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VALENCIA. Varios gobiernos regionales ya han anunciado medidas de austeridad para hacer frente al desequilibro entre ingresos y gastos. Reducción del salario de los funcionarios, recorte del sector público empresarial, subidas de tasas e impuestos y la introducción del copago parecen articular el grueso del plan de choque para avanzar con rapidez hacia el equilibrio de las cuentas públicas.

Aunque el Consell de la Generalidad Valenciana, ni el futuro presidente de gobierno, han presentado aun planes concretos, desde ambas instancias se ha anunciado la necesidad imprescindible de adoptarlos. Por ello, esta semana planteamos como tema de debate y reflexión en el Foro si esas medidas son todas realmente imprescindibles y si la dirección apuntada por Cataluña y el País Vasco es la mejor o la única posible para el objetivo perseguido, incluso a nivel del Estado: ¿Está de acuerdo con las medidas de ajuste anunciadas en Cataluña y País Vasco y con su aplicación en la Comunidad Valenciana?

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JORDI PALAFOX, catedrático de Historia de las Instituciones Económicas

"Vivimos en este terreno una situación no ya singular sino ridícula que deteriora la credibilidad de la Comunidad Valenciana más todavía. La Generalitat no paga a nadie ni sabe cuando pagará pero se niega a aplicar el Impuesto sobre el Patrimonio. Y como no puede pagar, emite deuda. Y lo hace a un tipo tan elevado que, además de gravar los presupuestos, provoca un efecto crowding out (expulsión) de manual sobre el sector privado. Pero los representantes patronales, tan poco partidarios sobre el papel del intervencionismo público, son los primeros en hacer publicidad gratuita de la emisión.

Por su parte, el gasto sanitario está desbocado, pero el copago de medicamentos (ya vigente en los funcionarios) es tabú. Mientras tanto, el ERE de Canal 9, y no una drástica reducción de tamaño, va a ritmo de tortuga. Y la reforma de la Administración espera en el sueño de los justos. Visto lo visto, especular sobre medidas autónomas como las apuntadas por Cataluña y el País Vasco en la discutible línea de que cada uno se pague lo suyo, me parece perder el tiempo. El Consell no tiene iniciativa, porque me temo que no tiene ideas, y hará lo que le diga el Gobierno de Rajoy. Ni menos ni más". 

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CARLOS GONZÁLEZ TRIVIÑO, abogado

"Antes de mayo de 2010 la respuesta de la mayor parte de los países y de los diferentes niveles territoriales de la Administración frente a la crisis, había consistido en grandes planes de inversión pública para la reactivación de la economía. A partir de ese momento la tendencia se alteró absolutamente y desde entonces (mientras las dificultades de los países y las demás administraciones para financiarse no han hecho más que incrementarse) se ha impuesto una lógica cada vez más y más implacable a favor de los recortes. En algún momento puede haber dado la sensación de que la oscilación brusca entre ambos discursos tiene una explicación política un tanto bipolar y que tal vez es necesaria una aplicación presupuestaria con mayor capacidad de discriminación de dónde es preciso recortar y dónde las inversiones públicas deberían ser más generosas.

El problema de fondo es que, dada la falta de seriedad del debate político convencional, no tenemos un sistema de prioridades, ni una estrategia clara de transformación del modelo productivo. Y es imposible que la tengamos porque no tenemos tampoco una estrategia industrial, ni educativa, ni territorial, ni de I+D+i. Por su parte el comportamiento poco ejemplar de algunos administradores de recursos públicos dificultará mucho la pedagogía social de los recortes, incluso allí donde de verdad sean necesarios y se puedan justificar". 

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"Frente al exceso de deuda y la caída de la actividad que implica una reducción de la recaudación por vía impositiva, es absolutamente necesaria la reducción de gastos en la Administración Pública a todos los niveles (Local, Autonómico y Estatal). El sobredimensionamiento, en términos globales de la Administración requiere actuaciones por dos caminos: el ajuste salarial de los empleados públicos, y más aun habiendo conocido hace días que casi el 60% de los empleados públicos cobran entre 2.000 y 3.000 euros contra un 22% en la empresa privada, y la reducción del número de los mismos evitando duplicidades entre administraciones, así como eliminando cargos y funciones innecesarias. Asumiendo también que aunque protegiendo cierto nivel de servicio en determinados campos esenciales para el desarrollo económico futuro, debemos convivir con un estado del bienestar distinto al que hemos tenido hasta ahora.

En cualquier caso, la reducción de cualquier tipo de costes, no tiene por qué conllevar la reducción directa del nivel de servicios, ya que la eficacia de la Administración dista mucho a día de hoy de su nivel óptimo. La desinversión de activos y venta de actividades para que puedan ser gestionadas por la empresa privada (servicio público, pero con gestión privada) proporcionaría recursos y optimizaría los existentes. Como ciudadanos deberíamos exigir, antes de que la Administración incremente la carga impositiva, que el ajuste del gasto público y la eficacia en la gestión se encuentre en niveles aceptables. Será entonces cuando veremos cómo y de qué manera deberían incrementarse los impuestos".Mariano Ayuso

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MARIANO AYUSO, abogado, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

"Los ajustes acordados en Cataluña y el País Vasco me parecen razonables para acometer una reducción real del déficit público en esas Comunidades. Además, hay que presumir que medidas menos drásticas habrán sido valoradas y rechazadas.

Probablemente, en el resto del Estado -tanto en el nivel de decisión estatal, como en el autonómico y local- van a ser necesarias medidas tan, o más, radicales. En el ámbito local, las medidas acordadas por el Ayuntamiento de Paterna, por ejemplo, revelan cómo en este ámbito también puede reducirse el gasto de manera importante.

El Estado del Bienestar, y la solidaridad por vía del reparto que suponen las prestaciones sociales con cargo a los impuestos, son logros irrenunciables, pero la lógica aritmética también es inevitable y el actual sistema de prestaciones no es económicamente sostenible -ha sido posible en un momento de superávit, pero no a perpetuidad- y tiene que ser reajustado.

La medida que veo más problemática es la de una nueva reducción de los sueldos del sector público, pues reducirá la demanda interna al recortar por segunda vez los ingresos de una parte importante de los españoles que tienen empleo. Quizás en este campo, quepa iniciar el ajuste por el establecimiento de un ajuste importante de los costes totales -sueldo, dietas, gastos- de los altos cargos y representantes electos".