GUILLERMO LÓPEZ GARCÍA (*). 15/01/2012 "Contrariamente a la imagen tópica que se ha extendido de los ciudadanos valencianos como una especie de incautos irresponsables, que votan siempre lo mismo con independencia de los hechos, los problemas de la Generalitat pueden tener profundos efectos electorales..."

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VALENCIA. Ha pasado poco más de medio año desde que se celebraron las últimas elecciones Autonómicas, en mayo de 2011. Pero, desde el punto de vista político, parece que hayan pasado varios años. A aquellas Elecciones de mayo se presentó el entonces president de la Generalitat, Francesc Camps, con un programa basado en continuar con el modelo de crecimiento que había convertido a la Comunidad Valenciana, a decir de algunos, en "la más lista de la clase": es decir, en los grandes proyectos y, a poco que la crisis económica arreciase, en la continuación del ladrillo, como si nada hubiese pasado. De la crisis en sí, y de la necesidad de recortes, se hablaba poco o nada. A fin de cuentas, la crisis, como tantas y tantas desgracias que aquejaban a la Comunitat, era culpa de Zapatero. Cuando desapareciese Zapatero, también lo haría la crisis.

La victoria del PP fue incontestable: 48,5% de los votos, 55 escaños. Una holgada mayoría absoluta que contrastaba con la debacle del PSPV (27,5%, 33 escaños), al cual, además, le crecían los "enanos" a su izquierda (Compromís, EU), los cuales amenazaban con crecer más en el futuro .

Desde entonces, ha sido al PP al que le han crecido los enanos: primero, la bochornosa dimisión de Camps, apenas dos meses después de haber encabezado las listas de su partido, y su sustitución por Alberto Fabra, nombrado por Génova (y cuyo liderazgo no ha sido refrendado, en puridad, en unas Elecciones). En segundo lugar, el hundimiento de la CAM y el Banco de Valencia, y la desaparición, con ellos, de cualquier ilusión de mantener un sistema financiero local más o menos autónomo. Poco después, la victoria del PP en las Elecciones Generales del 20 de Noviembre. Una buena noticia para el PP, pero no tan buena para el PP valenciano. Desaparecía Zapatero, y con él un inmejorable "archienemigo" al que echarle la culpa de todo.

Por último, por ahora, llegan los recortes y las dificultades financieras, cada vez mayores, de la Generalitat. Estos recortes, y estas dificultades, también las sufre el PP en el ámbito nacional. Pero hay dos grandes diferencias: en primer lugar, Rajoy llegó al poder con un mandato en el que se da por supuesta la necesidad de aplicar reformas, algunas muy duras y de amplio calado. En segundo lugar, Rajoy puede apelar a la "herencia" del Gobierno del PSOE para justificar las dificultades, al menos durante un tiempo. El Consell no puede hacer ni una cosa ni la otra. Por eso la ciudadanía se ha tomado con bastante calma las primeras medidas de Rajoy, por contraste con las quejas, tan abundantes como justificadas, que arrecian cada vez más respecto del Consell.

Y es que en sólo unos meses hemos pasado de reivindicar como grandes éxitos lo que ahora se presenta, sin género de dudas, como un escandaloso despilfarro. El partido que critica este modelo es el mismo que lo implantó y lo presentó como garantía de éxito. Es más: el propio Consell, excepción hecha de su presidente y de la reciente remodelación, es obra de Francesc Camps, principal responsable del desaguisado económico. La Generalitat no tiene liquidez para pagar a los proveedores, a los farmacéuticos y a los colegios concertados. La calificación de su deuda ha bajado al nivel del bono basura, algo bastante lógico, si tenemos en cuenta que, de facto, ya no puede pagar sus deudas, y si lo ha hecho en las últimas semanas ha sido gracias a la intervención del Gobierno central. La situación está cerca de ser insostenible.

Una mayoría absoluta no tan sólida

La cuestión es: todos estos problemas... ¿generan algún efecto electoral? ¿Erosionan el apoyo ciudadano al Consell? ¿Y en qué medida? Contrariamente a la imagen tópica que se ha extendido de los ciudadanos valencianos como una especie de incautos irresponsables, que votan siempre lo mismo con independencia de los hechos, soy de la opinión de que estos problemas pueden tener profundos efectos electorales sobre las expectativas de voto favorable al PP, que resumo así: si mañana hubiera elecciones, el PP perdería la mayoría absoluta (aunque no, probablemente, el gobierno).

El ciudadano sí que castiga la mala gestión; aunque tarde en hacerlo, a ojos del público más politizado e interesado en la actualidad. En 2003, en un contexto de gran enfado ciudadano con el PP nacional, de resultas de la participación española en la guerra de Irak, el PP valenciano sacó un 47% de los votos y logró la mayoría absoluta. Sin embargo, estuvo a punto de perder el gobierno. Si el Bloc hubiese logrado entrar en Les Corts (se quedó a un 0,23% de los votos), el PP habría perdido la mayoría absoluta y, muy probablemente, el gobierno.

En 2011, con Camps imputado y con el modelo de crecimiento económico haciendo agua, el PP sacó un 48,5% de los votos, casi cuatro puntos menos que en 2007 (unas elecciones en las que el PP recibió el premio al crecimiento desaforado de los días de vino y rosas del sector inmobiliario y sus PAIs, unidos al útil victimismo frente al gobierno Zapatero).

Es decir: la gestión sí que tiene efectos, aunque no sean espectaculares, y menos en un partido como el PP, con una base de votantes tan sólida como fiel. Pero, aunque los cambios no sean grandes, sí pueden resultar de gran importancia. En mayo de 2003 UPyD sacó un 2,4% de los votos, muy lejos del mínimo necesario para conseguir representación. En las Generales de noviembre, en cambio, superó holgadamente el 5%.

En un escenario como el actual, con la legitimidad del PP valenciano muy debilitada, y en el que no hay que descartar la posible entrada de UPyD en unas hipotéticas elecciones, la mayoría absoluta del PP podría estar en juego, aunque el PP probablemente podría pactar una mayoría parlamentaria con UPyD, suponiendo que entrase.

Quedan tres años, que es, sin duda muchísimo tiempo. Pero ese tiempo también puede favorecer a la oposición, sobre todo a un PSPV muy debilitado por factores endógenos (el proyecto y el liderazgo) y exógenos (la factura de la crisis). Y da la sensación de que los problemas económicos y de liquidez de la Generalitat, por desgracia, pueden prolongarse en el tiempo.

El hazmerreír

La acumulación de desastres, la mayoría ya mencionados, tiene un efecto colateral más: la Comunidad Valenciana es hoy el patito feo del sistema autonómico español: la más insolvente, la más afectada por casos de corrupción, la que más y peor gastó en el pasado, la primera en solicitar la ayuda del Estado y la única que ha perdido todo su sistema financiero... Algunas de estas acusaciones son ciertas sólo en parte, pero llegados a este punto es muy difícil desmentirlas.

La Comunidad Valenciana está en el punto de mira mediático, político y social como la quintaesencia de todo lo que se hizo mal en los años de crecimiento, y con el bonus, mediáticamente importantísimo, del caso Urdangarín, en el que también se ha visto envuelta. Como muchos dicen, se ha convertido en la Grecia española. O tal vez, a la vista de la gran cantidad de construcciones monumentales inútiles y absurdas con las que cuenta, en el Egipto de los faraones.

#Prayfor... Toni Cantó y RTVV

La semana pasada hablábamos de los planes del Consell para RTVV y la inminencia de un durísimo ERE. Al día siguiente, el diario Las Provincias desvelaba la noticia del ERE. Poco después, Toni Cantó publicaba un tuit en el que difundía un vídeo humorístico en el que la sede de RTVV era destruida por un misil. Cantó apostillaba: "Muy bueno!!! Una posible solución al déficit de Canal 9".

Evidentemente, semejante tuit le ha generado muchas críticas a Cantó. Sobre todo, por este afán, muy extendido respecto de RTVV, por hacer una enmienda a la totalidad: puesto que RTVV es un despilfarro, ha sido muy mal gestionada y su credibilidad informativa está bajo mínimos, lo mejor sería cerrarla. Como si no hubiera motivos que justificasen su existencia, incluso su importancia estratégica, en una comunidad autónoma como la nuestra. Por su potencial como herramienta de vertebración social y de promoción del valenciano. Y por su importancia crucial para mantener un sector audiovisual valenciano, aspecto este del que se benefició el propio Cantó, en la época en la que se situaba en la órbita del PP, cobrando un total de 134.000 euros del ente público por un trabajo de cinco meses. Es decir, más o menos el 0,01% de la deuda total de RTVV, estimada en 1.200 millones de euros. No es que sea mucho, pero sin duda es una retribución bastante generosa. No parece, en suma, Cantó la persona más adecuada para quejarse del modelo de gestión de RTVV y proponer su demolición.
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(*) Guillermo López García es profesor titular de Periodismo en la Universitat de València