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VALENCIA (EP/VP). La Diputación de Valencia comenzará a pagar las facturas de los ayuntamientos durante el próximo mes de octubre, dentro del 'Plan de choque para financiar facturas de las entidades locales', al que la corporación provincial destinará cinco millones de euros. Los ayuntamientos deberán "aprobar las facturas que tienen pendientes de pago", y la diputación abonará entonces "directamente al proveedor el importe de la factura".

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la corporación, Alfonso Rus, en la que ha anunciado que la institución provincial destinará 6.000 euros a los municipios de menos de 1.000 habitantes; 12.000 a los de entre 1.001 y 5.000; 20.000 euros a los de entre 10.001 y 20.000 habitantes; 60.000 a los de más de 20.001 y 100.000 al Ayuntamiento de Valencia.

Asimismo, Rus ha presentado el 'Plan para la sostenibilidad de los servicios públicos municipales', que busca ofrecer asesoramiento para que los ayuntamientos desarrollen "una gestión muy profesional a través de la optimización de los recursos municipales", ha asegurado el presidente del PP de la provincia de Valencia.

De este modo, el plan incluye la revisión de los contratos actuales "que se hicieron en épocas de bonanza y que se pueden reducir hasta en un 20 por ciento", y la racionalización de las plantillas y servicios. Rus ha explicado que los municipios deben hacer un balance de las prestaciones en base al criterio coste-beneficio para "equilibrar gastos e ingresos".

En este sentido, ha afirmado que "en estos momentos tener café para todos es muy complicado", por lo que ha sugerido a los ayuntamientos que analicen la rentabilidad "de hacer un teatro, un pabellón o una piscina cubierta". Además, ha sugerido que el coste de mantenimiento de las instalaciones "lo debe pagar el usuario y habrá que adaptar las tarifas para ello".

CARTOGRAFÍA PARA RECAUDAR EL IBI

Por su parte, el 'Plan de auditoría municipal a nivel catastral', al que los ayuntamientos se podrán adherir voluntariamente y que se pondrá en funcionamiento en septiembre, pondrá a disposición de los municipios un sistema con una base cartográfica que permite identificar los inmuebles que han sufrido alguna variación y no ha sido declarada al catastro.

De esta forma, los municipios podrán detectar los edificios que no tributan al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), por lo que podrán reclamar el pago del mismo y generar así más ingresos para las arcas municipales.

Rus ha explicado que con los tres planes son nuevos instrumentos para que los alcaldes "optimicen sus recursos, tengan subvenciones para pagar las facturas y al mismo tiempo puedan tener mayor recaudación en base a un sistema catastral".