Romymar incorporó en 2008 a su consejo de administración al exvicepresidente del Consell Víctor Campos en calidad de consejero independiente.
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