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MADRID (EP). Las cajas de ahorros que han recibido ayudas públicas tienen hasta el próximo 31 de diciembre para decidir si publican los sueldos de su dirección de manera individualizada o se acogen a la ley de protección de datos para no difundir la información.

El Banco de España ha establecido por circular que cada uno de los miembros del consejo y del comité de dirección de las entidades con dinero público deberá especificar la remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, pensiones, créditos o retribución en acciones, entre otros emolumentos.

No obstante, los afectados por dicha medida deberán aceptar la publicación de dichos datos de carácter personal o especificar, por el contrario, que no lo hacen, posibilidad que barajan en diversas cajas de ahorros, según fuentes financieras consultadas por Europa Press.

Las cajas que han recibido ayudas públicas se están planteando la posibilidad de ofrecer dicha información de forma agregada y no individual por considerar que la iniciativa del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez es contraria a la ley de protección de datos.

Dichas entidades apurarán, previsiblemente, el plazo establecido por el instituto emisor para colgar en sus páginas web corporativas el informe de relevancia prudencial con dicha información sobre las retribuciones de su cúpula.

Entre las cajas de ahorros afectadas por este requerimiento de información figuran las que han recibido recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en sus dos fases: Bankia, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum, Caja España Duero, Novacaixagalicia, Catalunyacaixa y Unnim.

Fuentes del sector de las cajas de ahorros incidieron en que la legislación vigente ampara el carácter íntimo de los datos solicitados, y defendieron la transparencia de las cajas, obligadas por ley a difundir anualmente información sobre la concesión de créditos a los partidos políticos, requerimiento que no afecta a los bancos.