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Número dos del equipo del anterior conseller de Industria y confirmado en el puesto por Alberto Fabra, el actual secretario autonómico del Sector Público Empresarial está coordinando la redacción del decreto que antes de un mes sentará la bases para la reforma del denso y complejo sistema autonómico de sociedades de capital público, integrado por más 130 entidades surgidas bajo las más diversas fórmulas societarias
VALENCIA (CRUZ SIERRA). A Enrique Verdeguer, nuevo conseller de Economía, Industria y Comercio, de quien ahotr depende orgánicamente Bruno Broseta, se le abre un crudo panorama ante sí. No va a ser fácil poner orden en el proceloso bosque de más 130 sociedades públicas ‘enchufadas' al presupuesto público cuyo origen e implicaciones políticas y financieras resultan una tarea ciertamente difícil de desbrozar. Es un secreto a voces que cada consellería mantiene su ‘corralito' de microorganismos al margen del control de la Intervención de Hacienda y que durante lustros ha ido creciendo en proporción directa al endeudamiento y nómina de las consellerias y Generalitat. La práctica quiebra financiera de ésta exige ahora un trabajo de reconversión del sector público que va a causar -deberia hacerlo- serios conflictos en la organización interna en del descomunal aparato administravivo del Gobierno autonómico.
Muchas de estas 130 sociedades son fácilmente reconocibles, como serían el caso de el ente público de Radio Televisión Valencia (RTVV) y sus empresas dependientes, CACSA, Vaersa y asimiladas, los diversos institutos (IVEX, IVE, Agencia Valencia de Turismo), IVAM, IVF... así como las cinco universidades públicas de la Comunidad y sus órgamos dependientes. Pero existen por otro lado varias decenas que según relatan fuentes del departamento, costará bastante tiempo situar en su contexto, y estudiar sus funciones y coste, incluidas algunas no directamente públicas pero sí pegadas al presupuesto autonómico, como por ejemplo las fundaciones de los clubes regionales de fútbol, de los que el Instituto Valenciano de Finanzas se ha erigido por cuestiones políticas en garante y avalista dentro de un modo de entender la política y la gestión de los recursos públicos arcaico y nocivo para los intereses generales.
El objetivo del decreto que prepara la Conselleria de Economía es racionalizar el sobredimensionado sector público empresarial de la Generalitat, un objetivo ya trazado en legislaturas anteriores pero que nunca ha sido llevado a cabo por falta de voluntad política. El anterior Gobierno de Francisco Camps apenas fue capaz de eliminar dos pequeñas empresas y un puñado de fundaciones que apenas representaba un gasto del 0,02 por ciento del total del sector público, como ya adelantó este diario.
TRES PILARES
El primer paso que ahora pretende dar el nuevo Ejecutivo, haciendo tabla rasa de todo lo anterior, es definir el tamaño y composición del actual sector público, trazar una radiografía de las más de 130 empresas, sociedades de todo tipo y fundaciones que sobreviven gracias al presupuesto público.
La segunda pata del proyecto de decreto establecerá los criterios con los que será administrado en el futuro este sector público emopresarial, su régimen económico financiero, los sistemas de financiación, las normas y relaciones con los proveedores, los sueldos de los directivos y los modelos de relaciones laborales. El sistema de pago a los proveedores, la deuda pendiente y la futura, está ocasionando las primeros desacuerdos entre los responsales de su desarrollo.
Y en tercer lugar quedará establecida la gran corporación pública qua aglutiene buena pare de las grandes empresas públicas, las que deberán se eliminadas -especialmente las fundaciones-, fundidas o fusionadas. Esta corporacion integrará un total de unas 20 empresas públicas (RTVV quedará fuera, en el ámbito de Presidencia) y resta por definir la creación de un único consejo de administración, procedimiento que causaría una demora seguramente insasumible en estos momentos, o el más práctico nombramiento de representantes de la conselleria en cada consejo de administración.
UN PLAZO DISCUTIBLE
El decreto establece un discutible plazo de dos años para analizar y llevar acabo los diagnósticos que permitan la racionalización del sector público y, entre las cuestiones más polémicas, de la alineación de los en ocasiones excesivos niveles salariales establecido para muchos de sus directivos. Desde la Generalitat se esgrime la complejidad legal de modificar situaciones de derecho avaladas por la legalidad vigente, para lo cual, dicen, será necesario unos plazos mínimos de tiempo, situados en esos citados dos ejercicios.
Este sería el planteamiento general, pero en realidad, está todo por hacer. Borrón y cuenta nueva. Así se desprende de los comentarios escuchados en unas y otras consellerias de boca de sobresaltados miembros de los nuevos equipos. "La Intervención ha sido durante años ninguneada", "cada conselleria es un reino de Taifas", "hay que cambiar el sistema de subvenciones", "cada conselleria se tendrá que apañar con su presupuesto y un recurso muy limitado a la refinnciación", "haremos un Plan Estratégico, pero antes necesitamos información"...
Clarificar y poner orden en la estructura de empresas públicas, será, pues, la misión del decreto que desde hace semanas y recogiendo trabajos ya iniciados en la legislatura anterior está preparando el secretario autonómico del Sector Público Empresarial, Bruno Broseta, un joven ejecutivo de 48 años, economista por la Universidad de Valencia y que estuvo varios años como profesor asistente en la Universidad de Arizona (EE UU).
UN DIRIGENTE DE CONFIANZA
Hermano del influyente abogado Manuel Broseta, muy cercano al anterior presidente de la Generalitat, Francisco Camps, Bruno Broseta desembarcó en la Administración autonómica a principios de la década pasada primero como director de la Red de Institutos Tecnológicos y director general de Industria, para ser aupado posteriormente a la Secretaría Autonómica de Industria de la mano del por entonces conseller de Industria y vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla.
Equidistante de las diferentes ‘tribus' políticas que integran el Partido Popular, Broseta cuenta con la confianza del nuevo presidente de la Generalitat, continuista de la de su antecesor y, especialmente, con la de los dirigentes de las organizaciones empresariales autonómicas, con quien ha mantenido durante los últimos años un contacto fluido.
El próximo mes de septiembre, una vez publicado el decreto, será el momento de analizar si los ambiciosos objetivos que se han marcado tanto el conseller Enrique Verdeguer, como su secretario autonómico, Bruno Broseta, quedan en ellos plasmados y merecen el plazo autoconcedido para su aplicación. La proximidad de elecciones generales, a dos meses vista, se antoja a primera vista como un freno a la urgencia que su aplicación exige.
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