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VALENCIA. No pretendo descubrirles la luna si les digo que gane quien gane la próxima cita electoral del 20-N no lo tendrá nada fácil. Va a encontrase, de hecho, con una patata ardiendo al rojo vivo a la que auguramos una digestión sumamente complicada. Una cifra de desempleo que roza, por primera vez en la historia de este país, los cinco millones de parados indica por sí sola que la cornada presenta varias trayectorias y su pronóstico es muy grave. Así que los cirujanos van a tener que emplearse a fondo.

Realismo, austeridad y responsabilidades compartidas entre todos y cada uno de los agentes que integran el tejido productivo se vislumbran como un buen punto de partida conceptual que habrá que ir sustanciando a través de medidas específicas que quizá no resulten siempre populares, pero que antojan no ya necesarias, sino imprescindibles en las actuales circunstancias.

Tanto el partido que resulte vencedor en los comicios como aquellos otros que tengan que ejercer las tareas de oposición deben tener altura de miras, mostrar de una vez por todas ese sentido de Estado del que tanto alardean algunos y tratar a los ciudadanos como mayores de edad dispuestos a asumir su cuota de sacrificios a cambio, eso sí, de encontrar una actitud recíproca en todos aquellos que se encargan de la administración de los asuntos públicos. El momento histórico exige de nuestros políticos un grado de seriedad y compromiso que últimamente hemos echado en falta.

Por lo que atañe al sector que me enorgullezco en representar y defender: el agropecuario, me gustaría recordar que la agricultura ha actuado desde siempre como un dique de contención ante las crisis, como un valor refugio. No caigamos, por tanto, en el error grosero de subestimarla. Y mucho menos todavía cuando la población mundial acaba de alcanzar la cifra de 7.000 millones de personas. Alimentarlas supone un reto mayúsculo que va a precisar de una apuesta creciente por la tecnología y la innovación aplicadas a un sector agrario que, a buen seguro, está llamado a cobrar un valor estratégico cada vez mayor.

Ante todo, el nuevo Gobierno que salga de las urnas dentro de unos días debe tener muy clara una cosa: los agricultores, al menos los que tenemos nuestras pequeñas empresas en las zonas mediterráneas, no aspiramos en modo alguno a vivir de subvenciones. Somos empresarios y queremos seguir siéndolo, pero en las actuales condiciones del mercado resulta una tarea casi imposible.

Las relaciones de fuerza que rigen en la cadena de valor están totalmente descompensadas y los productores malvivimos al socaire de decisiones que escapan por completo a nuestro control como empresarios. La cadena agroalimentaria se ha convertido en una jungla donde los agricultores sólo actuamos como víctimas propiciatorias. El Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y hasta la última propuesta para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) así lo reconocen.

El caso resulta tan evidente que ya se han producido los primeros escarceos para corregir unos desequilibrios que condenan a la ruina a miles y miles de productores cada año. Sin ir más lejos, el actual Gobierno incluyó recientemente en un proyecto de ley toda una serie de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Estamos persuadidos, en la parte que nos concierne, de que la prioridad del Ejecutivo que arroje el dictamen electoral tiene que ser, forzosamente, la de agilizar la aprobación de todas aquellas iniciativas encaminadas a equilibrar el mercado porque es ahí, y no en las grandes cifras presupuestarias, donde nosotros, los agricultores, nos jugamos el futuro.

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(*) Cristóbal Aguado Laza es presidente de AVA-ASAJA