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MADRID (EFECOM).- Las entidades financieras que han sido rescatadas o han recibido una inyección pública tendrán que aplicar un fuerte recorte a los salarios de sus presidentes y consejeros delegados para cumplir con la nueva normativa.
El Consejo de Ministros aprobó hoy el Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero, una normativa que nace con la aspiración de provocar un sismo en el sector para dar lugar a entidades más grandes y solventes, y teóricamente con un mejor gobierno corporativo.
Después de detallar ayer el endurecimiento de las provisiones de los activos inmobiliarios, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, desveló hoy dos novedades más de la reforma, los límites a los salarios de la banca con ayudas públicas, y la eliminación de órganos de control en las cajas.
Las entidades que han sido recapitalizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como Unnim, CatalunyaCaixa y NovaGalicia, no podrán pagar a sus presidentes y consejeros delegados más de 300.000 euros al año.
Además, las que han recibido prestamos del Estado, BFA-Bankia, BMN, Banca Cívica, y Caja España-Duero, no podrán abonar a sus máximos ejecutivos más de 600.000 euros anuales.
La cifra, pese a ser elevada, supone en torno a un 65 por ciento menos de la remuneración media esperada para este año, dijo hoy tras el consejo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que recomendó comparar esta cifra no con otros sectores, sino en el entorno financiero.
La medida, además, ha molestado a algunas entidades, que creen que no se debe poner en el mismo saco a directivos que han tenido responsabilidad en el deterioro de sus cajas, con los que han sido fichados para reflotar su entidad.
Igualmente piensan que tampoco debe aplicarse el mismo nivel salarial a directivos de empresas pequeñas con otras que tienen un mayor peso y relevancia en el sector financiero español.
La medida del Gobierno se produce tras meses de malestar social por los altos salarios y compensaciones que han recibido los directivos de algunas de las cajas de ahorros rescatadas.
Mantenidas hasta entonces en el más puro secreto, la autoridad monetaria obligó a final del año pasado a las entidades que habían recibido ayudas públicas a desvelar los salarios de la alta dirección.
A la cabeza de estas entidades se coloca el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, que reconoció una remuneración anual de 2,34 millones de euros, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al que corresponden 2,26 millones anuales.
El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, y su vicepresidente, Enrique Goñi, reconocieron 900.000 euros, en tanto que el presidente de BMN, Carlos Egea, percibe un salario anual de 450.000 euros, con lo que se convierte en el único que no sufrirá un recorte.
De momento es una incógnita qué ocurrirá con los máximos directivos de Caja España-Duero, pues se negaron a que se hicieran públicas sus remuneraciones, aunque el Banco de España sí las conoce.
En cuanto a las entidades controladas por el FROB, y que Sáenz de Santamaría calificó como "intervenidas", todas ellas verán mermadas las retribuciones de sus directivos.
El presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales, y su director general Jaume Masana, 860.000 euros, en tanto que el director general de Unnim, Jordi Mestre, cobra 960.000 euros.
En Novagalicia, el presidente Jose María Castellano, y el consejero delegado, Cesar González-Bueno, reconocieron un salario de 890.000 euros anuales.
La segunda de las sorpresas contenidas en el Real decreto Ley hace referencia a las cajas que han traspasado su negocio financiero a un banco, y se han quedado como meras gestoras de la obra social.
Estas entidades, tradicionalmente dotadas de poderosos órganos de control, hoy innecesarios, podrán prescindir de la mayor parte de ellos para quedarse con una asamblea general y un consejo de administración, ambos seguramente más reducidos.
Además, si las cajas no pierden el control de sus bancos o su participación no baja del 25 %, no estarán obligadas a convertirse en fundaciones.
El Gobierno ha aprobado también que las cajas de ahorros desprovistas del negocio financiero destinen a su obra social al menos el 90 % de los dividendos que reciban por su participación en el banco.
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