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MADRID (EFECOM). El Gobierno anunció ayer que pedirá al Banco de España su opinión sobre las retribuciones en las entidades intervenidas o que han recibido ingentes ayudas del Estado, con el fin de evitar que se premie a sus directivos.
En cuanto al conjunto del sector financiero, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que los 50.000 millones que el Ejecutivo ha dicho que deberán aportar a las entidades para hacer frente a los activos del "ladrillo", se basan "ni más ni menos" que en los datos del Banco de España.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha argumentado que el Ejecutivo quiere saber si el organismo supervisor cree adecuadas "a las circunstancias actuales" las retribuciones, tanto fijas como variables, de los directivos de las entidades intervenidas o que han recibido ayudas públicas.
Por eso, la vicepresidenta ha informado de que el titular de Economía, Luis de Guindos, pedirá "por carta" al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un informe para conocer la posición del organismo sobre estos sueldos.
Esta petición llega una semana después de que la práctica totalidad de los directivos de Bankia, Banca Cívica, BMN, Caja España-Duero, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Unnim hicieran públicas sus retribuciones.
Según el informe que elabore el Banco de España, el Gobierno ha prometido que adoptará "medidas" para que "no se premie a los directivos de entidades intervenidas o que han necesitado apoyo público" para continuar con su actividad.
En algunas de esas entidades los directivos han recibido ya indemnizaciones millonarias o tienen suculentos planes pensiones o cláusulas de blindajes.
Sáenz de Santamaría ha puesto como ejemplo que en otros países de la Unión Europea se han adoptado ya medidas sobre las retribuciones de los gestores de entidades financieras, especialmente en aquellas que han recibido ayudas.
Todo ello como un paso más dentro de los planes del Ejecutivo de que la reforma del sistema financiero esté concluida en los primeros seis meses del año, en los que exigirá mayores provisiones a la banca por sus activos tóxicos.
En cualquier caso, el Gobierno ha aclarado que De Guindos elaborará un informe sobre esas necesidades porque "no todas las entidades necesitan la misma cantidad y no todas ellas han trabajado de la misma manera".
Por último, ha insistido en que "no está en la mesa de Gobierno ni en la del Consejo de Ministros" crear un "banco malo" -una entidad que concentrarían los activos tóxicos del sector como se ha hecho en Irlanda-.
Fuentes financieras consultadas por Efe creen que el Ejecutivo optará por elevar del 30 % al 50 % las provisiones que deben tener los bancos por los inmuebles adjudicados, para que tengan que reforzar su capital.
Además, señalan que las entidades podrían tener que ajustar prácticamente a cero el valor del suelo urbanizable que poseen, lo que les obligará a captar capital privado o a reforzar su solvencia mediante fusiones.
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