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VALENCIA. El Ayuntamiento de Paterna llevará este miércoles al pleno municipal una serie de medidas fiscales que afectarán a instalaciones que hasta ahora se libraban de los impuestos. Se trata de la depuradora, la estación de gas y la autovía CV-35. La decisión de cobrar un Impuesto de Bienes Immuebles (IBI) de caracater especial a estas infraestructuras está amparada en la legislación, si bien en el caso de la carretera, explotada por un consorcio liderado por Sacyr en la modalidad de peaje en sombra, es la que presenta más dudas.

"Vamos a estudir la viabilidad de esta opción ya que se trata de una infraestructura que tiene un aprovechamiento económico y del que se obtienen beneficios, por lo que no es lógico que no pague impuestos", explicó a ValenciaPlaza.com Manuel Palma, concejal responsable del área económica y empresarial del consistorio que preside Lorenzo Agustí, del Partido Popular.

Esta decisión hay que enmarcarla en la crisis económica y su repercusión en las arcas públicas, obligadas a buscar nuevas vías de ingresos. La exención del IBI para infraestructuras consideradas de interés público es una norma que los ayuntamientos han mantenido al menos durante los años de bonanza.

La Ley de Haciendas Locales recoge como inmuebles exentos del pago del impuesto los de titularidad pública directamente vinculados a la seguridad o a la educación, los terrenos comunales, los bienes de la iglesia católica o las vias de ferrocarril y su zona colindante. Además, abre la posibilidad de bonificar total o parcialmente otras instalaciones como las infraestructuras o equipamientos colectivos.

Pero en estos últimos casos es una decisión del municipio. "No es lógico que estas infraestructuras que generan beneficios no paguen el IBI", señaló Palma. El consistorio aplicará un gravamen del 1,3 sobre el valor catastral de estos inmuebles, más que doblando el coeficiente del impuesto normal. El concejal señaló que no hay aún una estimación sobre los ingresos de esta medida. 

De las tres instalaciones a las que Paterna aplicará el impuesto (con un gravamen del 1,30 sobre el valor catastral) dos, la depuradora y la estación de compresión de gas, no suponen mayor problema legal. Sin embargo, el caso de la autovía es más delicado.

Mientras que el cobro del IBI a las autopistas de pago tradicionales, en el caso de la Comunitat Valenciana la AP-7 gestionada por Aumar (filial de Abertis), está consolidado y los municipios por los que discurre lo cobran, el caso de las carreteras construidas y explotadas bajo el 'peaje en sombra' ha llegado hasta los tribunales.

La legislación vigente establece que las carreteras, caminos y toda clase de vías cuya utilización sea pública y gratuita están exentas de tributar por IBI. Esa norma deja en el aire a las infraestructuras construidas bajo un modelo de financiación de las obras públicas que fija el cobro de las concesionarias que las han construido mediante una cantidad variable calculada en función del tráfico modelo estimado. Los coches no pagan formalmente, pero las administraciones sí.

El primer ayuntamiento que impuso el impuesto a una obra de estas características fue el de San Fernando de Henares (Madrid). Llevó el caso a los tribunales y una sentencia de la Audiencia Nacional acabó dándole la razón.

La resolución judicial estima que aunque los ciudadanos no pagan por circular por esa carretera, su aprovechamiento no es gratuito, ya que las obras ejecutadas y la explotación de las infraestructuras resultantes se han realizado mediante concesión administrativa a favor de una entidad privada con ánimo de lucro.

Esta resolución abre la puerta a que todos los ayuntamientos por los que pasa una vía construida con este modelo puedan gravarla.

La CV-35 fue la primer autovía adjudicada por el también conocido como 'modelo alemán' en la Comunitat Valenciana. El tramo construido hasta ahora llega hasta Llíria (tiene el final previsto en Losa del Obispo) y atraviesa los términos municipales de localidades como Valencia (donde arranca), Burjassot, Godella, Paterna, La Pobla de Vallbona (donde finaliza el tramo de tres carriles por sentido), Sant Antoni de Benegeber o L'Eliana.

Pese a que la intención de la Generalitat, como también del Estado, utilizar esta vía para construir y renovar la red vial, la crisis ha paralizado proyectos como los de la CV-50 (que atraviesa parte de la comarca de la Ribera) o la CV-95 (en la zona de Orihuela).