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MADRID (VP/EP). Más de 230.000 empleados públicos de la Comunitat Valenciana están llamados a secundar la huelga general convocada por CCOO, UGT y CSI·F, a la que se sumaron posteriormente otras organizaciones sindicales, para protestar contra los recortes salariales incluidos en el plan extraordinario del Gobierno central para acelerar la reducción del déficit público.

Este paro general de la función pública se acompañará de más de 60 concentraciones, manifestaciones y asambleas en toda España, en contra de la decisión del Ejecutivo estatal de rebajar el sueldo a los funcionarios de todas las administraciones públicas entre un 0,56% y un 7% de media a partir de la nómina de junio, una medida con la que espera ahorrar más de 4.000 millones de euros hasta 2011.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, Luis Lozano, señaló en rueda de prensa que esas medidas "sólo incurren en el recorte del gasto social" y son "injustas, porque hacen recaer el peso de la crisis sobre quienes no la han provocado; no son equitativas, porque no corresponderemos con el mismo peso los diferentes sectores; y son ineficaces, porque el principal problema que tiene el país, que es el paro, no va a verse resuelto con estas medidas, antes al contrario", subrayó.

Criticó igualmente "la campaña de descrédito sobre lo público y los empleados públicos" existente a nivel nacional, con un "deterioro y menoscabo" de su labor que "atenta contra la democracia y el Estado de bienestar", por lo que hizo un llamamiento a la participación masiva en la huelga, mediante un "esfuerzo" de menor importancia que el hecho de cumplir ese "deber" y "evitar tentaciones de futuro".

Por su parte, el presidente de CSI·F, Daniel Matoses, recalcó que ese plan de ajuste supone "la mayor agresión que ha sufrido el sector público y sus empleados" e implica vulnerar un acuerdo alcanzado hace unos meses, en virtud del cual a principios de 2010 los salarios de los empleados públicos se incrementaron sólo un 0,3 por ciento.

El secretario general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de CCOO, Arturo León, suscribió esas críticas y defendió que la retribución que perciben más del 60 por ciento de los empleados públicos "no supera los 1.500 euros al mes" y que, además, "la mayoría de los funcionarios tienen que superar pruebas que preparan durante años".

"Perciben salarios bastante modestos", recalcó León, quien destacó la "gran responsabilidad" que tienen en su labor diaria algunos empleados públicos como los médicos, los bomberos o los profesores y alertó de que "se ataca al sector público por la intención de precarizar el modelo de empleo".

Así, en la Comunitat Valenciana, se convocarán manifestaciones en las tres capitales de provincia a las 19 horas, que partirán de la Plaza de San Agustín, en el caso de Valencia; de la Plaza de las Aulas, en Castellón, y de las escaleras del IES Jorge Juan, en Alicante, y a las que se han sumado numerosas organizaciones.

"SERVICIOS MÍNIMOS ABUSIVOS"

En cuanto a los servicios mínimos decretados con motivo de la huelga, Lozano criticó que "no se han negociado" por parte del Gobierno valenciano, sino que fueron dados a conocer hoy mediante un decreto, "de forma unilateral y, en algunos sectores, de un modo abusivo", que no fue mostrado en la reunión de la Mesa General de la Función Pública del pasado jueves, en la que, según dijo, tampoco "hubo negociación de las cantidades que se iban a detraer".

De hecho, avanzó que "no sería difícil pensar que los tres sindicatos van a recurrir ese decreto" en el que se fijan los servicios mínimos, a lo que Arturo León agregó que "especialmente en el sector de la educación, y muy especialmente en el sanitario, esos servicios mínimos contravienen la doctrina del TSJCV por sentencias firmes declarándolos abusivos e incluso condenando a la Generalitat valenciana con indemnizaciones". "No se puede obstaculizar el derecho de huelga", sentenció.

También irán a la huelga Intersindical Valenciana (Iv), Unión Sindical Obrera (USO CV), Asociación Nacional De Profesores Estatales (ANPE), Interinos de la Generalitat Valenciana (Igeva), Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPLB), Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM CV), Sindicato Independiente (SI-CV), Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT).

Estas organizaciones, que son las más representativas en sectores como enseñanza, sanidad, seguridad pública y administración central autonómica y local, ya realizaron la pasada semana concentraciones en los centros de trabajo de la administración pública, así como ante la Delegación de Gobierno en Valencia y el Palau de la Generalitat.

"CONTESTAR DE FORMA CONTUNDENTE"

Además de sumarse a la huelga general de la función pública, mañana se concentrarán a las 12 horas ante la Delegación del Gobierno en Valencia y las Subdelegaciones en Alicante y Castellón, y participarán en las manifestaciones vespertinas con el objetivo de "contestar de forma contundente" a unas medidas que "afectan a todos los trabajadores públicos y privados" y que provocarán "un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos".

En declaraciones a Europa Press, remarcaron que "no puede tolerarse que la inseguridad jurídica invada la función pública hasta convertirla en un territorio sin derechos sociales ni laborales", por tratarse de "un precedente de extrema gravedad". "Tras dar este paso, no hay nada seguro en las Administraciones Públicas, ni sueldos, ni puestos", alertaron las mismas fuentes.