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El documento reconoce explícitamente la necesidad de abandonar el método de la pérdida incurrida. En virtud de este procedimiento actualmente en vigor, las pérdidas por insolvencia se imputan al resultado del ejercicio cuando se produce un hecho objetivo que acredita la insolvencia del deudor, por ejemplo el impago de una cuota del préstamo. El IASB señala que, cuando estos hechos se producen, las pérdidas son prácticamente inevitables, por lo que el procedimiento de contabilización no satisface el deseable objetivo de advertir a tiempo a los mercados del deterioro en el valor de los préstamos concedidos por las entidades financieras. Además, el procedimiento es procíclico porque los problemas de solvencia suelen aflorar en los años de crisis, afectando a unos beneficios ya de por sí mermados por el bajo nivel de actividad. En cambio, en los años de expansión las tasas de morosidad son bajas y, por tanto, las pérdidas por insolvencia imputadas al resultado son mínimas.
Para dar respuesta a estos problemas, el IASB apuesta por el método de la pérdida esperada. La principal ventaja de este procedimiento consiste en permitir una distribución equilibrada de las pérdidas por insolvencia a lo largo de toda la vida del préstamo. Para ello, el banco calcula el tipo de interés efectivo (TIE) de la operación, descontando a los flujos futuros de caja las pérdidas previstas por insolvencia. Obtenida la estimación, el banco aplica el TIE al capital pendiente de amortizar para estimar los ingresos devengados anualmente por el préstamo hasta su vencimiento. Se trata en definitiva de un procedimiento híbrido, a mitad de camino entre el coste amortizado y el valor razonable, que obliga al banco a predecir los flujos futuros de caja asignando probabilidades de ocurrencia a los distintos escenarios que afectan al rendimiento de un préstamo.
El Financial Accounting Standards Board (FASB), homólogo norteamericano del IASB, también renuncia al método de la pérdida incurrida. Sin embargo, a diferencia del IASB, el modelo del FASB no permite a los bancos reconocer pérdidas por insolvencia mientras no consideren improbable el cobro de las cantidades pactadas contractualmente. En lugar de repartirlas durante toda la vida del préstamo, las pérdidas se imputan íntegramente al resultado del ejercicio en que se detectan, por la diferencia entre el coste amortizado del préstamo y el valor actual de los flujos de caja que la empresa espera cobrar hasta el vencimiento. En definitiva, aunque el criterio de imputación temporal es distinto, la aproximación del FASB también obliga a los bancos a estimar periódicamente los flujos futuros de caja derivados de los préstamos, teniendo en cuenta la probabilidad de insolvencia.
Las diferencias entre ambas propuestas han generado perplejidad y preocupación a ambos lados del Atlántico, dado el compromiso asumido por el FASB y el IASB de alcanzar un acuerdo a mediados de 2011, que diera lugar a la creación de un único conjunto de normas de contabilidad globales de alta calidad. En todo caso, más allá de las discrepancias, parece obvio que ambas instituciones apuestan por introducir una mayor subjetividad en el tratamiento contable de la insolvencia. De hecho, para reconocer pérdidas por este concepto ya no es preciso que el prestatario deje de atender una cuota periódica del préstamo. Bastaría con un simple deterioro de las circunstancias económicas del prestatario para contabilizar una pérdida en el valor del préstamo contra el resultado del ejercicio.
En cierto modo, la mayor subjetividad es el precio a pagar por disponer de una información que permita una evaluación temprana de los riesgos asumidos por las entidades financieras. Mediante esta información, se pretende mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos desde el ahorro hacia la inversión, dotando a los agentes económicos de un mayor conocimiento acerca del riesgo y la rentabilidad de las entidades financieras. Además, se pretende poner a disposición de los mercados una herramienta que permita ejercer un mayor control sobre la actuación de los directivos, reforzando la labor de supervisión de los bancos centrales.
Pero, inevitablemente, la mayor subjetividad también plantea inconvenientes, cuyas consecuencias aflorarán tarde o temprano. Por un lado, al incorporar los criterios subjetivos y heterogéneos de los equipos directivos, la información contable será menos comparable entre entidades financieras y, por tanto, menos útil para la toma de decisiones. Por otro lado, debido a la mayor discrecionalidad en su elaboración, la información será menos auditable y, en consecuencia, gozará de una menor credibilidad entre los inversores.
Al margen de estas consideraciones, el aspecto que más preocupa a los supervisores bancarios es la posibilidad de que los nuevos criterios contables den lugar a una información todavía más procíclica que la actual. Tanto en una propuesta como en la otra, la contabilización de las pérdidas por insolvencia obliga a la gerencia a utilizar criterios subjetivos en la estimación de los flujos futuros de caja de los préstamos. Sabemos que estas predicciones dependen de los estados de ánimo del mercado y que en absoluto son neutrales con respecto a la fase expansiva o recesiva del ciclo económico. Ello podría abocar a las entidades financieras a publicar pérdidas excesivas en los años de crisis y beneficios exagerados en los años de crecimiento, con consecuencias negativas desde el punto de vista de la volatilidad macroceconómica.
En definitiva, la reforma de la contabilidad bancaria nos somete de nuevo ante el viejo dilema de optar entre una información fiable o relevante. Al parecer, nos damos cuenta ahora de que no sirve de nada disponer de información fiable pero al mismo tiempo incapaz de reducir nuestra incertidumbre con respecto al futuro. ¿Cuánto tiempo tardaremos en volver a pensar que la información para ser útil también debe ser fiable?
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(*) Manuel Illueca Muñoz es profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Jaume I e investigador asociado del IVIE
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