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VALENCIA. Los primeros pasos del conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, son positivos y merecen ser elogiados, a la espera de su evolución posterior. En las pocas semanas que lleva en su cargo ha expresado su voluntad para controlar la desbocada deuda de la Generalitat, para que el Consell pague regularmente a sus proveedores, para reducir el gasto público manteniendo los servicios básicos, para revisar la sobredimensión de empresas y organismos, frenar el descontrol de personal al servicio de la Generalitat y ajustar a lo imprescindible el gasto más ordinario de los altos cargos y de las dependencias públicas. Una declaración de intenciones seria y difícil. El futuro dirá si se queda en eso, meras intenciones, o si estas primeras iniciativas estructuran la gestión de la hacienda de la Generalitat en los próximos años.

Llama la atención que, entre las medidas para reducir el gasto ordinario de los altos cargos y de las dependencias públicas, el conseller Vela haya establecido limitar a tres el número de comidas oficiales en una semana con cargo a la caja pública, o concrete los restaurantes a donde ir y los precios (entre 20 y 25 euros por persona) de los menús, a la vez que impulsa medidas para controlar el gasto en coches oficiales, y en luz y teléfono de los servios públicos de su conselleria. Se ha dicho que el ahorro que producirán estas medidas será como el chocolate del loro, algo ínfimo dentro del gasto total de la Generalitat. Incluso hay quien considera que son medidas de cara a la galería.

Ciertamente, si las iniciativas quedan restringidas a una conselleria y a un puñado de cargos públicos, el ahorro será escaso e irrelevante. Quedarán como una anécdota o una excentricidad de un responsable público. Algo parecido a lo que, en su día, le ocurrió al exministro Jesús Caldera y su obsesión personal por reducir a la mínima expresión los gastos superfluos del Ministerio, que acabó por ser un hecho aislado y sin la menor transcendencia. Ahora bien, si las medidas de Vela van en serio y acaban por extenderse a todos los organismos vinculados al Consell, las cifras se multiplicarían y supondrían una reducción del gasto que no puede ser despreciada.

Hagamos un esfuerzo. Sumemos lo que se gasta innecesariamente en teléfonos móviles, teléfono convencional, luz, alquileres, coches oficiales usados en exceso, edición de libros por los organismos públicos sin un criterio y sentido definidos, publicidad fatua, merchandising de lo más diverso y curioso (desde la producción de relojes hasta toallas, anoraks, chubasqueros y prendas de ropa de todo tipo con logos oficiales sin venir a cuento, en esto las Corts son emblemáticas), o la financiación de espectáculos sin público y el regalo, a veces generalizado, de entradas. Sumémoslo y añadamos algunas otras cosas superfluas, como los 3 millones de euros que cuesta mantener al año el Consell Valencià de Cultura. Con el ahorro obtenido no nos llega para solucionar la deuda de la Generalitat, pero seguro que se consiguen recursos para que puedan funcionar con normalidad algunos servicios básicos que ahora tienen dificultades o para poder pagar a parte de los proveedores y evitar el cierre de alguna empresa.

No está de más recordar que los responsables públicos tienen dos sueldos por su cargo. El que reciben por su trabajo y que es conocido públicamente, y aquel que se deriva de la suma de todo lo que dejan de pagar (desplazamientos, asistencia a espectáculos y, por encima de todo, teléfono móvil y restaurantes; por no hablar de regalos institucionales). No son infrecuentes los políticos dados a hablar profusamente por teléfono que gastan más de 400 euros al mes (cerca de 5.000 euros al año) y una parte importante del gasto no se justifica por su responsabilidad pública.

También son muy comunes quienes comen y cenan con cargo a la caja pública, y habitualmente no lo hacen solos. Una comida o cena de trabajo puede costar unos 40 o 50 euros por persona, como mínimo; pongamos que un responsable público hace sólo unas cuatro ingestas a la semana con cargo al presupuesto público, todas con únicamente una persona más, tendríamos en total unos 300 o 400 euros a la semana, 1.300-1.600 al mes y entre 16.000 y 19.000 al año.

Sumemos y multipliquemos y obtendremos cifras más que respetables. Piénsese que hablamos sólo de altos cargos de la Generalitat; pero la contención del gasto se podría ampliar a diputados en las Corts, en las diputaciones provinciales o a los concejales y asesores del generoso Ayuntamiento de Valencia, tanto del partido en el Gobierno como de la oposición. Cierto que no todos los políticos gastan tanto y que se conocen casos que prácticamente no gastan nada en este tipo de actividades, pero los hay que sobrepasan con creces las cifras indicadas. Si se redujeran estos gastos de representación a lo mínimo, siguiendo las recomendaciones y limitaciones que ha establecido Vela en su conselleria, el ahorro sería notable y el ejemplo también.

Porque, con ser importante suprimir todos los denominados chocolates del loro que gastan las administraciones, organismos e instituciones públicas, lo principal de la reducción del gasto de representación y suntuoso a la mínima expresión no es el ahorro que generaría. Lo esencial, si se consolidaran estos mecanismos para limitar gastos superfluos, sería empezar a cambiar la actitud y la forma de trabajar y afrontar la administración de los recursos públicos. Pasar de la alegría, en ocasiones desmedida, a la austeridad y el rigor como valores en la gestión. Llevar a cabo un cambio ético que ponga fin al descontrol de los años en que todo parecía una fiesta, el crédito fluía y se despilfarraba dinero público.

La crisis económica, en la que estamos y de la que nos costará salir, tiene, entre otras causas, como recuerda el estudio dirigido por Anton Costas (La crisis del 2008. De la economía a la política y más allá), una intangible: el hundimiento del valor de la ética del esfuerzo y el control del capitalismo tradicional que fue substituida por un comportamiento amoral basado en el todo vale para conseguir dinero, lo que condujo a una gestión irresponsable y obscena de los recursos financieros y públicos -que además no eran de quienes los gestionaban- con el único fin de enriquecerse personalmente y de la manera más rápida posible. Recuperar esa dimensión ética, austera y responsable en la gestión pública, también es algo urgente en nuestras administraciones, en la dimensión más pequeña del gasto y en las grandes inversiones.

La semana se cierra con las consecuencias provocadas por un hecho relacionado con el segundo sueldo de los políticos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana juzgará al president de la Generalitat, Francisco Camps, para determinar si el regalo de unos trajes por valor de 12.783 euros por parte de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', es cohecho impropio por parte del president. La oposición pide que Camps dimita, como si ser juzgado fuera sinónimo de estar condenado. Si la Comunidad Valenciana fuera un país anglosajón, Camps ya hace tiempo que habría dimitido, no porque vaya a ser juzgado, sino porque negó conocer a Álvaro Pérez y afirmó haber pagado personalmente los trajes. Pequeñas mentiras con importancia.

Quizás el error de Camps deriva de que el sistema político español ha asimilado que ese segundo sueldo descontrolado de los políticos es algo normal. Y no lo es, ni puede serlo. Seguramente ahí, en una concepción equivocada, no consciente y bastante generalizada de lo que es el segundo sueldo de los políticos, empezó el largo vía crucis particular del president de la Generalitat, que ya dura tres años y que contribuye a paralizar la acción política y económica del Consell.