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VALENCIA (VP). La Asociación de Empresas, Autónomos, Cooperativas y Cooperativistas del Transporte de Mercancías por Contenedor de los Puertos de la Comunidad Valenciana (Transcont), reconoce que pactaron condiciones con los distintos agentes del transporte portuario pero asegura que respetaron los limites de la competencia de libre mercado y que no fijaron tarifas. La Consellería de Infraestructuras y la Autoridad Portuaria, por su parte habrían actuado como árbitros de la negociación.
Transcont es una de las expedientadas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). La comisión ha llamado la atención sobre el sector logístico terrestre portuario de Valencia notificando la incoación de un expediente sancionador a la Asociación de Empresas de Logística y Transporte de Contenedores (ELTC), Transcont, la Autoridad Portuaria de Valencia, la Asociación Naviera Valenciana, la Asociación de Transitarios, la Asociación de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados OLT (ATEIA), la Asociación de Transportistas de Contenedores Valencianos y la Conselleria de Infraestructuras.
Los motivos que alega la comisión "por posibles prácticas restrictivas de la competencia" consisten en la "fijación de precios y de condiciones comerciales o de servicio, en el reparto de mercado así como en la limitación o el control de la producción". El expediente responde a la investigación realizada por seis inspectores de Competencia el pasado 23 de marzo a las sedes de diversas asociaciones de transporte terrestre de contenedores por carretera con origen o destino en el puerto de Valencia.
Los indicios señalados son la elaboración y firma de dos documentos por parte de diversas asociaciones que operan en el Puerto de Valencia, la Autoridad Portuaria de Valencia y la Conselleria de Infraestructuras. Con fechas de mayo de 2010 y febrero de 2011, ambos documentos son relativos a la aplicación de la cláusula de revisión del precio del transporte en función del precio del gasóleo.
En declaraciones a Valenciaplaza.com, Victor González, secretario general de Transcont, no ha negado que se produjesen tales "mesas de negociación", pues en su día se hizo público el denominado 'Principios y compromisos relativos a la normalización de la actividad del transporte de contenedores por carretera en el Puerto de Valencia'. Pero afirma que dicho acuerdo "tan sólo recoge las recomendaciones que la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ya marcaba". González detalla que se trata de "un tipo de gravamen tan natural como el IVA y que perfectamente respeta las reglas de competencia de mercado a la vez que intentaba salvar el trabajo de los 1.000 autónomos que representa Transcont". Pero niega haber pactado tarifas.
DOCUMENTO MANIPULADO
La sospecha de pacto de precios procede de un documento que circula en el sector en el que se establecen tarifas para el transporte de contenedores del Puerto de Valencia, indicándose que tales tarifas entraban en vigor el 1 de junio de 2010, y que están refrendadas por la Autoridad Portuaria de Valencia, la Asociación Naviera, ATEIA y tres asociaciones de transportistas.
Este documento fue firmado por las partes tras poner fin a un periodo de paros por parte de los autónomos del contenedor. En el citado documento se expresa la voluntad de las partes de cumplir estrictamente la ley en materia de plazos de pago o la aplicación del recargo por combustible. Correspondía al acuerdo firmado en mayo de 2010, que incluía una página final con las firmas de los distintos organismos. Sin embargo, distintas fuentes de las asociaciones acusadas, señalan a la manipulación maliciosa de tal escrito.
Luís Rosa, presidente de ATEIA, también niega categóricamente haber pactado tarifas. "Nunca hemos firmado ningún pacto o acuerdo sobre tarifas, jamás". Además, recuerda que ya denunciaron la manipulación de documentos en el caso descrito.
E, cuanto al resto de expedientadas, tanto ELTC como la Asociación Naviera han declinado realizar ningún tipo de declaración cuando este diario se ha dirigido a ellas.
Portavoces de la conselleria se han referido al "mero papel de arbitraje en el diálogo" que ejerce la Administración. Caso similar al de la Autoridad Portuaria de Valencia. Fuentes de la institución han recalcado a este medio que su deber es "velar por mantener el flujo de mercancías y mediar entre los agentes en conflicto para minimizar las posibles consecuencias y buscar espacios de diálogo para acercar posturas y llegar a acuerdos", por lo que reiteran que el organismo no interviene en las propuestas.
El proceso se prolongará 18 meses más hasta que el Tribunal de Competencia determine si se cometió o no un atentado contra la libre competencia. La sanción podría representar el 10% del volumen de ventas de las distintas asociaciones (de sus asociados).
SITUACIÓN "DESESPERADA"
El secretario general de Transcont considera el "probable" castigo un nuevo agravante a la "desesperada situación" que viven los autónomos transportistas. "Hemos perdido 300 autónomos en un año, pero Transcont sigue haciendo economía social consiguiendo los seguros, la gasolina y la telefonía más barata para sus asociados. Nos enfrentamos a la competencia del mercado todos los días, pero es paradójico que vengan unos funcionarios a explicarnos cómo funciona el libre mercado".
Lo cierto es que en junio de 2010 y septiembre del mismo año, Transcont y ELTC protagonizaron un cese total de servicios (no puede denominarse huelga puesto que las asociaciones las componían autónomos) que mantuvo paralizado el puerto durante cuatro días, provocando la retención de miles de contenedores. Tal y como explica González, conselleria y Autoridad Portuaria les habrían animado a "sentarse a negociar con los distintos agentes porque no podría mantenerse el puerto cerrado".
Las reivindicaciones de los transportistas denunciaban "las condiciones insostenibles por el precio, plazos e impagos". González recuerda que tanto Competencia en 2009, como el Ministerio de Fomento hace dos semanas, "aconsejaban favorecer al transportista frente al contratista, por encontrarse en primero en situación de indefensión frente a una demanda desequilibrada con precios por debajo de costes".
El secretario general de Transcont muestra su indignación ante la acusación de Competencia en su primer comunicado público sobre la investigación, en el que se relaciona a las asociaciones portuarias con una de "las prácticas más dañinas, en particular, los cárteles".
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