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VALENCIA. Si llega a sus manos un dictamen de 2010 del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana, mírelo con detenimiento. Es lo menos que se merece un documento que ha costado 133.965,60 euros. A eso sale cada uno de los cinco que emitió el Pleno de la institución el año pasado, un ejercicio de productividad media.

A día de hoy, el guardián del juego limpio entre las empresas valencianas tiene para gastar 622.880 euros y con sólo siete miembros, destina un 72,4% a gastos de personal: 451.430 euros en 2011. Si todos cobraran lo mismo, saldrían de media a casi 64.500 euros, pero esta plantilla está formada por distintos perfiles profesionales: un presidente y dos vocales (los tres por designación política), un secretario del Pleno, técnicos y administrativos y, en consecuencia, por muy dispares retribuciones.

Sin embargo, no se puede dejar de apuntar que ha viso recortada su asignación de 2010 a 2011. Exactamente un -7,01%, recortando en inversiones reales un -30% (dejándolas en 4.550 euros); en las transferencias corrientes, un -11% (destinando 48.600 euros a impartir cursos para funcionarios que dan a conocer la institución); en compra de bienes y gastos de funcionamiento, un -9,67% (dejando 118.300 euros, de los que la mitad van a pagar el alquiler de su sede en el céntrico parque del Parterre de Valencia) y también en personal, pero lo que menos: un -5,51%.

PLENO DE EXALTOS CARGOS

El Tribunal valenciano no es un órgano judicial, sino dependiente de la Conselleria de Hacienda, y está gobernado por un Pleno, compuesto por tres personas con un pasado común: haber sido altos cargos públicos con el Partido Popular. El presidente Fernando Castelló es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y diplomado en Comercio Exterior pero lleva en política desde 1987, cuando tenía 29 años y entró por primera vez como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón.

En 1991 dejó el escaño en el consistorio al lograr otro en las Cortes Valencianas, que mantuvo hasta 2003. En este periodo fue conseller de Industria con Eduardo Zaplana entre 1999 y 2003, para continuar su carrera política en Madrid a partir de ese año como secretario de Estado de la Seguridad Social a las órdenes del entonces ya ministro de Trabajo.

La derrota del Partido Popular en 2004 le dejó sin cargo, pero sí con escaño en el Congreso de los Diputados, que mantuvo hasta las elecciones generales de marzo de 2008, pese a ser ya desde enero de ese año presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat. Conocedores de las relaciones de poder en el Partido Popular apuntan que en su supervivencia política ha pesado más su condición de miembro de la cuota castellonense y, a pesar de sus esfuerzo, no ha sido perdonado plenamente de su pasado zaplanista.

De hecho, Castelló no es el único miembro del Tribunal con un pasado marcado por el expresidente. La alicantina Carmen Galipienso saltó a la vida política como secretaria autonómica de Justicia en el último gobierno de Zaplana y en el primero de Francisco Camps, pero el choque entre ambas tendencias del Partido Popular la llevó de vuelta a su plaza como secretaria judicial en la sección de jurado de la Audiencia Provincial de Alicante, estigmatiza como afín al ex presidente. Pero ella no estaba dispuesta a conformarse.

Cuando en 2007 quedó vacante la Sindicatura de Greuges (con sede en Alicante) y los socialistas bloquearon la designación del veterano diputado valenciano del PP José Cholbi, Galipienso volvió a la palestra como potencial candidata de consenso. Estaba respaldada por el entonces influyente presidente del PP alicantino y oponente interno a Camps, José Joaquín Ripoll, y se planteaba que sólo por eso ya podía despertar simpatías en el PSPV. Pero ese camino no llevó al destino que se esperaba.

Meses antes de la confirmación definitiva de Cholbi para la Sindicatura, Galipienso recibe una llamada personal de Francisco Camps para ofrecerle este puesto en el recién creado Tribunal de Defensa de la Competencia valenciano y aceptó.

El tercer miembro del pleno es José Luis Juan, histórico concejal del Partido Popular en Valencia y uno de los hombres más unidos a la evolución política de Rita Barberá desde su primer gobierno en la alcaldía. Nacido en 1939, ejerció de abogado hasta 1991, cuando obtuvo un acta de concejal que renovó hasta retirarse en 2007.

Con Barberá ha sido concejal de Mercados desde 1991 y teniente de alcalde de 1999 a 2003. Simultáneamente fue diputado por Valencia en las Cortes Generales entre 2000 y 2004 y senador de 2004 a 2008. Desde ese último año, ocupa únicamente la segunda vocalía del Tribunal de Defensa de la Competencia.

CINCO SENTENCIAS Y ALGÚN INFORME

La entidad asegura en su Memoria de Actividades correspondiente a 2010 que todavía está en un periodo de asentamiento. Por ese motivo tiene que desviar parte de sus esfuerzos a impartir cursos de formación sobre la importancia de la buena competencia entre los funcionarios de otros departamentos e instituciones, para lo que está destinando una media anual de 50.000 euros.

Esa campaña puede explicar el incremento en el número de asuntos tratados. Mientras que antes de la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia Valenciano llegaban a la administración autonómica unos tres o cuatro asuntos que eran resueltos en el mismo año por el Servicio de Defensa de la Competencia, actualmente esta cifra se ha triplicado, hasta llegar a los 12 casos en 2010. Sin embargo, se ha convertido en norma que se queden colgados casos de un año para otro, llegándose a dejar hasta siete casos de 2010 para resolver en 2011.

Además, de los expedientes finalizados en 2010 sólo cinco se han resuelto en el Tribunal de Defensa de la Competencia autonómico frente a los cuatro que ha despachado a Madrid el Servicio de Defensa de la Competencia, que sólo tiene adscrita a una persona y que se puso a las órdenes del Tribunal como organismo de preselección desde 2005, proveniente de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

Hay que apuntar, sin embargo, que el Servicio de Defensa de la Competencia finalizó el trámite de sus casos mandando uno a la Comisión Nacional de la Competencia en Madrid y desestimando otros dos, aunque para ello tuvo que estudiar las denuncias y razonar en un informe la decisión.

El Pleno también mandó a Madrid uno de los casos que había llegado a sus manos, pero sentenció sobre cinco, sancionando en dos ocasiones y archivando en tres. Sin cuestionar la trascendencia que pueda tener para los afectados, las dos acciones contra la libre competencia que sancionó el Tribunal fueron contra por la Asociación de Industriales Feriantes de Valencia por el orden del reparto de puestos en las ferias ambulantes (multa de 4.672 euros y orden de modificación de la normativa) y contra el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana por someter a visado los informes periciales como condición para la inscripción de los colegiados en el Libro de Peritos del Colegio de Ingenieros Industriales (dos multas de 85.000 euros).

De todos modos, el Tribunal de la Competencia de la Comunitat tienen a gala no sólo juzgar y enseñar, también elaborar informes. Aunque en la introducción a la Memoria del ejercicio 2010 Fernando Castelló resalta especialmente que se elaboran estudios sobre la buena competencia en la Comunidad y promete cuatro para 2011, eal día de hoy ha publicado dos: Estudio del TDC sobre 'Informes de grandes superficies comerciales' (51 páginas a letra grande), e 'Informe relativo al anteproyecto de Ley de la Generalitat de Movilidad de la Comunitat Valenciana' (18 páginas). Un resultado que ya dobla al del año 2010 que sólo dejó otro breve Informe sobre el anteproyecto de Ley de Comercio de la Comunitat Valenciana.

CUESTIÓN DE MODAS

Crear instituciones para la competencia que sólo tuviera jurisdicción para conflictos en la comunidad autónoma (ya que si lo superaba tenía que resolverla la Comisión Nacional) se puso de moda a partir de 2005. La fecha no es casual ya que fue ese año cuando empezó la serie de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) de gas Natural sobre Endesa, en la que el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia de España tuvo una importancia capital para conducirla al traste. La dimensión política que adquirió esta operación empresarial hizo que se apreciara el poder de este organismo.

Hasta hace seis años, los conflictos de rivalidad entre empresas se dirimían en la Comisión Nacional de la Competencia en Madrid, a excepción de las de País Vasco y Cataluña. Pero en 2005 se decidió que eso tenía que cambiar para la Comunitat Valenciana y se pusieron las bases de un organismo que empezó a emitir dictámenes dos años más tarde. Y no fue en el único sitio en el que se hizo.

Fuera de esta fiebre por tener un órgano autónomo de la competencia sólo se quedaron Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Baleares, que siguieron dependiendo de Madrid. Pero, cuando no hay harina, todo sea mohína y la llegada de la crisis ha hecho que una comunidad como la de Castilla La Mancha que preside María Dolores de Cospedal haya anunciado su eliminación por considerarla un gasto superfluo para una función ya cubierta por el Estado...