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Alberto Fabra se enfrenta a un 'otoño horrible': cinco desafíos pondrán a prueba su liderazgo

J. CLEMENTE / C. SIERRA. 01/09/2011 El curso político que arranca hoy sitúa al nuevo presidente de la Generalitat ante una carrera llena de obstáculos para cuadrar un presupuesto de 2012 marcado por la obligación de acometer importantes recortes en el gasto para los que se encontrará fuertes resistencias

VALENCIA. Cuando Eduardo Zaplana, al amparo de un mes de agosto como el que acaba de finalizar pero de 2002, desveló que la Generalitat Valenciana había aprobado una nuevo endeudamiento por 3.000 millones de euros cuya amortización se despejaba hasta 2031, la reacción fue unánime. "¡El dinero que nos estamos gastando ahora lo tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos", clamó la oposición.

La realidad, sin embargo, se ha revelado más terca, y si bien esos créditos tendrán que pagarse entonces, la operación, de la que el Consell presumió en su momento como una hábil maniobra para poder seguir contando con caja sin problemas, no supuso que los problemas de financiación se acabaran. Ni tan solo que se aplazaran hasta ese aún lejano final de la próxima década.

La crisis económica y financiera global, sus efectos en los mercados de deuda en general y, en los últimos meses, en el de la soberana en particular, han hecho estallar la burbuja de recurso al crédito y a la refinanciación en el que vivían de forma bastante desinhibida tanto las empresas -que ya hace unos años que los padecen- como las administraciones públicas.

Con la caída de ingresos, la deuda desbocada, los préstamos venciendo, las empresas públicas en causa de disolución, los bancos cerrados a la refinanciación de los pasivos, los impagos disparados y los gastos aún por controlar, el curso político que comienza este septiembre se presenta muy oscuro para el nuevo inquilino del Palau de la Generalitat.

Alberto Fabra, que ha llegado a la presidencia por accidente tras la dimisión forzada de Francisco Camps, tiene por delante un otoño 'horribilis'. Encontrar una solución al magno problema económico que presenta la Generalitat es un reto al que se enfrenta el presidente y en el que tendrá que demostrar tanto su capacidad política para poner en marcha las medidas de ajuste necesarias como su liderazgo y ascendencia sobre un Consell que le llega heredado.

Una carrera que tiene cuatro grandes obstáculos antes de alcanzar la meta:

1. LA DEUDA. Los 17.895 millones de euros que debe la Generalitat Valenciana se han convertido en una losa. Pese a que los vencimientos que tiene que atender este año varios vencimientos, entre ellos los 1.500 millones de bonos patrióticos emitidos en diciembre de 2010. Pero además, el el Consell mantiene abiertas líneas de crédito que le está costando renovar y préstamos a corto para liquidez cuya amortización se le echa encima y que trata de aplazar con escaso éxito.

Según ha podido saber ValenciaPlaza.com, en agosto la Generalitat tenía vencimientos por 400 millones de euros. Solo consiguió refinanciar 12 millones, ante la negativa de los mercados a mantener vivo su saldo acreedor. A la Generalitat de Catalunya le ha ocurrido algo similar: solo encontró 20 millones para renovar y aplazar de la deuda que le vencía.

Además de estas obligaciones de pago, a las que el Gobierno valenciano no puede fallar (ni de momento lo ha hecho), la caja autonómica debe buscar dinero para acabar el año. Tiene autorización para emitir cerca de 2.000 millones. El problema en estos momentos no es tanto el permiso del Gobierno central y del Banco de España para poder hacer emisiones si no la falta de disposición del mercado de deuda soberana para comprar bonos a un precio razonables. Recurrir a la desesperada a la financiación a cualquier precio tiene consecuencias futuras en el gasto financiero que se acumula en los presupuestos.

2. EL GASTO. La elaboración del presupuesto para 2012 es un trabajo que pondrá a prueba la capacidad de apretarse el cinturón de los miembros del Consell y la capacidad tanto del presidente, que ha prometido meter la tijera, como de su equipo económico, liderado por los consellers José Manuel Vela y Enrique Verdeguer, de obtener compromisos en el techo del gasto de todos los departamentos de la administración. Este mismo martes la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, también del PP, anunció un recorte del 20% en el presupuesto de su comunidad para 2012.

En la liquidación de 2010 el desbarajuste en los pagos de todos las consellerías fue mayúsculo. No se pudieron atender facturas de proveedores, subvenciones, transferencias de capital o inversiones por más de 2.000 millones de euros y el porcentaje de impago, que fue del 13% de media, alcanzó más del 50% en algunas consellerías.

Dado que los ingresos ya han experimentado una caída notable en el pasado ejercicio por el descenso de la recaudación en el IVA y el IRPF (impuestos vinculados directamente a la actividad económica), la previsión de que la entrada de dinero cambie utópica. Por tanto, para cuadrar el presupuesto y no superar el 1% del déficit, como está previsto, los recortes deberán llegar de forma visible en todos los capítulos y por más de dos dígitos.

3. LOS FUNCIONARIOS. El año pasado la Generalitat atendió al 100% dos capítulos: el servicio de la deuda y los gastos de personal. El recorte en el coste del capítulo uno del presupuesto (funcionarios, eventuales, altos cargos y personal administrativo) es un reto de consecuencias imprevistas para cualquier gobierno. Mientras que el recorte en los cargos de confianza sigue por cuantificar de forma real, el grueso del gasto en la partida de personal corresponde a los funcionarios y trabajadores de la sanidad.

El conseller de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado la Mesa de la Función Pública para el próximo 5 de septiembre para "explicar la medidas de recorte". La predisposición de los sindicatos, que van ver recortadas las subvenciones públicas que reciben y el número de liberados sindicales, así como la firmeza del Consell en la negociación serán determinantes en una proceso que no se antoja fácil.

4. EL SECTOR PÚBLICO. El agujero negro en que se han convertido las empresas públicas de la Generalitat Valeciana es uno de los puntos más complicados a los que se está enfrentando el nuevo Consell. La fuerte deuda acumulada, 5.000 millones, y los graves problemas para atenderlos por parte de unas empresas en pérdidas y sin ingresos, necesitan de algo más que buenas palabras. Bruno Broseta, secretario autonómico del Sector Público Empresarial, está al frente de una reforma para agrupar el rosario de más de 128 empresas y fundaciones de capital público y de plantear un plan de saneamiento creíble que pasa por el recorte del sueldo de sus directivos: otra fuente de problemas.

Fuera de esa consolidación y con un plan de futuro específico quedará RTVV, empresa que, con Ciegsa, CACSA y Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, concentra la deuda centrifugada.

5. Y EL PAGO A LOS PROVEEDORES. Ya no pueden más y lo llevan anunciando desde hace meses. El impago a las empresas proveedoras de bienes y servicios a la Generalitat ha sido, seguramente, la mecha que prendió fuego a la 'contestación' de las grandes organizaciones y lobbys empresariales frente a la Administración autonómica, iniciada a lo largo del año pasado.

Las múltiples reuniones producidas desde entonces entre las partes con el objetivo de fijar un calendario de pagos han resultado infructuosas: es inútil, cad vez que la Generalitat consigue 'juntar' un capital para pagar parte de sus deudas con los proveedores acaba empleándolo en hacer frente a sus compromisos de deuda con los bancos ya que los mercados no le permiten obtener fondos por la vía de la renegociación. Paga ahora los excesos del pasado.

Los proveedores de sanidad son, quizás, los más irritados y ayer dieron un ultimatun a la Ganeralitat: o paga en un mes o dejarán de suministrar sus productos a la red de hospitales públicos. Una grave amenaza que sitúa a la Administración autonómica entre la espada y la pared.

En total, según fuentes no oficiales, la Generalitat adeuda más de 2.000 millones en facturas a sus proveedores, una deuda que año tras año se ha ido aplazando mirando hacia otra parte y sin querer coger el toro por los cuernos.

Pesada herencia la que ha recibido Alberto Fabra de sus antecesores. Dificilmente nadie quisiera estar hoy en su piel... De su habilidad y determinación para resolver estos problemas dependerá su supervivencia y la de la economía valenciana.

 

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