JOAQUIM CLEMENTE. 21/10/2011 Una cláusula de la emisión de obligaciones que realizó la institución en 2002 para financiar su ampliación obliga a entregar en prenda a los inversores todos los derechos de uso de las instalaciones si la calificación del Gobierno valenciano, avalista de la operación, caía por debajo de 'Baa1'

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VALENCIA. La bajada del rating de la Generalitat Valenciana empieza a provocar daños colaterales. La decisión de Moody's de rebajar tres escalones la nota del Gobierno valenciano, desde 'A2' a 'Baa2', ha activado automáticamente una de las cláusulas del contrato programa que firmó Feria Valencia con los inversores que financiaron las obras de ampliación del recinto, el gran proyecto del equipo de Alberto Catalá desde que llegó a la presidencia de institución ferial.

La emisión de obligaciones a 25 años que Feria Valencia realizó en 2002 para captar 227 millones de euros incluía toda una serie de garantías para los inversores institucionales, incluido el aval de la Generalitat Valenciana. El Gobierno autonómico se convertía, por tanto, en el encargado de pagar los intereses y las amortizaciones anuales en caso de que la feria no pudiese hacer frente a ellos por no generar bastantes beneficios, una posibilidad que se ha venido dando de forma reiterada cada año.

Sin embargo, en el folleto de emisión depositado hace casi diez años en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se incluyó una cláusula adicional para reforzar el aval público.

En concreto, Feria Valencia se comprometía "a constituir a favor de los obligacionistas y del Banco Europeo de Inversiones [que también participó en la suscripción] sendas hipotecas sobre la concesión otorgada por el Ayuntamiento de Valencia para el uso de los terrenos y las instalaciones (...) en el caso de que la calificación crediticia de la Generalitat Valenciana pase a ser 'BBB+' (Standard & Poor's) o 'Baa1' (Moody's) o inferior".

MOODY'S ACTIVA LA CLÁUSULA QUE OBLIGA A FERIA VALENCIA A HIPOTECAR LA CONCESIÓN

La rebaja del miércoles activó automáticamente esta cláusula, pensada en un escenario muy distinto al actual y que pocos esperaban. De hecho, la Generalitat tenía en aquella época una calificación alta ('AA-' y 'Aa3'), lo que la convertía en un avalista con todas las garantías. El deterioro de las finanzas públicas, con una deuda elevada y un déficit muy por encima del previsto, han ido recortando la confianza de las agencias de calificación en la capacidad de la Generalitat para atender sus obligaciones.

De aplicarse la cláusula, Feria Valencia deberá hipotecar la concesión que tiene otorgada por el Ayuntamiento de Valencia para usar tanto el suelo como todas las instalaciones hasta 2051. Feria Valencia no paga ningún canon por esta concesión, si bien todos los edificios que ha levantado a cargo de su presupuesto pasan automáticamente a ser propiedad municipal.

Según el convenio, Feria Valencia puede hipotecar la concesión municipal de la que disfruta, si bien debe levantarla cinco años antes de vencimiento de la misma.

"La obligación de hipotecar la concesión no interfiere en nada a la operación normal de Feria Valencia", explicó ayer a ValenciaPlaza.com un portavoz de la institución, que insistió en que la entidad "actuará siempre cumpliendo con las obligaciones con los obligacionistas y con el BEI".

Y de hecho así ha sido. Feria Valencia ha atendido puntualmente los pagos a los obligacionistas cada año sin demora, aunque hay que matizar que lo ha hecho gracias a que la Generalitat ha ejercicio activamente su papel de avalista, aportando el dinero que la institución no conseguía con sus beneficios ordinarios del año.

Y ahí está la clave del asunto. Dado que el Gobierno autononómico ha tenido -en virtud del acuerdo firmado- que cubrir los pagos a los inversores a los que no llega la institución, el que la Generalitat atraviese dificultades de caja ha provocado la reacción: bajadas del rating sucesivas que suponen una mayor desconfianza de los inversores en recuperar su dinero y, por tanto, la exigencia de nuevos avales.

El nuevo escenario, del que en Feria Valencia tuvieron conocimiento por este periódico, abre dos líneas de análisis. El primero es el que afecta directamente a la institución ferial. En el caso de que los obligacionistas y el BEI insten al cumplimiento de la cláusula, la concesión se pignorará en beneficio de éstos. A efectos prácticos, y siempre que se mantenga el pago puntual de los cupones y la amortización, la actividad en Feria Valencia seguirá como siempre.

Otra cosa distinta sería que no se cumpliera, bien porque la feria no genera suficientes beneficios y la Generalitat, agobiada económicamente, no pudiera completar con sus aportaciones los pagos anuales. Entonces se podría dar la situación de que los inversores que financiaron la ampliación ejecutaran esa hipoteca, quedándose con los derechos de uso y explotación de todo el recinto que tiene concedidos el Ayuntamiento a Feria Valencia.

Antes de ello, en todo caso, se echaría mano del seguro que se constituyó en su momento para la emisión, otra de las muchas obligaciones que tuvo que asumir la feria para poder recurrir al mercado mayorista en busca de financiación.

En ese improbable (por ahora, como lo era que el rating de la Comunitat se desplomase en 2002) escenario, hay que apuntar que la institución -una sociedad creada en un limbo entre empresa privada con infuencia pública- mantendría su cartera de certámenes y marcas, que no se incluyen en el acuerdo. Lo que se hipoteca es el derecho al uso de las instalaciones. Las ferias quedan al margen y son propiedad de Feria Valencia.

La segunda línea a seguir afecta a la Generaliat. Gobierno valenciano tiene comprometidos 5.044 millones de euros en avales sobre préstamos pedidos por sus empresas públicas. Se desconoce cuántos de estos contratos de garantías tienen cláusulas de salvaguarda similares a las de Feria Valencia. Los ratings se utilizan en este tipo de contratos de avales porque sirven para establecer la solvencia del avalista. Una caída de la confianza de las agencias de calificación como la que está sufriendo la Gobierno valenciano tiene efectos colaterales, como el de Feria Valencia.