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VALENCIA. El cierre definitivo del presupuesto de la Generalitat del pasado ejercicio ha sacado a la luz las prioridades del Ejecutivo autonómico a la hora de gestionar unos fondos públicos lastrados por la crisis y la caída de ingresos.
La liquidación de las cuentas del año pasado, publicada este lunes en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, muestran que del total de obligaciones de pago reconocidas por el Consell, solo el coste de la deuda financiera y las nóminas se salvaron de los impagos.
En el resto de capítulos las facturas que se quedaron en el cajón alcanzaron una media del 13% del total gastado en el ejercicio (no se cuenta lo que se arrastra de ejercicios anteriores), si bien en algunos casos y consellerías supera el 50% y en algunos organismos administrativos (tampoco se incluyen en la liquidación las empresas públicas) no se abonó ni un euro.
La publicación detallada de la liquidación presupuestaria, la primera vez que se hace a este nivel, confirma el trazo grueso adelantado en marzo por el entonces conseller de Economía, Gerado Camps. Al final de 2010, la Generalitat había acumulado obligaciones de pago sin atender por 2.000,29 millones de euros, el ya mencionado 13% del total del gasto.
Esa cifra se reparte por todo el organigrama administrativo del Gobierno valenciano, aunque en diferente medida. El grueso en cantidad se lo lleva Sanidad, que dejó de atender facturas por 726 millones de euros. Corresponden fundamentalmente a proveedores. Esta cifra, con todo, es, porcentualmente, menor que la de otras áreas de gestión, ya que alcanza al 11,5% del presupuesto de gasto, el mayor de todas las consellerías, por encima de Educación. Este departamento acumuló, por su parte, 331 millones para el futuro, el 7,6% de su presupuesto de gasto.
El resto de impagados se distribuyó fundamentalmente entre Agricultura, 162 millones, el 62%, Bienestar Social, 117 millones, el 16,7%, Infraestructuras, 119 millones, el 28%, Industria, 103 millones, el 48% y Urbanismo y Vivienda, 92 millones, el 31%. El resto de consellerías también presentan cifras de facturas pendientes multimillonarias, aunque menores pero no desdeñables (más de 60 millones en Justicia o Economía).
LA SINDICATURA DE COMPTES PAGA HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO
Llama la atención que algunos organismos administrativos, como el Consell Valencià de Cultura (1,99 millones de euros) o la Acadèmia Valenciana de la Llengua (4,28 millones) consten como que no han atendido ningún pago, es decir, que han acumulado para el futuro el 100% de las obligaciones contraídas en el ejercicio. Como dato positivo, y casi para dar ejemplo, la Sindicatura de Comptes -el órgano público fiscalizador de las cuentas- ha pagado hasta el último céntimo (6,4 millones). También el Consell Jurídic Consultiu (3 millones).
Por capítulos, es decir, de forma transversal, los únicos que aparecen limpios (cero euros de impagados en el año) son los correspondientes al pasivo financiero y a la amortización de deuda. Es decir, los bancos. Este es un hecho conocido y asumido por la Generalitat, ya que cualquier impago de los intereses o los vencimientos de los créditos que tiene concedidos el Consell supondría un efecto en cadena de efectos desastrosos.
El año pasado no fue un ejercicio de alto coste en este apartado (unos 145 millones entre cupones y amortizaciones).
Lo que sí fue mayor (y se tuvo que incrementar en 45 millones sobre lo previsto) fueron los gastos financieros, el coste de pedir dinero prestado si quiera temporalmente, que ascendió a 477 millones. Se atendió prácticamente todo -había 2,2 millones pendientes al cierre- por el mismo motivo que el apuntado anteriormente.
También se atendieron de forma diligente los gastos de personal, el mayor capítulo del presupuesto, que supero los 5.417 millones, de los que solo quedaban pendientes 18 millones, el 0,34% del total. Visto al detalle este apartado, la Generalitat atendió en su totalidad las nóminas de los altos cargos, siete millones de euros, del persona eventual (de confianza), 4,87 millones, de los funcionarios, 3.111 millones, del personal fijo, casi 70 millones, y del resto de empleados públicos (fundamentalmente el de Sanidad), 1.058 millones. También se cubrieron al 100% los incentivos al rendimiento (pluses), que ascienden a 306 millones.
A partir de ahí, los impagos son multimillonarios: compra de bienes corrientes, 794 millones, el 30% del total, transferencias corrientes, 343 millones, el 8,77%, inversiones, 348 millones, el 53%, transferencias de capital, 401 millones, el 29% de lo comprometido... Así hasta los 2.000,29 millones, el 13,57% del gasto.
LA GENERALITAT NO SE PAGA NI A ELLA MISMA
En ese cómputo de impagados no solo está el sector privado, los proveedores, aunque se llevan una buena parte (635 millones en material, 36 millones de mantenimiento o los 102 millones de conciertos de asistencia sanitaria). La Generalitat también se adeuda a si misma.
Las transferencias a empresas públicas y fundaciones (ya sea por ampliaciones de capital o por asignaciones anuales) también se guardan en el cajón: 342 millones pendientes. Tampoco se han atendido inversiones vinculadas a la mejora el servicio público por más de 200 millones, el 70% de lo presupuestado.
La lista se hace interminable y demuestra los problemas de la Generalitat para atender los compromisos que va adquiriendo por la caída de los ingresos (paralela a lo que deja de pagar tras disminuir su recaudación por impuestos en algo más de 2.000 millones, fundamentalmente del IVA, el tramo autonómico del IRPF y la supresión del impuesto de patrimonio).
La Consellería de Hacienda asumió la situación y presumió de transparencia, ya que este nivel de detalle en la liquidación presupuestaria no se había dado hasta este año. En todo caso, el DOCV publicó el cierre de las cuentas este lunes 29 de agosto cuando el acuerdo del Consell es del 14 de julio, cuando aún era presidente Francisco Camps.
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