29/08/2011 ValenciaPlaza.com inicia un nuevo ciclo de debates con una cuestión de actualidad: la reforma de la Constitución para introducir límite al gasto público. El catedrático Joaquin Maudos se declara a favor siempre que "esté bien diseñada e incorpore mecanismos penalizadores". Participan igualmente hoy Vicente Carbona, experto en comunicación, y Cruz Sierra, director de este diario

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VALENCIA. El acuerdo PP-PSOE sobre reforma de la Constitución para introducir en ella una norma de estabilidad presupuestaria ha provocado una notable polémica tanto en el terreno económico como en el político al no haberse previsto un referéndum para lel cambio constitucional. Limitando las cuestiones a los aspectos más generales y dejando de lado las cuestiones políticas, para unos supone un avance en la vuelta a la normalidad de las administraciones públicas tras unos años de expansión acelerada del déficit público. Y por tanto un paso importante en la recuperación de la confianza en la economía española por parte de los inversores internacionales.

Para otros, sin embargo, representa un compromiso inflexible respecto a la posibilidad de incurrir en déficit presupuestario que supone el abandono de la política contracíclica que ha desarrollado el sector público desde 1945. La medida pretende además determinar los comportamientos presupuestarios de municipios y comunidades autónomas, alguna, como la valenciana, muy endeudadas. Y quizá ignora las asimetrías en financiación autonómica o que son estas  administraciones las que gestionan servicios con gasto de notable rigidez frente al ciclo como la sanidad o la educación.

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JOAQUÍN MAUDOS, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie

"Una regla fiscal con rango constitucional puede ser un buen instrumento para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y dar confianza a los mercados, relajando así la prima de riesgo. Pero para que sea eficaz es necesario que cumpla dos requisitos: que esté bien diseñada y que incorpore mecanismos penalizadores en caso de desviación del objetivo fijado. En el primer caso, la regla debe establecerse en términos de déficit estructural y no corriente para tener en cuenta el papel de los llamados estabilizadores automáticos. De esta forma, la regla tiene en cuenta la influencia del ciclo económico por lo que en épocas de recesión el compromiso fiscal no estrangula la recuperación.

En el segundo caso, es necesario que la regla se cumpla y que incorpore mecanismos correctores para la vuelta a la senda del objetivo en caso de que haya una desviación. Por estos dos motivos, es muy importe definir con rigor la regla (de momento, se desconocen los detalles), teniendo adicionalmente en cuenta el nivel existente de deuda pública/PIB dado que si el nivel de partida es muy alto el objetivo de déficit estructural debe ser más estricto. Lo que me preocupa es que la regla entre en funcionamiento dentro de muchos años, lo que resta eficacia al anuncio de introducción de la regla fiscal en la carta magna".

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VICENTE CARBONA, especialista en comunicación y márketing, licenciado en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston

"La inclusión en la Constitución de una norma sobre el techo del gasto presupuestario no va a ayudar a resolver los problemas estructurales de la economía española, ya que no ofrece nada para asegurar la reforma del mercado laboral, o de los sistemas financiero y educacional, que son algunos de los asuntos más urgentes.

Tampoco significará la recuperación de la confianza en la economía española por parte de analistas e inversores internacionales. La percepción del mercado sigue siendo que España está al borde del caos, gobierne quien gobierne, y que su deuda es inmanejable.

Por otro lado, es difícil imaginar que esta norma promueva la disciplina presupuestaria en las administraciones autonómicas, incluyendo la de la Comunidad Valenciana, que gestionan servicios fundamentales como la sanidad o la educación. Siguen basando sus decisiones en consideraciones políticas, en lugar de cultivar un sentido de responsabilidad colectiva, y nadie controla o audita estas cuentas de manera creíble".

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CRUZ SIERRA, periodista y director de ValenciaPlaza.com

"Faltará por analizar el cumplimiento que las diferentes niveles de la Administración hagan de la nuerva norma constitucional pero, de salida, no hay causas objetivas para que la reforma perjudique a la economía nacional. Su grado de eficacia estará marcado por el de su cumplimiento y hay antecedentes de que la ‘obediencia' a otras normas constitucionales ha sido ciertamente insuficiente.

Por otra parte, no se entienden muy bien los recelos de algunos sectores procedentes de la izquierda ante una norma que intenta ajustar el gasto al volumen de ingresos frente a las corrientes verdaderamente neoliberales de acudir al endeudamiento por encima de cualquier consideración, fuente de beneficios para los llamados mercados (intermediarios, especuladores y banca internacional).

No gastar lo que no se tiene pero emplear el gasto disponible con criterios y prioridades sociales se antoja a priori más progresista que permitir a la clase gobernante -de izquierdas y de derechas- a endeudase por encima de sus posibilidades con los resultados que todos conocemos y que han conducido a las finanzas internacionales a la penosa situación actual".