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VALENCIA (EP. Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, FSES e Intersindical Valenciana (IV) --con presencia en la Mesa General de Negociación de la Generalitat-- presentarán este miércoles en los juzgados un recurso contra el acuerdo por el que el Consell decidió aprobar el decreto-ley de medidas urgentes para la reducción del déficit, que incluye distintos recortes en los servicios públicos, por considerar que se ha "violado el derecho a la negociación colectiva".

Así lo han anunciado este martes en una rueda de prensa conjunta el secretario general de FSP UGT-PV, Luis Lozano, y el responsable de Acción Sindical de IV, Adel Francés, quien ha precisado que tramitarán ese escrito por la vía de vulneración de los derechos fundamentales. Junto a ellos, han comparecido el representante del área pública de CCOO y secretario general de FE CCOO-PV, Miguel Ángel Vera, el secretario general de FSES en la Comunitat, Andrés Cánovas, y el presidente autonómico de CSI·F, Daniel Matoses.

Según ha explicado Lozano, se trata de la "primera medida legal de los sindicatos contra ese decreto" y nace fruto del trabajo conjunto de los servicios jurídicos de esas cinco organizaciones, que sostienen que "muchas medidas no tienen suficiente cobertura legal". La presentación del recurso será a las 11.00 horas y contará con la participación de un representante de cada uno de los sindicatos.

Francés ha argumentado que ese decreto "está vulnerando normativa anterior" y que, con él, "han violado el derecho a la negociación colectiva" dado que "se anunciaron medidas, no se negociaron". Así, ha denunciado que el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, asistió a la Mesa General de Negociación el 4 de enero y "en vez de ser una mesa de negociación, fue una especie de rueda de prensa en la que llegó y dijo vamos a hacer esto". "No hubo negociación, ni hubo documentación", ha sentenciado.

Es más, ha señalado que los servicios jurídicos "están estudiando todas las posibilidades tanto por la vía de lo contencioso-administrativo, como por la vía civil y por la penal" de emprender acciones legales por esos recortes. "No se descarta nada", ha aseverado preguntado por si se plantean exigir responsabilidades a los actuales responsables públicos o a los anteriores gobernantes.

En esa comparecencia, han efectuado un llamamiento a la participación de empleados públicos y ciudadanía en general en la manifestación simultánea que han convocado el próximo jueves a las 18.30 horas en las tres capitales de provincia para protestar por los recortes en los servicios públicos y exigir la retirada del decreto y la "depuración de responsabilidades" en el Gobierno valenciano.

En concreto, la marcha de Valencia partirá de la plaza de San Agustín hasta la plaza de la Virgen, frente al Palau de la Generalitat, la de Alicante de las escaleras del IES Jorge Juan a la Delegación del Consell en la avenida Doctor Gadea y la de Castellón, de la plaza de Las Aulas a la Delegación del Consell en la calle Mayor, la conocida como Casa de los Caracoles.

"FAVORECER LA PRIVATIZACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR"

Lozano ha alertado de que ese "gran rosario de medidas" tiene como objetivo "favorecer la privatización del Estado de Bienestar" y, a su juicio, "son consecuencia de 16 años de despilfarro, de corrupción, de juergas y de saraos" que "finalmente han hecho que la Comunitat Valenciana sea la Grecia de España, hundiéndola en la bancarrota".

Además, ha resaltado que en el futuro "puede haber miles de despidos en la Generalitat" dado que "la primera de las 300 medidas" previstas en la sanidad permite al Consell "recurrir a reconversiones de plantilla cuando sea necesario", lo que afectaría a cerca de 1.000 interinos de la Generalitat, a entre 17.000 y 20.000 en la sanidad pública y a entre 10.000 y 12.000 en educación.

Por su parte, Vera ha indicado que las medidas de protesta en el sector educativo continúan tras el "éxito" de participación logrado en la manifestación del pasado sábado, tales como las concentraciones de directores de centros de secundaria a las 12.00 horas de este martes por los "impagos" de las transferencias para gastos corrientes o los "encierros" previstos para esta misma noche en los centros.

Además, ha explicado que esta tarde mantendrán un primer contacto con la nueva consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, y que después la Mesa de Portavoces fijará un calendario de reuniones. Vera también ha responsabilizado de la "quiebra" autonómica a la actuación de "gestores que de gestores tienen poco y que han utilizado el País Valencià como si fuera un corralito".

"NADIE SE CREE" LO DE "HACER MÁS CON MENOS"

Por su parte, Daniel Matoses (CSI·F) ha señalado que ese decreto supone "el mayor ataque al Estado de Bienestar y al sector público valenciano de la historia" y "va a tener graves consecuencias en el funcionamiento del sector público valenciano". "Esa frase de que se va a hacer más con menos no se la cree nadie", ha zanjado. Así, pide al Consell la apertura del diálogo social "para racionalizar el sector público valenciano y hacer viable el proyecto de comunidad".

Desde FSES --que integra a Cemsatse y a Anpe-- inciden en el "preocupante" deterioro de los servicios públicos y alertan de que "va a haber problemas sanitarios" por los recortes en urgencias y en la asistencia directa o la modificación de turnos y guardias.