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ALICANTE (VP/EFE). El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, haseguró ayer que desconoce los hechos que han motivado su comparecencia ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela (Alicante) en el marco de la llamada 'operación Brugal' y que, en cuanto se levante el secreto sumarial, "evidentemente" ejercerá las acciones legales "que correspondan" a su defensa. "No conozco ni los hechos ni el porqué he tenido que comparecer", aseveró.

Ripoll realizó estas declaraciones ayer por la noche a los medios de comunicación después de haber declarado horas antes ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que ha acordado mantener la situación de libertad provisional para el también presidente provincial del PP y otras cuatro personas.

De esta manera, según ha podido saber Europa Press, el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para Ripoll, por lo que ha quedado en libertad sin fianza.

Asimismo, Ripoll, que ha comparecido con la presencia de sus abogados, no ha querido especificar los delitos que se le imputan. Según ha informado el TSJCV, las Diligencias Previas han sido abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros

El presidente de la corporación provincial ha recalcado que ha declarado "de forma voluntaria" y que, por el secreto de sumario, no conoce las diligencias.

"En cuanto se levante el secreto sumarial ejerceré evidentemente todas las acciones legales que correspondan en mi defensa y desde todos los puntos", ha avanzado.

El empresario alicantino Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules, ha quedado en libertad sin fianza aunque imputado por varios delitos, entre ellos el de cohecho, tras declarar durante 90 minutos ante un juez de Orihuela por el caso "Brugal".

Ortiz fue uno de los once detenidos el pasado martes, junto al presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y tres concejales de Orihuela, por la relación de su empresa en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.

Tras el interrogatorio, Ortiz ha explicado a los periodistas que ha salido "contento" de la declaración porque el juez "no ha adoptado ninguna medida cautelar" y, al preguntarle si pesan sobre él imputaciones, ha respondido que "claro que las hay".

Por su parte, su abogado, Alejandro Bas, ha explicado que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, había solicitado para Ortiz prisión eludible con fianza de 800.000 euros, aunque el juez del número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, lo ha denegado.

Los representantes legales de Ortiz no han querido confirmar los delitos que el juez imputa al empresario pero sí han dicho que uno de ellos es el de cohecho.

Cuatro de las cinco personas que han declarado hoy ante el juez de Orihuela han sido imputados por delitos que no han sido concretados y quedan en libertad sin fianza.

Así, además de Ortiz, han quedado en libertad el ingeniero y amigo del empresario José Francisco León; el gerente de Inusa, José Candel; y el dueño de la compañía Sufi, Luis Bracho.

Por su parte, para el empresario de automoción y ex presidente de la Fundación Hércules CF, Rafael Gregori, el juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros y ha sido acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude, según fuentes judiciales.