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VALENCIA. El Consell rompió este jueves su propio discurso y asumió la realidad de la grave situación económica de las arcas públicas que durante meses ha tratado de esquivar con la adopción de un paquete medidas de contención del gasto y mayor recaudación que, pese a todo, se antojan como un primer movimiento.

Tras superar sobre la campana una suspensión de pagos gracias al rescate del Gobierno central, Alberto Fabra anunció en su discurso de Año Nuevo un plan de choque que tiene las siguientes claves:

1. El Presupuesto no sirve. El primer elemento que hay que tener en cuenta para entender el acuerdo tomado por el Consell es que estas medidas de recorte del gasto y de nuevos impuestos rompen el presupuesto recién aprobado por Les Corts y sobre el que pesaba un aire de provisionalidad desde el momento en que lo presentó el propio conseller de Hacienda, José Manuel Vela que reconoció que las cuentas se formularon sin saber cuáles serían los ingresos.

El paquete de medidas se formalizará como un Decreto Ley. Es un matiz relevante, tanto porque modifica la Ley de Presupuestos (y la ley de acompañamiento, al introducir las nuevas medidas fiscales), como porque supone un cambio en lo que hasta ahora venía haciendo el Consell: anunciar medidas de recorte que no se sabía muy bien cuándo o en qué forma se aplicarían.

En todo caso, este plan de choque adolece de elementos que se consideran esenciales a la hora de elaborar un presupuesto público. El dato más llamativo es la falta de un cuadro macroeconómico con las previsiones o incluso un nuevo objetivo de déficit presupuestario. Esto induce a pensar que las medidas adoptadas este jueves no se han preparado con una visión de conjunto sino que se trata de acciones de emergencia (como las que afectan al capítulo 1, el de personal) o que estaban más o menos en estudio y que ahora se concentran (las que inciden en el gasto sanitario).

El alcance sobre el presupuesto estimado de algo más de 13.000 millones es limitado. Se recorta algo más de 819 millones el gasto y se aumentan los ingresos previstos en unos algo más de 200.

2. ¿A quién afecta? A todos los valencianos, aunque en distinta forma. Los trabajadores públicos (funcionarios e interinos) verán recortados por distintas vías, dependiendo de su adscripción, sus salarios por la supresión o rebaja de determinados complementos. Los ciudadanos de a pie tendrán que pagar más impuestos, tanto cuando hagan su declaración de la renta como cuando pongan gasolina, por poner dos ejemplos.

Respecto a los servicios básicos que presta la Generalitat a todos los ciudadanos, en un principio no se verán directamente afectados. No se ha anunciado ningún recorte en educación y los planteados en sanidad van en dirección de ahorro de gastos ordinarios. Sin embargo, algunas de las decisiones vinculadas al personal (como la reducción de las jornadas laborales) pueden tener efectos en la atención de centros como las residencias o los centros de acogida.

3. ¿Cuánto se ahorra la Generalitat? Con las medidas presentadas este jueves y según las propias cuentas del Consell, el ahorro es de 819 millones de euros. Aunque el presidente Fabra en su discurso lo estimó en más de 1.000 millones y la propia Generalitat en la documentación que facilitó lo situaba en 1.057,5 millones, lo cierto es que se mezclan conceptos distintos para alcanzar esa cifra.

Los recortes reales, atendiendo a las cifras oficiales, son los mencionados 819 millones, de los que 258,2 millones están vinculados a recortes en gastos de personal, 121,3 millones en la reestructuración del sector público empresarial y 440 millones en iniciativas de contención del gasto sanitario. Hay otras medidas que no están cuantificadas, pero que no suponen una modificación sustancial de la cifra.

El resto, hasta alcanzar la cifra de los 1.057,5 millones, no son ahorro, sino ingresos nuevos procedentes de la subida de impuestos. En concreto, con la fiscalidad aprobada, el Consell estima ingresar 238 millones de euros.

4. ¿De dónde viene el ahorro? Aunque hay dos grandes partidas, personal y sanidad, en realidad el que sí se puede cuantificar con detalle es el que está vinculado al capítulo 1, es decir, el de los funcionarios y empleados públicos. Las medidas aprobadas afectan a grupos concretos y definidos de trabajadores de la Administración así como a pluses claramente identificados.

A los 258,2 millones que se estipulan como ajustes de reducciones de jornadas, vigencia de los contratos de interinos, suspensión de los planes de pensiones, paralización y reducción de sexenios o la reducción de la carrera profesional, entre otros, hay que añadir otros 57,5 millones que se ahorrarán por la reducción de turnos y guardias en sanidad. En total, de suelos y complementos, la Generalitat prevé ahorrarse 315,7 millones.

Más difícil de concretar, aunque el Consell sí hace estimaciones, son los recortes en el gasto en sanidad, fundamentalmente porque muchos de ellos están vinculados a renegociaciones de contratos con proveedores externos (40 millones por revisión de los conciertos, como el de resonancias magnéticas) o la concentración de servicios (70 millones por centralizar servicios como la cocina, mantenimiento y otros, 50 por la unificación de los centros de información sanitaria o de los laboratorios). No se introducen elementos com el copago.

Respecto al mayor de los recortes previstos, el del gasto farmacéutico, estimado en 125 millones, hay que matizar dos aspectos. El primero es que parte dependerá del control de las medicinas en los hospitales, centralizando las compras para lograr mejores precios y controlando su uso. El segundo es el que hace referencia a uno de los problemas más acuciantes del Consell por su efecto público: el pago a las farmacias. En este sentido, el Decreto Ley modificará sustancialmente la forma en que se paga ahora la parte de las recetas que sufraga la Generalitat. El nuevo convenio con las farmacias introducirá un ‘pronto pago' para los primeros 150.000 euros facturados cada mes por cada botica. El resto, se diferirá por un procedimiento negociado que no se clarificó.

Habrá que ver cuál es la reacción de las farmacias y los efectos que puede tener a la hora de adquirir medicamentos con receta en aquellas farmacias con facturaciones más elevadas y que puedan poner tope a lo que arriesgan. En todo caso, esta medida, no se puede considerar un ahorro, puesto que el gasto existirá aunque se aplace su pago.

5. Una subida de impuestos impuesta. Hace poco más de un mes el conseller de Hacienda José Manuel Vela, durante la presentación de la ley de acompañamiento (que incluye las modificaciones en la fiscalidad que se planean para cada año) mantuvo que no era necesario subir los impuestos e incluso que no era útil. De hecho, aseguró que incrementar la presión fiscal a los ricos no tendría ningún efecto "porque las grandes fortunas cuentan con instrumentos para no tener que pagar más impuestos". Sin embargo, y siguiendo la estela del Gobierno central, el Consell aprobó una subida de impuestos centrada fundamentalmente en las rentas más altas, con dos nuevos escalones en el tramo autonómico del IRPF para los que cobran más de 120.000 y 175.000 euros anuales. Por esta vía se espera ingresar unos 28,2 millones.

El propio Vela reconoció que la medida contradice su discurso y el de su partido, pero asumió que no queda más remedio. Lo cierto es que el aumento de la recaudación es un elemento que se antojaba necesario ante el alarmante déficit acumulado por la Comunitat Valenciana y que solo la contención del gasto no iba a solucionar.

Sin embargo, la subida de impuestos afectará a más valencianos, ya que se limitan las deducciones autómicas del impuesto de la renta, que no podrán aplicarse los que cobren más de 24.000 euros (38.000 euros si es una pareja). Por este capítulo se ingresarán otros ocho millones.

Lo que sí afectará a todos los valencianos sin distinción de la renta es el incremento del ‘centimo sanitario', el impuesto sobre los hidrocarburos que se cuadruplica sobre lo que se grava actualmente. Otros 98,11 millones de ingresos. También se aumenta del 1% al 1,2% el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (gravamen por operaciones mercantiles), que permitirá ingresar 62 millones.

Más llamativa es la creación de un nuevo impuesto que afectará directamente a las empresas, un tributo medioambiental -que tuvo que defender el conseller de Economía e Industria, Enrique Verdeguer en la rueda de prensa- que gravará a las actividades calificadas y que se prevé recaude 29,7 millones.

Vela rechazó aplicar el Impuesto de Patrimonio, que supondría un ingreso de unos 100 millones de euros. Hay que recordar que el Gobierno central bonifica este gravamen en aquellas comunidades que tienen el tipo en cero (que es como se evita el cobro por parte de la Generalitat). "Entendemos que no es el momento", dijo Vela.

6. La incógnita de las empresas públicas. Una de las principales decepciones del plan de choque aprobado fue la largamente esperada remodelación del sector público empresarial. Se mantiene el calendario que fija para el primer trimestre de este año una remodelación que debe concentrar en empresas holding las más de 40 sociedades de capital público. Enrique Verdeguer, de cuya consellería depende ordenar el agujero negro de deuda y pérdidas del sector público, se limitó a anunciar que se concentrarán en seis sociedades ‘temáticas': las empresas vinculadas a la promoción cultural o de ocio, las de construcción y gestión de infraestructuras, las relacionadas con el medio ambiente, las de transporte, las de apoyo a los sectores productivos y las que tienen como objeto el bienestar social "en sentido amplio", dijo Verdeguer.

El retraso en esta reordenación se debe, según el conseller, "a la complejidad" del proceso. La previsión es ahorrar 121,3 millones, de los cuales parte vendrán del capítulo 1, es decir, de reducciones de plantilla de estas sociedades. En todo caso, Verdeguer no dio más detalles ni del número posible de afectados ni de posibles fusiones o liquidaciones de empresas.

Sí que tuvo que salir al paso del envite que lanzó el ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, que instó hace a la Generalitat a cerrar sus oficinas del Ivex. Verdeguer, aparentemente incómodo, se mostró dispuesto a compartir espacios con el Icex, logrando un ahorro de 1,3 millones en alquileres, pero sin renunciar a la presencia exterior.

RTVV, el gran reto en el sector empresarial valenciano por su elevada deuda y coste, ha quedado fuera de este paquete de medidas y se afrontará por separado, insistió Císcar.

7. La hipoteca de los grandes eventos. Fue llamativa a forma en que el vicepresidente del Consell escenificó el anuncio de ruptura con la polémica y discutida 'política de grandes eventos'. "Todo el modelo de grandes eventos está en revisión", dijo contundente Císcar. De ser un compromiso firme, supone la renuncia definitiva al emblema de los mandatos de Francisco Camps.

Parecía poco razonable que, en un contexto económico como el que vive la Generalitat y con los sacrificios que ahora se van a exigir, se mantuvieran los grandes fastos a los que tanta querencia tenía el anterior Consell.

Sin embargo, la Generalitat se ha tropezado con los tristemente famosos contratos 'confidenciales' que firmó para patrocinar eventos como la Fórmula 1. La mayoría de esos contratos tienen cláusulas que blindan su rescisión con fuertes indemnizaciones. "Tenemos que estudiar si es más rentable rescindirlos o cumplirlos", reconoció Ciscar. Según un cálculo realizado por este periódico, la Generalitat tienen comprometidos cánones y patrocinios por mas de 120 millones en los distintos eventos que apadrina.

El propio vicepresidente desveló que ni él mismo ha podido ver aún el contrato con lal Fórmula 1. De momento le van a enviar una carta a Bernie Ecclestone para sentarse a negociar una salida a los dos años que aún quedan por contrato.  

8. ¿Por qué hay consellerías que no se tocan? Sencillamente porque no hay nada que tocar, porque sus presupuestos de inversión y para transferencias de capital se han reducido a la mínima expresión . No hay que engañarse, la sanidad y la educación suponen el 80% del gasto presupuestario, por lo que cualquier recorte de entidad tiene obligatoriamente que entrar en ese terreno.

Además las inversiones ya están congeladas en consellerías como Obras Publicas, en el pasado fuerte generador de gasto. Igualmente, muchos de estos departamentos que, aparentemente quedan ahora al margen, desarrollan parte de sus actividades mediante empresas públicas: Ciegsa para construir colegios, FGV para el metro... Su reorganización y recortes estruturales se incluirán en el capítulo de la empresas públicas. 

9. Sin noticias de la deuda. Todas las medidas están encaminadas a liberar fondos para pagar la deuda. Es lo más acuciante y urgente. Sin embargo, en el plan de choque no hay ninguna referencia explícita a este punto. La Generalitat ya ha asumido que o cambian mucho las cosas o no va a poder hacer frente a los vencimientos de este año, cerca de 4.000 millones de euros y se ha puesto en manos del Gobierno central.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció este jueves que para final de mes tendrá un plan para reestructurar la deuda de las comunidades autónomas. A ese clavo, y al de que sea el propio Gobierno quien emita bonos en nombre de las autonomías (los canoncidos como hispabonos) es al que se agarra el Consell para afrontar los pagos en los próximos meses, porque si existe un consenso claro es que con los recortes actuales no será suficiente ni de lejos.

El conseller de Hacienda insistió en los problemas que genera para la Generalitat el actual modelo de finananciación autonómica, que no tiene en cuenta el aumento de población registrado en la Comunitat Valenciana, pero este es un melón que Rajoy ya dijo nada más tomar posesión que no está dispuesto a abrir.

10. ¿Será suficiente? No lo parece. Los ahorros previstos, especialmente los de personal, se podrá visualizar pronto, ya que es cuestión de aplicarlos, pero en el caso de sanidad es todo más difuso y requerirá de meses para que se vayan completando. Es decir, la Generalitat no tendrá de lal noche a la mañana 1.000 millones de liquidez. Será progresivo.

Pero vistos los compromisos de pago a corto plazo, especialmente a partir de marzo, con fuertes vencimientos de deuda, la crisis de la semana pasada, con el Consell a punto de suspender pago, podría volver a darse. No hay que descartar, por tanto, nuevos recortes. Lo que habrá que ver es si, esta vez, el Consell de Alberto Fabra, que parece haber encontrado  su hombre fuerte en Ciscar, los acomete con tiempo o vuelve a jugar sobre el filo de la navaja retrasando las decisiones en busca de un no se sabe muy bien qué milagro de última hora que le evite tener que aplicar la tijera.