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VALENCIA. Una de las medidas más importantes que ha anunciado el Gobierno valenciano en esta legislatura es la creación de una Corporación Pública Empresarial para controlar el gasto de estas entidades, que le cuestan a la Generalitat en torno a 3.500 millones de euros anualmente.

El secretario autonómico del Sector Público Empresarial, Bruno Broseta, es uno de los máximos responsables, con la supervisión del conseller de Economía, Enrique Verdeguer, de acometer la profunda remodelación en un ámbito que ha supuesto un 'agujer negro' para la Generalitat en los últimos años.

-La gestión de un área como el sector público empresarial en estos tiempos, ¿es un reto o más bien una ‘patata caliente'?
-Sin duda es un reto importante. En cualquier caso, tanto la situación económica como la sociedad valenciana exigen mayores niveles de austeridad, de eficacia y eficiencia en el gasto, y una reestructuración del sector público empresarial de la Generalitat. Desde el punto de vista del Consell, los objetivos están claros: en primer lugar, contribuir significativamente a la reducción del déficit público de la Generalitat y al cumplimiento del plan de estabilidad; en segundo lugar, liberar recursos para saldar la deuda con proveedores y apoyar a la economía productiva; en tercer lugar, reducir las necesidades públicas de financiación para que aumente el flujo de crédito al sector privado y, por último, configurar un nuevo sector público empresarial que atienda a las prioridades y necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad. A partir de estos objetivos hemos configurado la estrategia que estamos desarrollando.

-Varias importantes organizaciones empresariales pidieron, durante la campaña de las elecciones autonómicas, que las medidas de choque contra la crisis económica se tomaran "cuanto antes". Los pasos del Consell, aunque firmes, parecen más lentos que los de otras autonomías respecto al sector público empresarial. ¿Por qué?
-No creo que debamos hablar de lentitud en el proceso; fundamentalmente, porque racionalizar y reformar el sector público no puede consistir sólo en liquidar o fusionar entidades. La sociedad valenciana seguirá demandando, en los próximos años, servicios culturales y de bienestar social, infraestructuras educativas, sanitarias, medioambientales y de transporte, vivienda protegida y suelo industrial, etc....y sigue siendo razonable el que muchos de estos bienes y servicios se provean, de modo económicamente sostenible, por empresas públicas. Por lo tanto hay que tener una estrategia, medir los tiempos y centrar los esfuerzos iniciales en aquellas actuaciones prioritarias que nos permitan avanzar más rápidamente hacia el cumplimiento de nuestros objetivos.

De hecho, estamos cumpliendo con los plazos comprometidos. En los primeros cien días del President Fabra hemos aprobado un Decreto Ley de Régimen Económico Financiero del Sector Público, hemos preparado un Ley de creación de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y hemos iniciado, en colaboración con la Conselleria de Hacienda y Administración Pública una nueva dinámica en la preparación del proyecto de Ley de los presupuestos 2012 para el sector público empresarial que permitirá generar unos ahorros sustanciales en el próximo ejercicio. Por último, en breve presentaremos un plan de ajuste del sector público fundacional.

Con estos pasos cerramos las actuaciones que nos permitirán una mayor austeridad y eficacia en el gasto a corto plazo. A partir de la aprobación de los presupuestos entraremos en la fase de ordenación y reestructuración del sector público. Por lo tanto no creo que estemos siendo lentos y, desde luego, sí estamos siendo firmes.

-¿Considera que el volumen, número y gasto de empresas públicas se ha descontrolado en los últimos años?
-En primer lugar, el sector público empresarial de la Generalitat no es de los mayores en comparación con otras comunidades autónomas. Dejando de lado los organismos autónomos existen, a fecha de hoy, 21 entidades de derecho público, 19 sociedades mercantiles con participación mayoritaria directa o indirecta, 9 sociedades mercantiles con participación minoritaria directa y 28 fundaciones públicas. En total, 77 entidades de las que sólo 49 corresponden a empresas públicas con carácter mayoritario o minoritario. A menudo se barajan cifras en torno a las 150 entidades, pero se basan en el inventario de entidades públicas del Ministerio de Economía y Hacienda que incluye, además de las anteriores, a las Universidades, fundaciones con participación minoritaria de la Generalitat, consorcios, etc.....

Aún así, nuestro sector público está sobredimensionado para la situación actual, y su estado patrimonial y económico financiero es sin duda complejo. No es solo un problema de control, sino también de incentivos: las empresas públicas tienen presupuestos estimativos -en vez de limitativos- y carecen de control financiero previo. Me explico: si una Conselleria quiere iniciar un expediente de gasto, necesita cumplir toda una serie de controles por parte de la intervención delegada, la primera de las cuales es la existencia de contrapartida presupuestaria; pero este tipo de control no se da en una empresa pública. Además, ésta no está sujeta a la disciplina del mercado, a la competencia, por lo que tiende a ser más ineficiente. Estas son, a mi juicio, las cuestiones de fondo -las estructurales-, y que hemos abordado decisivamente con el Decreto Ley y la creación de la Corporación.

-¿Es urgente reformar con profundidad entidades como Ciegsa o Epsar?
-Resulta evidente que el modelo de negocio de algunas empresas públicas -y hablo en términos generales- no es sostenible y debe ser replanteado en profundidad. Este es el objetivo del Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial, que estamos empezando a diseñar.

-Algunos entes como Cacsa o RTVV requerirán un tratamiento especial. ¿Cree que será necesario que la Generalitat asuma su elevada deuda para que puedan ser empresas viables y así seguir cumpliendo con su función pública?
-Es una posibilidad contemplada en el nuevo Decreto Ley, siempre que ello no aumente la deuda total de la Generalitat porque ya compute la deuda de estas empresas públicas. Sobre RTVV no puedo adelantar nada, porque su proceso de reestructuración no recae en el ámbito de la Conselleria de Economía. De todas formas, es algo que habrá que analizar caso por caso.

-¿Cabe la posibilidad de que la Generalitat asuma toda la deuda de las empresas públicas?
-En las circunstancias actuales no es aconsejable incrementar la deuda financiera de la Generalitat; por ello, el Decreto Ley prevé que ésta pueda asumir la deuda de las empresas que computen como organismos públicos según la norma SEC-95 -la mayoría de las sociedades mercantiles y entidades de derecho público-, con lo que dicha asunción resultará neutra en términos de deuda total. Pero también reportaría indudables ventajas: primero, mejora la situación patrimonial de los entes del sector público empresarial, lo que facilitaría su reestructuración; segundo, centralizaría la gestión de la deuda por parte del IVF, por lo que se generan economías de escala y se facilita una posible reestructuración de la misma en los casos en que sea necesario.

En cualquier caso, la prioridad del Consell en términos de deuda es la deuda a proveedores. Esperamos que parte de los ahorros presupuestarios previstos para 2012 se empleen en saldar esta deuda, pero para ello es necesario que antes se resuelvan las dificultades de financiación de la Generalitat en los mercados.

-A raíz del decreto, se trabaja sobre una reordenación amplia de todo el sector público. ¿Se dirige hacia un modelo de fusiones y concentración en sociedades y fundaciones?
-Ya estamos preparando el Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial, que se presentará al Consell antes del verano de 2012. El Plan abordará, a partir de la premisa de que un sector público que proporcione bienes, servicios e infraestructuras a la sociedad valenciana seguirá siendo necesario en los próximos años, una serie de cuestiones estratégicas; por ejemplo: ¿Qué tipo de sector público empresarial necesita la Comunitat para los próximos años? ¿Con qué estructura? ¿Cuál ha de ser su efecto tractor sobre la economía de la Comunitat?¿ Que tipos de bienes y servicios deben ser proporcionados y financiados directamente por el sector público? ¿Con qué modelo de negocio? ¿En cuáles podemos apoyarnos en la colaboración público privada? Las respuestas a estas cuestiones, que por supuesto han de ser consensuadas, definirán los objetivos a alcanzar. Son las respuestas a estas cuestiones estratégicas las que dictarán la necesidad de fusionar, concentrar o eliminar entidades, pero siempre condicionados a un modelo de negocio sostenible para el sector público empresarial y para las arcas de la Generalitat.

-¿Cabe la posibilidad de privatizar parte de la Corporación Pública Empresarial una vez saneada?
-En principio, ello solo será posible en aquellos casos en los que la actividad en cuestión genere valor privado y, simultáneamente, se mantenga la calidad de los servicios a los ciudadanos.

-Se ha hablado de un ahorro con el decreto y la próxima reordenación de en torno a 400 millones de euros en una primera fase. Finalmente, parece que el ahorro será del doble. ¿Esas son las expectativas definitivas del Consell?
-Así es; en el proyecto de Ley de presupuestos 2012 remitido a les Corts, el presupuesto total de gastos (incluidos los financieros) del sector público empresarial -excluidos el grupo RTVV y la Agencia Valenciana de Turismo- se reducirá en más de 770 millones de euros en el próximo ejercicio, con una reducción del 30, 23% con respecto a 2011. De hecho, la contribución del sector público empresarial a la reducción del presupuesto consolidado de la Generalitat prevista para 2012 ha sido decisiva.