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VALENCIA. El nuevo ministro de Industria, José Soria, deberá resolver el enfrentamiento con las grandes compañías energéticas españolas que le deja a Mariano Rajoy su propio partido tras años de enfrentamiento de las administraciones autonómicas conservadoras contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Un aut-entico es el regalo envenenado.
El apoyo del PP y de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Murcia y la Junta de Extremadura a las empresas de generación de energía solar fotovoltaica frente al entonces ministro Miguel Sebastián puede generar una sentencia del Tribunal Constitucional que perjudique a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y al resto de grandes compañías de la patronal eléctrica Unesa, que generan energía principalmente por medio de fuentes tradicionales o a través de generadores eólicos.
Todo empezó cuando Sebastián decidió pinchar lo que consideraba una burbuja en el negocio de la generación de energía solar fotovoltaica. Gracias a las ayudas impulsadas por el Estado vía subvenciones, las plantas solares crecieron a gran velocidad y en 2008 España se había convertido en líder mundial de este tipo de generación. El elevado coste de las ayudas oficiales y la presión de las grandes eléctricas condujeron al anterior Ejecutivo socialista a paralizar estos planes.
DOS REALES DECRETO CON CITA EN EL CONSTITUCIONAL
La palanca utilizado para ello fueron dos reales decretos que, entre otras medidas recortaron la producción fotovoltaica en un 30%, frente al 1% que se redujo la generación tradicional (petróleo, nuclear o carbón) y el 3% que se bajó la eólica, dos modelos explotados principalmente por las grandes compañías.
Las organizaciones de productores, instaladores y fabricantes de placas solares se pusieron en marcha para defender un negocio muy rentable que ahora se les escapaba entre los dedos. La estrategia se inició en varios frentes. Uno de ellos fue el político, en el que estas organizaciones realizaron una activa campaña contra el exministro de Industria, que contó con el apoyo de responsables públicos del Partido Popular.
Su enfrentamiento tuvo distintos episodios, pero uno de los últimos y más llamativos fue la publicación en la prensa escrita nacional de un falso anuncio que ofertaba el empleo de presidente del Gobierno a las puertas de la campaña electoral, incluyendo duras críticas a la gestión de José Luís Rodríguez Zapatero en materia energética.
Fruto de este trabajo consiguieron que el PP se opusiera en su día en el Senado a los decretos que limitan la actividad de las fotovoltaicas y, lo que es más importante, reforzaron el frente judicial con tres recursos ante el Tribunal Constitucional que presentaron los gobiernos autonómicos conservadores de Comunitat Valenciana, Murcia y, tras las elecciones de mayo, Extremadura.
RAJOY, ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
Llegados a este punto, desde la Unión Española Fotovoltaica (que reúne a las principales organizaciones del sector) se espera que el nuevo presidente cumpla su compromiso de "contar con todas las fuentes de energía", como se comprometió en campaña. Por ese motivo, le exigen la derogación inmediata de los dos reales decretos de Miguel Sebastián.
Al tiempo, los recursos de inconstitucionalidad presentado por tres gobiernos de su partido siguen avanzado y desembocarán en dos posibles escenarios: que se declare los decretos como inconstitucionales y la medida vaya en perjuicio de los sistemas de generación de las grandes compañías eléctricas (según la Unión Española Fotovoltaica); o que sean desestimados, con lo que los tres ejecutivos autonómicos sufrirían un revés judicial.
Con Rajoy en la Moncloa, el Partido Popular debe tomar una decisión respecto a esta polémica por la que tomó partido cuando estaba en la oposición y que ahora debe resolver desde el Gobierno.
"lo que es más importante, reforzaron el frente judicial con tres recursos ante el Tribunal Constitucional " - las medias verdades son al final mentiras. El RD por el que se modifica de manera retroactiva un compromiso adquirido por el Gobierno mediante un RD anterior y de manera unilateral es a todas luces ilegal. Y es por esto que las CCAA regidas por el PP lo llevaron al Tribunal Constitucional. Lo que me extrana es que no lo hicieran las del PSOE, porque una ilegalidad es una ilegalidad, gobierne el PP o el PSOE, pero para los socialistas el fin justifica los medios.
Y siguen hablando de "subvenciones" cuando debe decir "primas" o "incentivos". Sabemos que es más fácil utilizar la expresión subvenciones, pero al final se las vincula con corrupción, favores, etc. Nada bueno. Pero no lo son, la retribución de las renovables, entre ellas de la fotovoltaica, NO SON SUBVENCIONES, si fuera así, tendrían la consideración de ayudas de estado por la UE, y las habría prohibido. No se da ayuda a una actividad económica sino que se incentiva mediante un régimen económico especial por su contribución a la reducción de CO2, de importaciones de combustibles fósiles, por mejorar la independencia energética, etc. Seamos rigurosos
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