J. C.. 25/10/2011 La patronal del sector reclama que se paralice la construcción de nuevos proyectos porque ponen en peligro la viabilidad económica de los ya existentes y denuncia que desde la Marina Real se practica la competencia desleal en los precios que está poniendo en riesgo el modelo de negocio

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VALENCIA. En plena euforia por la celebración de la 32 edición de la Copa del América de vela en aguas de la Malvarrosa, la costa de la Comunitat Valenciana vivió una erupción de nuevos amarres para yates y barcos de recreo. El turismo vinculado a los puertos deportivos se vio como una oportunidad de diversificación de la oferta de sol y playa y los proyectos se multiplicaron casi en paralelo con el desarrollo urbanístico de la costa.

Según los datos de un informe sobre el impacto urbanístico en la costa española en 2008 elaborado por Greenpeace, el litoral de la Comunitat  Valenciana cuenta con un puerto  deportivo cada once kilómetros. En ese año, cuando estaba a punto de estallar la burbuja inmobiliaria, había unos 17.800 amarres en la costa valenciana. Un número que se iba a quedar pequeño con los 14.000 nuevos que estaban previstos.

En esa época, proyectos como la ampliación del puerto deportivo de Xàbia, con la creación de cerca de 300 nuevos amarres, o la puesta sobre plano de un complejo nautico de nueva factura, como el que acompaña al polémico Manhattan de Cullera, con varios centenares de amarres, era la tónica habitual. Se creó una sobreoferta para una demanda que se detuvo en seco con la llegada de la crisis.

El director del puerto deportivo de Dénia y presidente de la Agrupación de Puertos Deportivos y Turísticos de la Comunidad Valenciana, Gabriel Martínez, expuso la necesidad de frenar la construcción de nuevas instalaciones "hasta que se ocupen los 6.000 amarres vacíos que tenemos repartidos entre las provincias de Castellón, Valencia y Alicante".

COMPETENCIA DESLEAL A LOS PUERTOS DEPORTIVOS DESDE VALENCIA

"Para la supervivencia del sector, es imprescindible recuperar el equilibrio entre oferta y demanda". En este sentido Gabriel Martínez hizo hincapié en "las gravísimas consecuencias que está generando sobre la actividad, la insostenible guerra de precios a la que se han visto forzados los puertos de la Comunitat, como consecuencia de la posible actividad desleal que se viene ejerciendo con dinero público en algunas dársenas del puerto de Valencia".

La Maria Real Juan Carlos I de Valencia, entre las cada vez más ruinosas bases de los equipos de la 32 Copa del América que se celebró en el ya lejano 2007 (y la edición posterior en formato breve) hay más de 750 puntos de amarre para embarcaciones recreativas. Ante la falta de un plan de usos para la dársena interior y el poco atractivo de la zona, la única forma que tiene el recinto de atraer clientes es por la via del precio. De hecho, en esta zona del puerto de Valencia es temporada baja todo el año con la excepción de la semana de la Fórmula 1.  

Martínez, en una intervención durante unas jornadas sobre puertos deportivos que se celebró, paradógicamente en Madrid, urgió a "unificar criterios de explotación y calidad, evitando a toda costa la baja temeraria de tarifas" y pidió un esfuerzo a las empresas "para mantener en valor nuestra costa como destino de calidad para el turismo náutico".

EL PRESIDENTE DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS PIDE UNA LEY AUTONÓMICA

En lo que se refiere al campo normativo, el Presidente de la Agrupación insistió en la necesidad de tener "nuestra propia Ley, ya que a pesar de ser una de las autonomías con más peso en el sector, somos la única que aún está operando a través de la Ley de Puertos del Estado, la cual por su carácter general no contempla en su contenido todas nuestras necesidades" .

Para la creación de este nuevo marco legal, Martínez reclamó la participación de las empresas y profesionales expongan los puntos de vista y necesidades del sector a los legisladores, para que éstos puedan elaborar un marco legal capaz de garantizar y armonizar los intereses de la administración y los concesionarios.

"La adaptación a las nuevas circunstancias socioeconómicas hace necesario que esta Ley contemple medidas tan necesarias como la ampliación de los usos y de los períodos concesionales, estableciendo criterios que también primen la buena gestión y la experiencia a la hora de renovar las concesiones" comentó el presidente de la agrupación.