VALENCIAPLAZA.COM. 18/01/2012 "Bajo la apariencia de rigor e igual trato a todas las Comunidades, el acuerdo de estabilidad que va a poner en práctica el Gobierno de Rajoy consolida la desigualdad básica de trato que el sistema de financiación autonómica ha establecido entre los españoles según residen en unas comunidades autónomas u otras..."

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VALENCIA. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se desarrolló ayer según el guión previsto. Por un lado, adopción de líneas de liquidez heterodoxas para las CC AA con dificultades articuladas, en medio del mayor proceso de privatizaciones bancarias que se ha visto en España, a través de la banca pública del ICO. Y por otro lado, control estricto del déficit dentro de la política ortodoxa obligada por los inversores tras la ola de despilfarro que ha dominado la política de los países del Sur de Europa -entre ellos España y la Comunidad Valenciana- en el último decenio.

Sin embargo, bajo la apariencia de rigor y trato igual a todas las Comunidades, el acuerdo de estabilidad que va a poner en práctica el Gobierno de Mariano Rajoy consolida la desigualdad básica de trato que el sistema de financiación autonómica ha establecido entre los españoles según residen en unas comunidades autónomas u otras. Una desigualdad que tiene su origen en la notable diferencia en financiación por habitante que sigue existiendo y que coloca en una situación inaceptable a los valencianos, situados entre quienes reciben menos recursos.

Y una desigualdad que se mantiene lustro tras lustro desde la creación de la España de las Autonomías, con independencia del color político del Gobierno de Madrid. ¿La razón? la incapacidad de la sociedad valenciana, y de forma muy especial de su clase política y económica, para exigir -y conseguir- un trato similar, al menos, a la media de las CCAA españolas.

En ese contexto, la exigencia de un porcentaje similar de déficit para todas las comunidades obligará a la Generalitat a realizar una política contractiva todavía más intensa de la desarrollada hasta ahora. Ello va a repercutir negativamente en el inicio de la recuperación de la que tanto hablan los ministros económicos del nuevo Gobierno conservador mientras aplican restricciones que no pueden sino reducir el nivel de actividad.

Y sin embargo, hasta el momento el Consell no ha tomado medidas contundentes ni ejemplarizantes contra el despilfarro. A fecha de hoy, sólo uno de los múltiples eventos deportivos de discutible rentabilidad colectiva pagado con el dinero de los valencianos ha sido suspendido, mientras los funcionarios, como los proveedores, siguen pagando el desaguisado que el PP ha provocado.

Dado el escaso prestigio que tiene hoy todo lo valenciano en los círculos del poder -recuérdese que nadie relevante del PP vino a la toma de posesión de Alberto Fabra como presidente de la Generalitat- esta discriminatoria situación se va a mantener durante un período prolongado. Haría bien, por tanto, el Consell de Alberto Fabra en explicar cómo va a abordar el ajuste en lugar de dejar pasar el tiempo para descargar en cada nueva crisis otro golpe contra la calidad de servicios básicos como la educación o la sanidad.

Como haría bien la oposición socialista, en manos del desnortado Jorge Alarte, abandonando ocurrencias como el observatorio de los recortes y haciendo pública su alternativa a la crisis de las finanzas públicas. Aunque ello implique un mayor esfuerzo de lo que tiene por costumbre la dirección de ese partido, apoltronada como está desde hace ya tantos años en la oposición.