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La CEOE contra todos: no a la reforma, no a la huelga

15/06/2010

Los sindicatos anunciaron ayer la convocatoria para septiembre u octubre, un paro general en contra del decreto de reforma del mercado laboral del Gobierno. La patronal afirma que España no está para huelgas

-El documento de la reforma propuesta por el Ejecutivo

VALENCIA (L. MASERES/AGENCIAS). La patronal de los empresarios no parece encontrar satisfacción con el panorama que se le presenta. A un día para que el Gobierno central apruebe la reforma laboral, y a un par de meses para que los sindicatos convoquen una huelga general, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha dicho no a todo.

Tras meses de reuniones que finalmente han desembocado en desacuerdo, las premisas que la CEOE puso sobre la mesa han quedado relegadas a un segundo plano. También las de los sindicatos, ya que al final, quien decidirá mañana sobre la reforma laboral será el Gobierno y no los actores sociales.

Gerardo Díaz FerránDíaz Ferrán criticó ayer que CC OO y UGT hayan convocado una huelga general -previsiblemente para el 29 de septiembre, momento en que habrá otros paros promovidos por los sindicatos europeos-, porque según dijo, España no está para huelgas.

A pesar de que la postura de los empresarios y de los sindicatos ha sido irreconciliable durante meses, ahora el patrón pide a los trabajadores que arrimen el hombro "todos en la misma dirección". "Lejos de aportar soluciones a los problemas, una huelga general en estos momentos sólo los agravaría", declaró el presidente de la CEOE.

El otro ‘no' de la CEOE fue para la reforma laboral, ahora en manos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El secretario general de la patronal, José María Lacasa, tachó ayer la propuesta sobre contratación, extinción de contratos o flexibilidad interna de "insuficiente".

"Nos gustaría que desde la OIT (Organización Internacional del Trabajo) se propiciaran actitudes responsables, favorables a reformas sensatas, inteligentes, consensuadas en lo posible dentro del diálogo social, pero también incisivas y ambiciosas", apuntó el secretario general.

A pesar de que las negociaciones ya están fuera de juego - desde el pasado fin de semana las reuniones son entre el Gobierno y los partidos políticos-, Lacasa pidió un enfoque basado en la "flexiseguridad" e indicó dos premisas a seguir.

La primera de ellas, estabilidad macroeconómica. "La base para un crecimiento sostenible es la estabilidad macroeconómica, que exige un saneamiento de las cuentas públicas y una corrección de los principales desequilibrios".

La segunda a la que hizo referencia fue a la estabilidad financiera. "Las reformas del sistema financiero deberán servir para generar normalidad en el mercado, a través de un sistema más fiable y eficiente de financiación a las empresas", apuntó Lacasa.

LA REFORMA LABORAL COMO PROYECTO DE LEY

Tras anunciar que el próximo miércoles se aprobaría el decreto de la reforma laboral, y el día 22 de junio se convalidaría el texto en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha cambiado de planes. Según anunció ayer, ahora tiene voluntad de tramitar la reforma como proyecto de ley para dar "seguridad jurídica" al nuevo marco regulador, que modificará leyes clave como el Estatuto General de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Empleo, según informaron fuentes gubernamentales.

La reforma la aprobará el Gobierno este miércoles, pero en un decreto-ley que dejará clara su "voluntad política" de acometerla y entrará en vigor tan pronto como se publique en el BOE -posiblemente el jueves-, pero podría ser enmendada en el trámite parlamentario. Así, aunque el decreto-ley será sometido a la convalidación del Congreso el 22 de junio, la aprobación definitiva de la reforma se demorará hasta octubre o incluso noviembre.

Según las fuentes consultadas, el Gobierno empezó a debatir este asunto el pasado viernes -fecha en que envió sus propuestas a los agentes sociales y a los grupos políticos- y, aunque inicialmente se consideró que sería más rápida la mera convalidación del decreto en el Congreso, finalmente el Ejecutivo ha concluido que la reforma tendrá mucha más seguridad jurídica si se tramita como proyecto de ley.

Además, de esta forma se facilitaría la convalidación del decreto-ley por el Congreso con el apoyo más amplio posible, ya que se garantiza a los grupos políticos que podrán introducir aportaciones durante el trámite parlamentario.

Las fuentes subrayaron que este caso es diferente al decreto-ley de recortes convalidado hace dos semanas en el Congreso sólo con los votos del PSOE, porque en esa ocasión habría supuesto frenar ajustes que se consideraban indispensables.

ZAPATERO LO AVANZÓ A LA EJECUTIVA DEL PSOE

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recordó ayer ante la Ejecutiva Federal de su partido que no hay precedentes de una reforma laboral aprobada por decreto-ley, de manera que no tendría problema en tramitarlo como proyecto de ley, según fuentes.

De hecho, sí que hay un precedente, pero lo anuló el Tribunal Constitucional. Se trata de la reforma laboral que aprobó el Gobierno de José María Aznar en 2002, a la que el PSOE se refiere como 'el decretazo'. Los socialistas y otros grupos la impugnaron ante el Constitucional aunque éste la anuló en 2007, mucho después de que el mismo Gobierno suavizara o negociara los puntos más polémicos de la ley.

 

 

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