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MADRID (EP). El Ministerio de Trabajo ha autorizado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica para 6.500 trabajadores en el periodo 2011-2013 con un coste por desempleo de 350 millones de euros, que abonará en su totalidad la multinacional española.

Trabajo destacó en un comunicado que, en virtud de las iniciativas legales promovidas desde el Gobierno en los últimos meses, se trata del primer ERE de una empresa con beneficios que no va a ocasionar costes al sistema de protección por desempleo y especificó que los 350 millones de euros que abonará Telefónica se destinarán a un fondo para políticas activas de empleo dirigidas a personas de más edad.

En este sentido, la empresa manifiesta en el Plan Social que, "ejerciendo su responsabilidad y compromiso con la sociedad", ha comprometido la creación de un fondo donde se integrarán las aportaciones económicas derivadas de la situación de desempleo de los empleados que voluntariamente deseen acogerse a este expediente.

El Ministerio valoró además que el proceso de reestructuración llevado a cabo por Telefónica para adaptarse al sector en el que opera se ha realizado mediante el acuerdo con los representantes de los trabajadores y recordó que el proceso se basa en los principios de "voluntariedad, universalidad y no discriminación".

CREACIÓN DE EMPLEO

Asimismo, el Plan Social aprobado por Telefónica y los sindicatos incluyen la creación de nuevos puestos de trabajos con un 7% de las bajas del ERE, a los que se añadirán 225 empleos pendientes del convenio anterior, es decir, un compromiso de creación de empleo de hasta un máximo de 680 empleos.

Además, la empresa lanzará un amplio Plan de Becas, estimadas en unas 4.000, para todo tipo de jóvenes, incluidos aquellos sin experiencia laboral y adoptará diversas medidas formativas para el ingreso y la promoción profesional en la empresa Telefónica.

El Ministerio indicó también que el nuevo acuerdo incorpora un plan especial de recolocación, financiado a partes iguales entre empresa y trabajador, para aquellos trabajadores que se desvinculen de la empresa que así lo soliciten y articula previsiones para el mantenimiento del empleo en las provincias (a través de la formación y recualificación de los trabajadores) o la incorporación a otras empresas del grupo.