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VALENCIA. Tras 26 sesiones y 40 días, restan unas cuantas horas para que el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el diputado Ricardo Costa, escuchen si son declarados culpables o no culpables del delito de cohecho impropio por el que están acusados.
Al proceso le queda el objeto del veredicto y la posterior deliberación del jurado bajo estricto régimen de incomunicación. Una fase que podría estar resuelta entre hoy y mañana, aunque los miembros encargados de emitir el veredicto poseen de tiempo ilimitado para fijar su posición.
A lo largo de la mañana de este lunes el magistrado presidente debe constituir el objeto de veredicto o, lo que es lo mismo, el cuestionario sobre los hechos probados al que los miembros del jurado deben responder.
En primer lugar, a puerta cerrada, el magistrado presidente del jurado, Juan Climent, facilitará a las partes el citado objeto de veredicto. Los letrados dispondrán de un tiempo -el que considere el juez- para aportar sus respectivas observaciones. A continuación, y esto es importante, Climent estudiará y decidirá si considera oportuno incorporar alguna de ella al cuestionario.
Tras ello, con el objeto ya definido, se pasará a vista pública para trasladar al jurado el cuestionario y explicarles cómo tienen que deliberar y sobre qué se les pregunta. Está previsto que este paso se inicie en torno a las 12 del mediodía. Aclaradas las dudas sobre la manera de afrontar el objeto de veredicto, lo que no implica la lectura literal de las cuestiones concretas, los miembros del jurado pasarán a la deliberación.
Será entonces cuando los seis hombres y tres mujeres que forman el jurado se retirarán a deliberar, mientras que los dos suplentes -un hombre y una mujer- estarán a disposición del magistrado presidente pero no participarán en esta fase, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La deliberación tendrá lugar a puerta cerrada, sin que les sea permitida la comunicación con ninguna persona -al margen del agente judicial- hasta que emitan un veredicto. En esta fase, según el artículo 57 de la Ley del Jurado, si existiera alguna duda por parte de algún miembro "sobre cualquiera de los aspectos del objeto del veredicto, podrá pedir, por escrito y a través del Secretario, la presencia del Magistrado-Presidente para que amplíe las instrucciones. La comparecencia de éste se hará en audiencia pública, asistido del Secretario y en presencia del Ministerio Fiscal y demás partes".
A priori, el plazo para deliberar es ilimitado aunque si transcurridas 48 horas no se entregara el acta de vocación, Climent estaría facultado para citarlos y escuchar las dudas existentes en la deliberación. También se encuentra contemplado que si el magistrado presidente tuviera que devolver el veredicto en tres ocasiones disolvería el jurado y convocaría un nuevo juicio.
Como marca la ley, la deliberación es secreta y se celebrará bajo estricta incomunicación. De no emitirse este lunes el veredicto, los miembros del jurado serían trasladados a un céntrico hotel para continuar mañana con el proceso. Cada una de las personas encargadas de decidir sobre el caso tiene asignados 67 euros de dieta por día (un total de unos 1.800 euros que se abonarán al final del juicio).
Cabe recordar que para resolver las cuestiones planteadas por el magistrado presidente, el jurado deberá votar una a una favorable o desfavorable sin posibilidad de abstenerse. Para los acusados, Camps y Costa, cinco de los votos son suficientes para ser declarados no culpables. Para el caso contrario, en cambio, siete de los nueve miembros del jurado deberán posicionarse a favor de lo expuesto por la acusación.
UNO DE LOS PROCESOS MÁS LARGOS, TRAS EL CASO MAESO Y ALCÀSSER
El juicio al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricado Costa, se ha convertido en uno de los más largos celebrados en la Comunitat, con 26 sesiones, por detrás de otras vistas mediáticas como los procesos en los que se juzgó a Miguel Ricart por el triple crimen de Alcàsser o al anestesista Juan Maeso por el contagio del virus de la hepatitis C a pacientes intervenidos en hospitales de Valencia.
En el juicio de los trajes, para la vista se llegaron a acreditar casi un centenar de redactores, 20 fotógrafos y otras tantas cámaras de hasta 50 medios de comunicación, cifra similar a la de los otros grandes procesos penales celebrados en la Comunitat Valenciana.
En el 'caso Alcàsser', en el que se juzgó a Miguel Ricart por el asesinato, rapto y violación de Míriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, se acreditaron 106 periodistas de 34 medios de comunicación para dar cobertura a la vista, que se celebró en este mismo edificio en mayo de 1997, en la sección segunda, y que podía seguirse por circuito cerrado de televisión desde la sala de prensa. El propio Ayuntamiento de Valencia tuvo que reservar espacio en la vía pública e incluso a cortar un carril ante la demanda de estacionamiento para unidades móviles.
En este caso, el tribunal había citado a 108 testigos -83 por acusaciones y 25 por la defensa y 33 testigos. El juicio se prolongó durante más de dos meses y 49 sesiones, hasta el 30 de julio de ese año. La sentencia que condenó a Ricart a 170 años de cárcel, que confirmó posteriormente el Supremo, se dictó en septiembre.
El segundo juicio mediático celebrado en la Comunitat fue en septiembre de 2005, cuando el anestesista Juan Maeso se sentó en el banquillo igualmente de la sección segunda, aunque en esta ocasión en la Ciudad de la Justicia, acusado de contagiar el virus de la hepatitis C a 275 pacientes entre 1988 y 1997 en los hospitales La Fe, Casa de la Salud, Quirón y Virgen del Consuelo.
En esa ocasión, se habilitó una dependencia de 700 metros dada la magnitud del proceso: más de 200 periodistas acreditados, 153 abogados y 500 asistentes en el salón de actos, mientras que otros 40 podían seguir la vista en la propia sala, cuyo tribunal condenó a Maeso a 1.933 años de cárcel que también confirmó el Supremo.
La vista, que se prolongó desde el 12 de septiembre de 2005 hasta el 26 de febrero de 2007, incluyó la declaración de más de 600 testigos y un centenar de peritos.
Todo cuanto está ocurriendo en las tierras valencianas es cosa kafkiana, increíble, de ciencia ficción. Pero es verdad. Y por más absurdo que nos parezca, en los tribunales valencianos y nacionales se juzgan minucias, a la vez que los verdaderos estropicios nadie los juzga. Y aquí tras ser juzgado el Honorable por unos miles de euros, los millones birlados de la administración pública y privada quedarán impunes. Y los verdaderos responsables de tales chantajes a la administración seguirán luciendo su cara dura por todas partes, incluso presidiendo cargos públicos de las instituciones señeras valencianas. Pues lo que es de cara dura, pero dura, los políticos valencianos tienen fama y mérito. Y si en las tragedias provocadas siempre se tiene a un promotor o culpable, aquí también los tenemos, pero encumbrados. El pueblo valenciano actual vive memo pues así se le ha educado y no tiene cura. So. Andrés Castellano Martí.
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