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VALENCIA. Con cierta expectación se esperaba este miércoles la comparecencia del conseller de Economía Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, en Les Corts. En sus manos está la, posiblemente, mayor patata caliente de las que llenan las manos de una Generalitat con graves problemas económicos: intentar poner orden al sector empresarial público valenciano, un entramado de más de un centenar de empresas, entes, organismos autónomos y fundaciones endeudadísimas, deficitarias y, en no pocos casos, opacas.

Se esperaba que Verdeguer desvelase, finalmente, el contenido del ya ansiado decreto que creará la Corporación Empresarial Pública Valenciana. Pero el responsable de la cartera de Industria se limitó a apuntar las líneas básicas sobre las que se regirá un holding que no empezará a funcionar hasta marzo del año que viene.

Otro avance nimio en una situación apremiante, pues como reconoció Bruno Broseta, responsable del sector empresarial y de todo este proceso, el decreto no incluirá ni datos concretos sobre el cierre, fusión o remodelación de los organismo que agrupe (entre los que no estarán RTVV, CACSA ni la Agencia Valenciana de Turismo).

Pese a ello, de las palabras de Verdeguer ante Les Corts sí se puede extraer una conclusión que, no por sospechada, deja de ser relevante: la falta de cualquier tipo de control en la actividad de estas empresas públicas, ni de los altos cargos que las han dirigido ni del gran apalancamiento que han acumulado.

Y es que, con las líneas dibujadas por Verdeguer, se deduce sin demasiado esfuerzo que el descontrol ha sido la norma. Así se explica que los cuatro puntos básicos sobre los que girará la orden sean:

1. El control interno para evitar desviaciones presupuestarias en las empresas públicas y para comprobar que se centran en los objetivos para las que se han creado.

2. El control y reestructuración de la deuda de lo que se encargará el IVF.

3. El pago a proveedores. "Una vez se abran los mercados de deuda se reasignarán los fondos de gasto corriente de las empresas a pagar las facturas", ha dicho Verdeguer.

4. El personal directivo estará sujeto a incompatibilidades y obligaciones de declaraciones de patrimonio que el Consell. Su sueldo no deberá superar el sueldo de los altos cargos. En dos meses se aplicarán estas medidas.

Blanco y en botella.

AHORRO DEL 20% PARA EL PRÓXIMO AÑO

Con la puesta en marcha de la corporación, prevista para marzo, el conseller estima que, en un primer ejercicio, se recortarán gastos por 400 millones de euros, "el 20% del presupuesto total del sector el año pasado". Verdeguer aseguró que será un plan mantenido que ofrecerá nuevos ahorros en el futuro.

De ese ahorro el conseller aseguró que destinará el 3% a financiar a las empresas emprendedoras, unos modestos 12 millones

En ese mismo capítulo de ayuda a las empresas para relanzar la economía, Verdeguer anunció la ampliación de los instrumentos del IVF. Se creaerá una línea de financiación, como préstamos participativos, para empresas que presenten proyectos que se consideren estratégicos por su impacto economico y la creación de empleo.

También habrá incentivos especiales para empresas que presenten proyectos de cooperación con el objetivo. Bajará el importe mínimo de los créditos del IVF, hasta los 250.000 euros, ampliando los periodos de carencia y los de amortización. .

Verdeguer también aseguró que las ayudas empresariales se gestionarán desde un nuevo organismo que concentrará todas las ayudas y subvenciones destinadas a las empresass para lograr la mayor efectividad de los fondos.

MEJORAR LA IMAGEN ENTRE LOS INVERSORES

Respecto a los problemas para refinanciar la deuda actual y conseguir nuevos préstamos, Verdeguer anunció que presentará como aval para los inversores los planes de austeridad. "Se creará una web destinada exclusivamente a las emisiones de deuda pública en la que se mostrarán todos los datos de interés para los inversores, aportando transparencoa para superar los recelos", dijo.

Los grupos de la oposición -PSPV, Compromís y EUPV- han valorado las "buenas ideas" planteadas por Verdeguer y su voluntad de alcanzar "soluciones consensuadas desde un diálogo constructivo", pero coincidieron en que las medidas y recortes anunciados son "insuficientes" y están faltos de concreción en compromisos y datos.

En concreto, el diputado socialista Francisco Toledo le exigió que gaste 2.000 millones de euros menos al año en el sector público empresarial -de un total de más de 3.500 millones- y dudó de que los 'populares' le permitan efectuar el recorte anunciado "porque hay demasiados afectados que a dedo fueron enchufados".

"NO PASEMOS DE LOS TRAJES AL FRAC"

Además, le urgió a que "pague lo que debe" para que no se "identifique" a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana "con el señor del frac". "No pasemos de los trajes al frac", reivindicó.

Mireia Mollà, de Compromís, le reclamó concreción en el pago a proveedores y en las iniciativas que no superan el análisis coste-beneficio y se ha interesado por cómo se efectuará ese recorte en las empresas públicas, cuestión en la que ha incidido la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ante el temor de que recurran a "privatizaciones" o Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) "encubiertos".

En la réplica, Verdeguer aclaró que son "las primeras medidas" del "proceso continuado de reestructuración" que se llevará a cabo y ha dicho que "nadie ha hablado de privatizar nada, aunque otra cosa será lo que acabe pasando".

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