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VALENCIA. El Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente, ha pedido ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Cortes Valencianas que se dé competencias a la Sindicatura para penalizar la no rendición de cuentas.

Actualmente, rinden cuentas a la institución el 91% de las entidades locales valencianas, lo que supone una de las mayores tasas a nivel nacional. En esta línea, el órgano de control ha ido introduciendo modernizaciones, como la presentación telemática o el acuerdo con el Tribunal de Cuentas para la rendición en un acto único, y busca el apoyo de organismos relacionados con las entidades locales, como las diputaciones provinciales, colegios profesionales de funcionarios o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

El Síndic Major ha comparecido en las Cortes para presentar el Informe Especial sobre las Competencias en la Fiscalización de Entidades Locales y ha señalado que las competencias plenas que se otorgaron en 2003 sobre el sector público local se están ejercitando, pero "sería necesario cerrar todo el ciclo del control, ya que el actual resulta insuficiente".

El segundo tipo de actuación es la fiscalización específica por organismo o por área. De estas actuaciones se han realizado un total de 265 fiscalizaciones, de las que 207 se han hecho una vez asumidas las competencias en 2003. El 89% (235) del total de fiscalizaciones corresponde a ayuntamientos, a los que en el 32% de los casos se les ha fiscalizado al menos dos veces.

FISCALIZAR TODAS LAS GRANDES CORPORACIONES

Para avanzar en estas líneas, la Sindicatura de Comptes se ha marcado como objetivo fiscalizar todas las grandes corporaciones al menos una vez en cada legislatura, incluyendo todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y las tres diputaciones, y lograr fiscalizar el 40% del presupuesto total del sector público local en un plazo de cinco años.

Pero además de la actividad propia que realiza el órgano de control externo, el Síndic cree que es necesario que se adopten medidas tanto por parte de las propias entidades, como de los órganos legislativos y desde la Generalitat. Así, tal y como el Informe presentado recomienda, pide una modificación sustancial de la regulación de la Cuenta General de Entidades Locales de forma que incluya todas las cuentas del conjunto de entes públicos locales que deben integrarla, aunque la participación no sea íntegra, y para que se recorten los plazos de formación, aprobación y rendición.

Junto al establecimiento de medidas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, el Síndic también solicita que se haga uso de la facultad para establecer como criterio indispensable en la concesión de subvenciones la rendición de cuentas.