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Zapatero hace un guiño a la izquierda y anuncia que elevará el límite de renta inembargable

29/06/2011 El presidente del Gobierno concreta los cambios en la ley hipotecaria estableciendo el umbral de embargo en el 150% del salario mínimo interprofesional, es decir 961 euros mensuales

MADRID (EFECOM/VP). El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, desgranó ambas iniciativas en su sexto y último debate sobre el estado de la nación, en el transcurso de la réplica al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. eleva la cuantía no embargable a los morosos hipotecarios de 641 a 961 euros y la creación de una línea ICO a las entidades locales para el pago de facturas pendientes a 31 de abril de 2011 a empresas y autónomos.

La nueva ley hipotecaria tiene como objetivo evitar que las familias que se encuentran inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria entren en una situación "insostenible", según manifestó el jefe del Ejecutivo, quien ha calificado la iniciativa de "audaz y contundente".

El nuevo límite establecido se elevara hasta un 30% adicional del salario mínimo interprofesional por cada miembro del hogar que no tenga ingresos. Lo que supone que en una familia donde haya dos miembros sin renta, la riqueza mensual inembargable en una ejecución hipotecaria llegaría a 1.350 euros. El Gobierno anunció hoy en el debate sobre el estado de la nación medidas dirigidas a dos colectivos especialmente afectados por la crisis económica: las familias que padecen embargos hipotecarios y las empresas y autónomos que sufren la morosidad de los ayuntamientos.

El presidente del Gobierno eligió este turno para explicar las dos novedades de mayor calado, después de haber mantenido un bronco debate con el presidente del PP, Mariano Rajoy, a quien acusó de falsear "a sabiendas" cifras económicas, pese a las consecuencias negativas para la imagen de España y el precio de su deuda.

Zapatero defendió sus medidas anticrisis y pidió apoyo para culminar sus reformas, pero Rajoy centró su intervención en justificar la necesidad de que el presidente "no prolongue este calvario" y convoque ya las elecciones.

AYUDA A LAS FAMILIAS HIPOTECADAS

Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre de 2011 los desahucios crecieron un 36,3 %, hasta los 15.491.

Las ejecuciones hipotecarias fueron 21.787, lo que supone un descenso de más del 20 % respecto al primer trimestre del pasado año, y también son menos que las que se registraron en los tres últimos meses de 2010 (22.134).

Además, Zapatero anunció la puesta en marcha de una línea de crédito ICO a tres años para que las entidades locales hagan frente al pago de facturas pendientes a 31 de abril de 2011 a empresas y autónomos.

Se trataba de una reivindicación tanto de formaciones políticas como el PP como de los alcaldes socialistas, que lo pidieron el sábado pasado al vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, o la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Según estos últimos, las distintas administraciones deben 13.300 millones de euros a los autónomos, lo que ha provocado el cese de la actividad de 200.000 emprendedores y microempresas desde mayo de 2008.

Ahora el ICO, a través de la entidad colaboradora oportuna, hará el pago directamente a los proveedores de las empresas de las facturas reconocidas por el ayuntamiento incluidas en la línea de crédito, con un importe máximo del 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del estado, que constituirá la garantía final del préstamo.

Al margen de estas iniciativas, Zapatero confió en cumplir el objetivo de déficit, situado en el 6 % del PIB para el final del año, para lo cual solicitó "el compromiso de todos y, particularmente, el de las comunidades autónomas".

Es por ello que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio propondrá una regla de techo de gasto en las autonomías similar a la que va a aprobarse para el Estado y las corporaciones locales.

Zapatero afirmó que llegará "tan lejos como sea aconsejable" para mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento y el empleo, pero añadió que no lo hará "a costa de romper los equilibrios sociales básicos" del mercado de trabajo o de quebrar el modelo social y constitucional.

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