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ALICANTE (VP/EFE). El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), fue detenido ayer y puesto posteriormente en libertad, dentro de una operación policial de la fiscalía anticorrupción y el juzgado número tres de Orihuela, en la que también fueron arrestados tres concejales oriolanos.
La actuación policial también se ha extendido a los empresarios Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica, y Ángel Fenoll, relacionado con servicios de recogida de residuos, ya que algunas de cuyas respectivas dependencias empresariales han sido registradas.
Fuentes próximas a la investigación han señalado que las investigaciones policiales que derivaron en los registros practicados podrían guardar relación con "un tema" de la adjudicación de servicios de recogida de basura en Orihuela, en la comarca de la Vega Baja.
Tras prestar declaración, que no duró "más de diez minutos", según sus abogados, Ripoll quedó en libertad, aunque sus representantes legales no han precisado si es "con o sin cargos" porque la investigación se halla "bajo secreto de sumario".
Los efectivos policiales realizaron registros en el Palacio de la Diputación, en el Ayuntamiento de Orihuela y en la vivienda de Ripoll, después de que en todos estos lugares y de forma simultánea se personaran agentes de la Policía Nacional, han informaron a EFE fuentes próximas a la investigación.
Alrededor de las ocho y cuarto de la mañana, los agentes se desplazaron hasta la vivienda de Ripoll, ubicada en Vistahermosa -una zona residencial de la capital alicantina-, donde el presidente de institución provincial "colaboró en todo", según las citadas fuentes.
Posteriormente, alrededor de las 12,30 horas, fue trasladado hasta el Palacio de la Diputación para iniciar el registro en estas dependencias, principalmente en la primera planta del inmueble.
En concreto, la actuación policial sólo se llevó a cabo en el despacho de presidencia y en el de su secretaría, informaron a Efe fuentes próximas al caso.
Dos horas y media más tarde, aproximadamente, la Policía Nacional concluyó este registro y Ripoll salió de la institución custodiado por los agentes en dirección a la Comisaría Provincial para prestar declaración.
Paralelamente, los efectivos policiales desplegados en el consistorio oriolano realizaron otro registro y detuvieron a los ediles del equipo de gobierno local, los populares Manuel Abadía (Servicios e Infraestructuras Urbanas), Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías) y Ginés Sánchez (Medio Ambiente), quienes fueron trasladados a la Comisaría Provincial.
En el registro del consistorio, los agentes recogieron diversos archivos con documentación que luego introdujeron en un vehículo policial.
Por su parte, el empresario alicantino Enrique Ortiz, dueño del Grupo Cívica y también máximo accionista del Hércules Club de Fútbol, se encontraba ayer en Pamplona cuando se enteró de que los agentes de la policía judicial pretendían hacer un registro en algunas de sus dependencias.
Según su letrado, inmediatamente emprendió regreso a Alicante, adonde llegó para "colaborar con los policías" y fue una vez terminada la inspección cuando conoció su imputación.
Otro de los registros se practicó en las dependencias de la empresa de Ángel Fenoll, presuntamente vinculado con el "caso Brugal", una investigación que se abrió en 2007 por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras del municipio de Orihuela.
Tras conocer la actuación policial, el president de la Generalitat, Francisco Camps, pidió "responsabilidad y prudencia", mensaje que también se ha solicitado desde el Consell.
La gama de sensaciones van desde la prudencia a la "contrariedad", según las declaraciones a Efe de fuentes del Partido Popular, si bien la reacción predominante ante las informaciones que han ido sucediendo en Alicante ha sido la de la "intranquilidad".
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