07/06/2010 La patronal de constructoras Seopan confía en que la nueva Ley de la Morosidad introduzca la posibilidad de poder pagar las facturas a sus proveedores mediante un sistema de 'confirming' bancario, para poder cumplir así con el plazo máximo de pago a sesenta días al que obliga la nueva norma y, a la vez, asumir la "previsible morosidad" de las administraciones públicas sin aumentar su deuda financiera

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MADRID (EUROPA PRESS).  En virtud de este sistema, una constructora daría a su banco la orden de pagar a sus proveedores en sesenta días. La entidad financiera se convertiría en titular de los derechos de cobro de la factura abonada y se encargaría de reclamarla en su momento al grupo constructor.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Seopan, David Taguas, aseguró que la patronal mantiene intensas conversaciones con todos los grupos parlamentarios tendentes a lograr la introducción, vía enmienda, de este sistema de pago en el texto de la nueva Ley de Morosidad que el Senado vota esta semana.

Taguas advierte de que en caso de que esta fórmula de pago no se contemple, las constructoras aumentarán su endeudamiento financiero. Estas empresas tendrán que recurrir a crédito bancario para cumplir con el pago a 60 días a sus proveedores, habida cuenta de que, de su lado, tendrán "serias dificultades" para cobrar de la Administración en los 30 días que fija la ley.

"Si las empresas constructoras de obra pública deben pagar ahora a proveedores y subcontratistas a sesenta días y van a seguir cobrando de la Administración a una media de 157 días, dependerán aún más del crédito bancario, en un escenario de fuertes restricciones de crédito", avisó.

Según sus datos, en la actualidad, la Administración debe al sector unos 16.500 millones de euros por contratos de obra pública pendientes de pago que superan los sesenta días.

EXCEPCION NECESARIA

Por ello, Taguas considera necesario introducir una "excepción" en la nueva Ley de Morosidad, para la que defiende el sistema de 'confirming', al asegurar que no supone ni coste ni riesgo para el proveedor o subcontratista.

Según detalló, con este sistema el contratista principal es el que se encarga de gestionar y obtener la autorización del 'confirming' con el banco, el que responde ante la entidad por el vencimiento final de la factura, y el que asume todos los gastos financieros de la operación (intereses y comisiones).

De este modo, Seopan considera que la introducción de este sistema de pago cumpliría con el doble objetivo de que proveedores y subcontratistas pudieran cobrar en el plazo establecido en la nueva Ley de Morosidad y que las empresas constructoras mejoraran su situación, dado que el 'confirming' no computa como deuda financiera.

"Esta solución beneficia a todas las partes. Por ello, cabe esperar que sea apoyada por los grupos parlamentarios en el pleno del Senado el próximo miércoles 9 de junio", aseguró Taguas.