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VALENCIA. Dos de las tres agencias de rating, Standard&Poors y Moody's, han rebajado la calificación de las emisiones de deuda de la Comunidad Valenciana. A un paso de bono basura la primera y a este nivel de bono la segunda, ambas calificaciones escenifican el fracaso de la emisión de los llamados bonos patrióticos de la Generalitat Valenciana entre los ciudadanos de a pie.

Tras década y media de de despilfarro y vacío triunfalismo, y los tres últimos años perdidos en la urgente tarea de afrontar la situación, la realidad se ha acabado imponiendo: la Generalitat se encuentra en una situación límite. Si hasta ahora ha podido mantener la ficción de una situación normal cumpliendo con los vencimientos financieros, ahora ya no puede ocultar la gravedad del problema.

El fracaso a la hora de captar 1.800 millones entre los pequeños inversores -los grandes hace ya tiempo que no están dispuestos a prestarle-, ha sido patente. Con ello se ha evaporado la posibilidad de obtener recursos, aún a un coste próximo al 8%, para amortizar la parte no renovada que ahora vencía y generar al mismo tiempo un colchón adicional con el que, junto a los adelantos del Gobierno, mejorar la situación de liquidez.

Los pequeños inversores, muchos de ellos valencianos votantes del Partido Popular, han mostrado su desconfianza en la gestión que se está realizando de la Administración autonómica para reducir el déficit y han abocado a las finanzas públicas de los valencianos a una situación cada vez más próxima a la suspensión de pagos. S&P señala en su comunicado que no existe un "plan sólido y creíble que se ocupe de sus necesidades de financiación en el futuro". Ni siquiera gestos indicativos de que se camina en esa dirección.

Por extraños motivos ideológicos, la Generalitat ha adoptado una política suicida negándose a elevar impuestos (ahí está el reciente rechazo a aplicar el impuesto sobre el Patrimonio). Y por otra parte, está actuando con una lentitud exasperante en cuestiones clave, lo cual no hace sino deteriorar cada día más su credibilidad antes los inversores.

Así, el redimensionamiento de RTVV o el desmantelamiento efectivo de la red clientelar de las fundaciones ha sido sustituido por una política de gestos que si bien inicialmente tenían cierto sentido ejemplarizante, hoy asemejan tristes muecas de impotencia: ayer se impone el menú de 20 euros a los altos cargos, hoy se decide quitar las máquinas de agua... Sin embargo, las grandes decisiones se retrasan día tras día.

Y si en el terreno de la economía no se le puede reconocer al presidente un giro significativo de actitud, en el de la política este cambio es indetectable. De poco le sirve que el responsable de la situación en la que se encuentran las finanzas públicas sea Gerardo Camps. O que sean sus compañeros de partido Eduardo Zaplana y Francisco Camps los que estaban al frente del Consell cuando se produjo el malgasto de recursos públicos que nos ha conducido a la situación actual. Es a sus consellers de Hacienda y Economía, y sobre todo a él mismo como presidente, a los que les toca hacer frente a la crisis. Y a la vista se encuentra que no han sabido ganarse la confianza de los inversores.

Ello no se debe a la intensa competencia en el mercado de emisiones -patética referencia-, sino más bien a la insostenible política de eventos, que permanece intacta ante la debilidad del presidente a la hora de hacer frente a las presiones de los beneficiados agrupados en torno a Rita Barberá. El argumento de que hay contratos firmados con los organizadores es de tal endeblez que no merece más comentario que preguntar si acaso las obligaciones con los proveedores locales que no cobran no están sometidas a los mismos principios comerciales...

Tampoco es ajeno a todo lo que está ocurriendo la composición de un Consell heredado de su antecesor que hace aguas por demasiados frentes. Si el conseller de Hacienda ha sido el brazo ejecutor de la política presupuestaria durante los últimos diez años, la vicepresidenta no demuestra capacidad para coordinar de manera efectiva los diferentes departamentos gubernamentales y ni siquiera una estrategia de comunicación eficaz.

Otros consellers, como la de Turismo, al frente de una actividad decisiva en la economía valenciana necesitada de menos complacencia con el sector y directrices claras, son la viva representación del principio de Peters, encumbrados a su responsabilidad por un cadáver político como era Francisco Camps pocas semanas antes de sentarse en el banquillo de los acusados.

Por no mencionar los estrambóticos episodios en torno a Bankia-BFA-Bancaja, el capítulo final de la pérdida de control autonómico sobre la CAM  (y ahora las rurales), la cantada intervención del Banco de Valencia o ese segundo escalón de la Administración autonómica repleto de secretarios autonómicos atados a compromisos con el anterior presidente de cuando la fidelidad personal o política primaban sobre cualquier concepto de eficiencia o compromiso social.

Por si todo ello fuera poco, no pasa día sin que se divulgue, interesadamente como es obvio, que la gran sorpresa del Consell recibido de Camps, el conseller de Economía Enrique Verdeguer, tiene las maletas hechas para regresar a Madrid entre estupefacto y harto de lo que se ha encontrado. Ante todo este panorama, parece llegado el momento de que el presidente Fabra reflexione sobre si ha llegado la hora de hacer su propio Consell y reemplazaar a la diabólica herencia recibida de una etapa que, al menos en el terreno económico, debe quedar atrás cuanto antes.