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Un buen sistema universitario público contribuye al progreso socioeconómico individual y colectivo y determina el nivel de bienestar y su capacidad de crecimiento potencial. Su calidad, su cobertura entre la población y la adecuación de su oferta académica a las demandas de cualificaciones laborales son claves para el desarrollo económico y social.

La sociedad actual ha cambiado radicalmente y, aunque falte perspectiva histórica, puede afirmarse que el conocimiento es el motor de la sociedad actual. La nuestra es la sociedad global del conocimiento y el aumento del nivel educativo de la población acelera la difusión de conocimientos y su aplicación industrial. Las actividades docentes de las universidades, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), están cambian-do en paralelo a las transformaciones de la economía inducidas por las innovaciones en tecnologías de la información y comunicación.

La sociedad del conocimiento se caracteriza por la presencia en las actividades económicas de un nuevo tipo de trabajador, el profesional flexible. La actividad profesional de los egresados cambiará notablemente a lo largo de sus años de experiencia en el mercado laboral y los nuevos grados en el EEES deben proporcionar a los estudiantes capacidad y competencias profesionales para resolver problemas, capacidad para tratar con desequilibrios en un mundo cambiante.

Los informes de la OCDE dibujan un escenario para los próximos años donde un 70% de la población tendrá al menos educación secundaria y un 30% educación universitaria. España parte con una desventaja importante, en el año 2009 únicamente el 52% de la población con 25-64 años de edad tiene al menos estudios secundarios y un 21% estudios universitarios: todavía es necesario un mayor esfuerzo financiero y humano de las Administraciones Públicas y las familias en educación.

Pero la educación universitaria, además de determinar el futuro profesional de los jóvenes, la competitividad de las empresas y el desarrollo económico de la comunidad, genera también otro tipo de beneficios sociales. Por ejemplo, contribuye a mejorar la salud de las personas, la calidad de la crianza de los hijos, la conservación del medio ambiente, a reducir los índices de delincuencia y los comportamientos "poco cívicos", aumenta el número de emprendedores, aumenta la igualdad de género y el capital social de la comunidad.

Estas externalidades positivas de la educación universitaria implican que sus beneficios monetarios subestimen sus verdaderos beneficios sociales. Por tanto una adecuada valoración de la efectividad del gasto universitario debe contemplar tanto los rendimientos privados como los sociales y consi-derar al gasto universitario como una inversión en capital humano.

Es evidente que las universidades públicas españolas se enfrentan a retos importantes en la formación, en la investigación y en su participación en el desarrollo. Tienen que adaptar su organización docente a una demanda distinta de estudios y a necesidades de aprendizaje permanente, donde la diversificación, la especialización y la formación transversal serán fundamentales. Todo ello en un marco de competencia nacional e internacional entre universidades en el que será determinante la calidad de la docencia que se medirá por el éxito laboral de sus egresados.

Las universidades españolas tienen que ser identificables en el escenario internacional de la ciencia y cooperar con el entorno en la implantación de los resultados de sus investigaciones. Las contribuciones han de tener alcance internacional, y suponer desarrollo tecnológico e innovación para la empresa y la sociedad, claves para la mejora de la productividad.

Las universidades públicas españolas tienen experiencia en transformaciones en el pasado reciente: masificación, autonomía universitaria, cambios normativos, adaptación al EEES. Conocen las rigideces que padecen sus estructuras. Partiendo de la experiencia tienen que redefinir su estrategia y aumentar la flexibilidad de sus organizaciones. Pero los recursos financie-ros están relacionados directamente con los resultados de las universida-des y no puede exigirse resultados exitosos sin la financiación adecuada.

Cuando la prensa publica la ordenación de las mejores universidades del mundo, la noticia es que no aparece universidad española alguna entre las cien primeras pero, ¿cuál es el presupuesto medio de las cincuenta mejores universidades del mundo en comparación con las cinco mejores de España? Incorporando el gasto por profesor y por estudiante los resultados de las universidades españolas adquieren una dimensión distinta, mucho más favorable a la eficacia de nuestras universidades. El dinero cuenta, el dinero es importante en la calidad de la educación universitaria y en sus resultados, por eso 57 de las 100 primeras universidades son norteamericanas.

Las administraciones autonómicas deben establecer una política de financiación de sus respectivas universidades públicas acorde con su papel en el crecimiento y bienestar de su comunidad en el largo plazo. Nada mejor pa-ra ello que el convencimiento y la verificación de que la educación universitaria es un motor de crecimiento y la clave del éxito económico de la comunidad.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) viene elaborando en los últimos años informes para distintas universidades públicas que tratan precisamente de cuantificar su contribución socioeconómica a sus regiones. Los resultados son contundentes: invertir en educación universitaria es muy rentable individual y colectivamente, en términos de presente y de futuro, como factor de igualdad y de competitividad, es una apuesta de futuro para España.

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José Manuel Pastor es profesor de la Universitat de València e investigador del Ivie; y Carlos Peraita  es profeso de la Universitat de València.