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VALENCIA. El debate político se adentra ahora en el futuro de las diputaciones provinciales. Oficialmente, su finalidad es "contribuir a mejorar la administración de los intereses comunes de la provincia en el ámbito de la salud pública, servicios sociales, cultura, educación, obras públicas y defensa del medio ambiente". Si bien en el espíritu del Consell preautonómico se tenía claro que el futuro pasaba por suprimir las diputaciones, asimiendo la futura Generalitat sus competencias, lo cierto es que el organismo, lejos de languidecer, fue aquiriendo tamaño y poder político, lo que hizo disminuir el entusiasmo inicial por disolverlas. 

Paralelalmente, y con el paso del tiempo, sus competencias se consolidaron, concentrándose básicamente en prestar servicios básicos de forma mancomunada a los municipios, como el servicio de agua, la recogida de basura o la vigilancia forestal. Según ha defendido en distintas ocasiones Alfonso Rus presidente de la Diputación de Valencia, una diputación se transforma en el "ayuntamiento de los ayuntamientos".

Pero hay cosas que chirrían en esta estructura institucional, con una Generalitat y sus consellerías, la Diputación y sus diputados de Carreteras, Cultura, Hacienda..., y los Ayuntamientos, con sus concejaleías. Eso al margen del Gobierno central y sus ministerios, con delegaciones territoriales. Para hacerse una idea: En la Comunitat Valenciana hay carreteras que dependen del Estado, otras que dependen de la Generalitat, y otras que construye y mantiene la Diputación. Y cada administración tiene a sus técnicos y todo lo necesario para diseñar, licitar y ejecutar (y por supuesto inagurar) estas vías. Como este caso, muchos ven duplicidad de funciones y gasto superfluo digno de pasar a mejor vida.

Este miércoles, el ministro de Fomento, José Blanco respaldaba la propuesta del candidato socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba de eliminar estos organismos. Según afirmó Blanco, "no se trata de dejar al descubierto a los pequeños municipios de nuestro país, sino de darles mejores servicios siendo más austeros, eliminando cargos públicos, coches oficiales". Ximo Puig, coordinador del Comité Electoral de los PSPV, quien lanzó la propuesta de la desaparición de las actuales diputaciones el pasado viernes añade que "deben quedar reducidas a una especie de consejo de alcaldes que compartan servicios de forma voluntaria".

El también diputado provincial socialista, Rafael Rubio, recuerda que "durante la anterior legislatura, el grupo socialista ya elevó al pleno de les Corts la propuesta de transferir competencias de sanidad, educación y brigadas forestales entre otras a la Generalitat, pero finalmente sólo se traspasó el 30% del personal sanitario de psiquiatría adscritos a la diputación". En declaraciones a Valenciaplaza.com, Rubio se muestra partidario de la desaparición de estos organismos y el traspaso de las competencias a ayuntaientos y a la Generalitat.

Para el diputado de Coalició Compromís y concejal del ayuntamieto de Burjassot, Emili Altur, "la desaparición de la diputaciones es una reivindicación histórica del nacionalismo valenciano, que siempre apostó por la comarcalización frente a las provincias, por ser una institución anacrónica y cuyos servicios deberían haberse asumido por la Generalitat desde el principio". Con todo, Altur ve un punto de oportunismo en el debate lanzado por los socialistas. "Justo en este momento, inicicar un proceso de esa magnitud puede suponer un problema para muchos ayuntamientos pequeños que necesitan tener servicios que ahora se prestan desde las diputaciones de forma mancomunada y que no podrían prestar directamente, como el suministro de agua, la recogida de basura o la recaudación de tasas".

Altur cree que la desaparición de las diputaciones es un camino que hay que recorrer, pero que antes deben fijarse los destinos de las competencias -cuáles se ceden a lps ayuntamientos, cuáles a la Generalitat-, así como de los funcionarios (no tanto de los eventuales y mucho menos de los asesores) y buscar la creación de organismos más simples que permitan a los ayuntamientos mancomunar servicios. 

EUPV también se une a la bandera anti-diputaciones. La diputada provincial por Valencia, Rosa Pérez, aseguró este miércoles que las Diputaciones "se han convertido en instituciones caducas y obsoletas con el rol de mantener la artificial división de nuestro país" y propone que cedan transferencias y financiación a los entes locales, tanto ayuntamientos como mancomunidades.

Por el contrario, el PP se aferra a su poder provincial -gobierna en las tres diputaciones provinciales de la Comunitat desde hace varias legislaturas- y no quiere oír hablar de suprimir estas instituciones. Rus, quien se encuentra estos días disfrutando de la Fira de Xàtiva, ciudad de la que es alcalde, no ha emitido juicio alguno al respecto, pero con anterioridad alegaba que "en una diputación como la de Valencia trabajan más de 3.000 personas, por lo que, si se prescindiera de ella, este personal tendría que pasar a formar parte de una macroconselleria", añadiendo que la cifra representa un "pequeño porcentaje en el global de personal".

Tampoco se ha manifestado estos días es el líder del partido, Mariano Rajoy, quien con ya apuntó su intención de acometer una reforma en profundidad de la Administración pública basada en la reducción de organismos, pero dejó claro que las diputaciones son "imprescindibles".

En un intento de calmar al empresariado valenciano, que llegó a pedir la eliminación de estos organismos en sus propuestas para la las pasadas elecciones autonómicas, Rus anunció a finales de 2010 que la Diputación realizaría un estudio "de todo lo que sobra" y revisaría sus competencias para transferirlas a otras administraciones o liquidarlas, con el objetivo de "poder mantener el ritmo de inversión". Hasta hoy, no ha habido más movimiento al respecto.

De facto, estos organismos son instituciones intermedias entre los ayuntamientos y las comunidades que se dedican a distribuir dinero entre pequeños municipios para distintos gastos e inversiones en carreteras, alcantarillado o infraestructuras de medioambiente.

UN 90% DE FINANCIÓN DIRECTA DE GOBIERNO Y GENERALITAT

Analizando el presupuesto de la Diputación de Valencia para 2011, se observa que se contemplan 425 millones de euros para esta (apenas un 1,41% menos que en el anterior ejercicio). La partida presupuestaria real es de 370, millones de euros, a los que se suman 55 millones de euros procedentes de un crédito que la Diputación solicitó el mes de julio del año pasado, cuando el Ejecutivo central aprobó el decreto ley que prohibía el endeudamiento de los municipios en 2011.

De la partida de 370,3 millones, cerca del 76% (284 millones) se clasifica como 'transferencias corrientes', lo que se traduce como transferencias del Estado. La Generalitat aporta cerca de un 15% (59 millones) del total. El resto son ingresos propios por impuestos y tasas que cobra la propia Diputación. Una de las razones que alegan los partidarios de que se eliminen estos organismos es el de los costes que implican para realizar una mera función de distribuidor del dinero (mayoritariamente) del Estado.

Con este presupuesto, la Diputación de Valencia gastará 70,4 millones de euros en gastos de personal (cerca de 1.400 funcionarios según fuentes próximas al organismo, más de 3.000 según ha indicado Rus en distintas ocasiones), 46,5 millones en gastos corrientes y servicios y 14 millones en gastos financieros. Las transferencias corrientes ascienden a 154,2 millones mientras que las inversiones reales suponen 38,1 millones del total. Las transferencias de capital representan 22,3 millones y son los gastos dirigidos a sus empresas públicas: Egevasa, parcialmente privatizada, especializada en la gestión hidráulica, y en la depuración de aguas; Girsa, encargada en el tratamiento integral de residuos sólidos y de su reciclado; e Imelsa, para el desarrollo local, como las brigadas forestales. La Diputación de Valencia logró traspasar la gestión del Hospital Provincial a la Genralitat, si bien la empresa que lo explota es compartida al 50%.

Cuanto a la Diputación de Castellón, el total presupuestado para este año es de 127,6 millones. Y para financiarlo, el 68% de sus ingresos pertenece a transferencias corrientes (87,1) y un 13,8% (17,7 millones) a impuestos directos e indirectos. Con ese capital, más los ingresos propios, tendrá que destinar 28,1 millones a gastos de personal, 15,9 a gastos corrientes, 1,8 a gastos financieros y 42,1 a transferencias corrientes.

En el caso de la de Alicante, para 2011 se presupuestaron 208,4 millones de euros. De estos, el 69% (143,9) provendrán del Estado en forma de transacciones corrientes, este año, un 7,4% superiores a 2010. El 17,8% (37,1) se recogerá en impuestos directos e indirectos. En personal, con un plantilla de cerca de 1.500 personas, se destinarán 54,6 millones de euros, es decir, un 26,2% del total, mientras que en gastos corrientes deberán abonar 35,9 millones (un 17,2% del presupuesto). A transferencias corrientes se invertirán 38,7 millones y a inversiones y transferencias, 60 millones.

Los presupuestos de las diputaciones, así a grandes trazos, no se pueden considerar excesivos, aunque en plena temporada de poda de gasto público seguro que hay aspectos mejorables. De hecho resulta curioso comprobar como la mayor de las tres diputaciones de la Comunitat Valeniana, la de Valencia, apenas tiene unos gastos financieros de 14 millones, lo que implica un bajo nivel de endeudamiento. Además, el organismo está, aparentemente, en mucho mejor situación de liquidez que ha permitido a rus sacar pecho y repartir subvenciones y e inversiones entre los municipios de la provincia. Otra cosa distinta es la situación de la mayor empresa pública del grupo, Imelsa, 100% de la Diputación. La oposición sospecha que las cuentas de esta sociedad -"donde tienen destino algunos políticos defenestrados como asesor", critican desde la oposición- esconden un endeudamiento cenrifugado.

La decisión de prescindir de las diputaciones como vía para ahorrar costes y hacer más ágil la administracióntiene, por tanto varias vertientes: la de su utilidad (discutible en parte, necesaria, aunque sin tanta estrcutura, en otra), la política (ser partidario (PP) o no (PSOE, Bloc-Compromís, EUPV) de las diputaciones está en el ADN de los partidos políticos valencianos, aunque después a la hora de ejecutar esa idea cuando tuvieron el poder se olvidaron), la de la rentabilidad política, que es distinto: el presupuesto de la diputación da para concitar adehesiones inquebrantables de alcaldes al presidente de turno, y, finalmente una que todos tienen en mente: al final son más cargos para repartir.