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VALENCIA. Del discurso de investidura de Francisco Camps, su equipo extrajo un documento con un listado de 67 medidas, algunas de las cuales, las menos, están cuantificadas y son concretas, mientras que el resto son enunciados de intenciones o exigencias al Gobierno central.
A pesar de que la crisis económica, el paro y las dificultades de financiación fueron los ejes del debate, la primera medida de ese catálogo es la reforma del sistema electoral, una propuesta de calado político, pero que no tiene un impacto sobre la economía.
Del total de promesas, ocho hacen referencia a recortes en el gasto público, aunque en la mayoría de los casos se hace de forma bastante genérica: Formar un gobierno "más pequeño", gestionar los recursos "con el máximo control y eficiencia" o "reducir" tanto "el presupuesto destinado a altos cargos" como el de "entes, sociedades y fundaciones del sector publico valenciano".
Camps no especificó más, si bien aseguró que con las medidas se conseguirá un ahorro de 1.150 millones de euros, una cifra que ya ha adelantado en alguna ocasión la consellera portavoz, Paula Sánchez de León.
Más concreto fue Camps al referirse al presupuesto de 2012, para el que adelantó un recorte del 15% en el gasto corriente y de un 30% en las subvenciones y transferencias de capital con respecto al presupuesto de 2010.
"Los recortes se harán sin que afecten a la inversión en educación, sanidad y bienestar social", aseguró Camps. De hecho, esos 1.150 millones se calculan de manera bastante fácil.
El gasto corriente de toda la administración pública, 16.715 millones en el pasado ejercicio, poco más de 16.000 en el actual, asciende a unos 12.731 millones, de los cuales el 62% corresponde a las consellerias de Educación, Sanidad y Bienestar Social.
Si del resto, unos 6.110 millones, se recorta el 15%, se ahorran unos 960 millones.
Respecto a las transferencias de capital, la cifra es mucho más modesta, unos 1.160 millones. Sólo 550 millones no estarían vinculados a los departamentos a los que Camps aseguró no se va a tocar, con lo que el recorte del 30% se aplicaría sobre unos 550 millones. El ahorro sería de unos 165 millones.
Sobre el presupuesto de 2010, ese ahorro supondría por tanto un 7% del total de gastos, ya que en su discurso Camps no concretó ningún otro ahorro relevante en la administración.
En las cuentas para el año que viene se implantará el techo de gasto, pero aún no se ha fijado cuál será ese límite, y el contrato programa para los altos cargos, ya anunciado, tampoco tuvo mayor concreción en el discurso del candidato.
La concentración de los contratos públicos en una nueva Junta General de Contratación, la centralización de la tesorería de las empresas públicas y su unificación de la gestión en dos grupos de sociedades, uno para la inversión y otro para la prestación de servicios (ambos abiertos a la entrada del capital privado), medidas anunciadas todas ellas en la campaña electoral, completaron el paquete relacionado con la gestión interna.
Ya en el apartado de fomento de la economía, Camps anunció un paquete de medidas tan genéricas como "contribuir a crear empleo para que España salga de la crisis en los dos próximos años", "impulsar la competitividad de nuestra economía para crear empleo", "facilitar el acceso de las empresas a la financiación necesaria para invertir y continuar funcionando" y así hasta casi 20 declaraciones de intenciones sin concreción ni dotación económica.
EXCENCIONES FISCALES
Sí hubo dos medidas vinculadas con los impuestos que dependen de la Generalitat. Camps insistió en que no lo subirá y apuntó que establecerá exenciones fiscales en los tributos propios para las nuevas empresas, del 100% de el primer año y del 50% el segundo.
Avanzó "una simplificación de las cargas administrativas para ciudadanos y empresa", que estimó en un 30%. También anunció una simplificación de urgencia de las normas autonómicas "que frenen la actividad económica", aunque no citó cuáles son.
Al margen de otras propuestas más o menos voluntaristas, Camps se comprometió a "invertir en infraestructuras productivas que mejoren nuestra competitividad". No fijó el volumen de inversión, aunque sí hizo hincapié en que el objetivo principal es convertirse en polo logístico del sur de Europa.
"Mejorar", "facilitar", "incrementar", "reducir", "desarrollar"... Son palabras que se repiten a lo largo de la lista para introducir voluntades genéricas de crecimiento y mejora.
La última parte de las promesas son exigencias al Gobierno central "para que asuma las reformas imprescindibles" para la economía. Una reforma fiscal "que incentive la inversión, el ahorro y el empleo", otra del mercado laboral "valiente y que impulse la contratación y favorezca la productividad" o la "reforma necesaria para garantizar la unidad de mercado", forman parte de las demandas de Camps a un Gobierno al que, al principio de su discurso, culpó de ser el causante de todos los males.
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