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Diversos analistas, profesionales y expertos en banca coinciden en señalar que el mayor impacto de la crisis económica sobre la banca española se va a producir en este año 2010. No hay más que hacer un breve recorrido por las partidas de la cuenta de resultados para darse cuenta de los efectos de la crisis: un margen por intereses muy reducido en un contexto de bajos tipos de interés; caída en los ingresos financieros dada la existencia de tasas de crecimiento negativas en la inversión crediticia; reducción de los ingresos por comisiones como consecuencia de la caída en la actividad; y fuerte reducción del resultado de la actividad de explotación como consecuencia de las elevadas provisiones que es necesario realizar para hacer frente al aumento de la morosidad. En resumen pues, una caída muy acusada en el beneficio de las entidades.

En estos momentos, los datos más recientes sitúan la morosidad en créditos en el 5,05% con una cobertura con provisiones del 59%. En euros contantes y sonantes, estamos hablando de 92.624 millones de créditos de dudoso cobro y de 54.258 millones de euros en provisiones. Pero si descendemos al detalle por destino en la financiación, la morosidad que más preocupa es la de los créditos a la promoción inmobiliaria, cuyo saldo vivo en el balance asciende a casi 325.000 millones de euros, de los que 28.000 (casi el 9%) son morosos.

No obstante, la morosidad real debe ser muy superior a la contable a juzgar por la reciente decisión del BBVA de reclasificar parte de sus préstamos a promotores como de dudoso cobro (dotando las correspondientes provisiones), previendo un deterioro a lo largo de 2010. Y no dejemos de lado la morosidad del préstamo hipotecario que si bien se sitúa en niveles más reducidos (3,05%), estamos hablando de un saldo vivo de 652.000 millones de euros, cuyo deterioro puede aumentar con el repunte de la tasa de paro prevista para este año.

Aunque el escenario agregado presentado por algunos analistas para todo el sector bancario muestra que existen provisiones y beneficios suficientes para hacer frente a las pérdidas esperadas (sin necesidad de tocar el capital), a nadie debe escapársele el detalle de que los datos agregados siempre esconden importantes diferencias entre entidades, que implica que coexistan bancos con capacidad de resistencia junto a otros que, desgraciadamente, no van a poder resistir.

Y de este mensaje es muy consciente el Banco de España cuando ya en junio del año pasado aprobó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con una dotación inicial de 9.000 millones de euros pero que puede crecer hasta los 99.000 millones, magnitud nada despreciable que equivale al 9% del PIB.

Desgraciadamente, se ha perdido un tiempo precioso sin que las entidades hayan podido comenzar a digerir el ajuste. Han pasado ya siete meses desde la aprobación del FROB y ninguna entidad ha podido acceder a los fondos necesarios para realizar la necesaria reestructuración. Muchos han sido los anuncios de proyectos de integración (en el caso concreto de las cajas de ahorros), pero ninguno ha comenzado como consecuencia del retraso en la aprobación por parte de la Comisión Europea de los criterios y condiciones a los que ha tenido que ajustarse el FROB.

Seguro que tras la aprobación de estos criterios a finales del pasado mes de enero, vamos a ser testigos de una carrera para acceder a esa financiación teniendo en cuenta que, en principio, y salvo prórrogas de última hora, el acceso al FROB termina el 30 de junio de 2010.

A grandes problemas grandes remedios. ¿Qué quiere decir esto en el caso concreto del sector bancario español? Que si 2010 va a ser el peor año para nuestro sector bancario, la magnitud de la crisis exige un ajuste drástico: aumentos de eficiencia a través de una drástica reducción de gastos de explotación; necesidad de hacer frente a un importante exceso de capacidad instalada, lo que exige cierre de miles de sucursales (algunos hablan del 25%, lo que supone unas 11.000) y recorte del empleo; reforzar la solvencia de la entidades; reducir el elevado nivel de apalancamiento; mejorar la gestión de la liquidez; etc.

Y por si fuera poco, los cambios que se avecinan en la regulación a nivel internacional pueden imponer un ajuste adicional al sector bancario español. Al margen de anuncios como establecer algún impuesto a la banca para justificar socialmente las ayudas recibidas, las propuestas del BIS (Banco de Pagos de Basilea) van dirigidas a incrementar la calidad y cantidad de capital, a ampliar la gama de activos a considerar para las exigencias de capital (derivados, repos, etc.), a imponer límites al endeudamiento, a crear "colchones" de capital en épocas de auge (como ya hace desde hace años el Banco de España), a imponer ratios mínimos de liquidez, etc.

Y un incremento en la ratio mínima de solvencia (que se sitúa en la actualidad en el 8%) supone incrementar el capital, lo que puede poner en aprietos especialmente a las cajas de ahorros, a la vez que incrementaría el coste de la financiación bancaria, afectando negativamente a la inversión crediticia.

En resumen, la magnitud y duración de la crisis de la economía española ha hecho que hayamos pasado en poco tiempo de hablar de las fortalezas de la banca española para afrontar la crisis (inicialmente, elevada eficiencia, solvencia y rentabilidad, reducida morosidad y elevadas provisiones) a hablar de sus debilidades y de los retos a los que se enfrenta (excesiva dependencia del ladrillo, aumentos de la morosidad y reducción de su cobertura, exceso de capacidad instalada, drástica reducción de los beneficios, insuficiencia de recursos propios, elevado endeudamiento, hacer frente a un importante volumen de vencimientos de deuda, etc.).

Y en nada ayuda al sector bancario el deterioro de la imagen internacional de la economía española. Desgraciadamente, ya han aparecido términos como PIGS -Portugal, Irland, Greece, Spain) o STUPID -Spain, Turkey, UK, Portugal, Italy, Dubai. Esta mala imagen, al igual que encarece las nuevas emisiones de deuda pública, también puede encarecer la financiación de la banca en los mercados internacionales. Y al final, la factura la paga el inversor cuando se encarece el tipo de interés de su préstamo bancario, lo que retrasa aún más la salida de la crisis.

Joaquín Maudos es investigador del Ivie y Profesor de la Universidad de Valencia